Tras muchos meses de fortaleza de la divisa nacional frente al dólar, lapso en el que incluso se llegó a hablar del superpeso, nuestra moneda ha empezado a experimentar retrocesos severos en el mercado cambiario. Los factores exógenos están a la vista de todo el mundo: el "contagio" de Argentina las economías latinoamericanas --Uruguay y Brasil, en primer lugar--, cuyo efecto en nuestro país fue reconocido ayer por el presidente Vicente Fox; la persistente desaceleración económica estadunidense; la caída del dólar ante el euro y el yen y, ayer, el estallido del escándalo de WorldCom, gigantesca empresa de telecomunicaciones que fue retirada del Nasdaq luego que sus directivos confesaron haber inventado varios miles de millones de dólares de utilidad. Tal desastre tuvo un efecto negativo generalizado sobre mercados bursátiles del mundo, incluido nuestro país.

Ante tales condiciones externas, que escapan al control de las autoridades financieras y monetarias de México, éstas tendrían que actuar con extrema prudencia y previsión.

Sin embargo, tales atributos --prudencia y previsión-- han estado ausentes en el desempeño del grupo gobernante, el cual ha pasado demasiado tiempo emitiendo señales equívocas, contradictorias e incoherentes a las fuerzas desbocadas de la especulación mundial, y de esa forma ha colocado al país en situación de peligro y vulnerabilidad. Casi no pasa día en que no ocurran colisiones declarativas entre los colaboradores del Presidente y entre éste y los integrantes de su equipo, y tal descoordinación no puede conducir a nada bueno en ningún ámbito del acontecer nacional. En el delicado entorno financiero internacional descrito, los recientes señalamientos del secretario de Hacienda, Francisco Gil, en el sentido de que México se encontraba en riesgo de una argentinización --y que obligaron a su jefe a salirles al paso y a desmentirlas, esa misma tarde-- desempeñaron un papel determinante en la primera caída del peso frente al dólar.

Dicho sea de paso, la capacidad para causar quebrantos a la cotización de la divisa nacional no es el único punto en común entre Gil Díaz y WorldCom. No debe ignorarse que el actual secretario de Hacienda fue director general de Avantel, empresa telefónica vinculada a la corporación estadunidense que ayer resultó expulsada del mercado bursátil, por contabilidades irregulares, y cuyo futuro inmediato parece ser la quiebra: las acciones de la empresa, que llegaron a cotizarse en 64 dólares hace tres años, durante la fiebre del oro de las punto com, hoy apenas alcanzan un valor de mercado de 83 centavos de dólar, y la compañía anunció ya el despido de una cuarta parte de su plantilla laboral de casi 30 mil empleados.

Más allá de la torpeza declarativa o de las relaciones laborales de Gil Díaz, el caso de WorldCom es ilustrativo de las miserias del mercado mundial de las telecomunicaciones, el cual fue desregulado de manera irresponsable por los gobernantes neoliberales, a partir de la era de Reagan; se expandió en forma descontrolada, ilusoria y muchas veces fraudulenta en tiempos de Clinton, y se vino abajo en los últimos 24 meses.

Las víctimas no son sólo los inversionistas de buena fe arrastrados por la fiebre especulativa generada por el mercado bursátil de empresas de telecomunicaciones, Internet y tecnología, sino también los países que entregan su mercado interno a la competencia o a la incompetencia de los grandes conglomerados transnacionales, los cuales, a lo que puede verse, no siempre son tan sólidos ni tan confiables como prometen. El tema reviste una importancia estratégica y hasta de seguridad nacional, porque una concesión descuidada y descontrolada puede traducirse no sólo en un crack financiero sino también en un colapso de la telefonía, de las comunicaciones satelitales o de señales televisivas, con lo que eso implicaría en términos económicos para una nación cualquiera.

Con estas consideraciones en mente, la sociedad mexicana debe exigir al gobierno federal y a los legisladores que rechacen las notorias presiones que se ejercen contra nuestro país para la apertura indiscriminada e incondicional del sector de las telecomunicaciones, el cual representa un mercado de 18 mil millones de dólares anuales.

La Sala de Acusación del Tribunal de Apelaciones de Bruselas optó ayer por desechar la demanda contra el primer ministro Ariel Sharon, interpuesta por 23 sobrevivientes de las matanzas de Sabra y de Shatila, perpetradas en Líbano en 1982. En contraposición con una ley promulgada en Bélgica en 1993, y que otorga a los tribunales de ese país la facultad de juzgar a extranjeros por violaciones graves a los derechos humanos, la corte de Bruselas decidió que la demanda referida no es admisible, porque "los delitos cometidos en otros países no pueden ser juzgados en Bélgica, a no ser que el autor o presunto autor haya sido encontrado en Bélgica".

De esa manera, el premier israelí ve garantizada su impunidad; el derecho internacional experimenta un grave retroceso, después de los avances logrados con la demanda de extradición de Augusto Pinochet planteada por el juez español Baltasar Garzón a Inglaterra para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, y los tribunales europeos e internacionales se evidencian como instrumentos parciales al servicio de los intereses estadunidenses y europeos, en los cuales sólo serán llamados a cuentas los enemigos de Washington y de Bruselas; los aliados de Estados Unidos y de Europa --como Sharon-- pueden sentirse con las manos libres para seguir cometiendo atrocidades.

Así, mientras la corte belga concedía la impunidad a Sharon, las tropas israelíes asesinaban a tiros, en el martirizado campo de refugiados de Jenin, a un niño de siete años. Gracias a la cobertura judicial europea y al respaldo político, diplomático, económico y militar del gobierno de George Bush, el premier israelí podrá seguir ordenando, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, el asesinato de civiles palestinos, paseándose por el mundo como un estadista democrático y empujando a su país y a su pueblo a nuevas cotas de violencia y destrucción.