Ofrecen 30% de liquidación a trabajadores despedidos

Denuncian graves abusos de patrones en el Unomásuno

Retraso en el pago de salarios, una de las anomalías

Un grupo de ex empleados de Unomásuno denunció la agudización de la situación económica de ese diario que ha derivado en "despidos injustificados, retraso en el pago de salarios, demandas judiciales y laborales y acoso laboral", y que explica el recorte de más de 70 trabajadores, aunque esa cifra podría llegar a 100".

En una carta dirigida a la opinión pública, personal de la redacción recientemente despedido como Rubén Vázquez, Jorge Reyes Estrada, Fernando Belmont, Patricia Cardona, Christa Cowrie y Emilio Vázquez, entre otros, señalan que la parte empresarial representada por Manuel Alonso sólo les ha ofrecido entre 30 y 35 por ciento de la liquidación que les corresponde de acuerdo con la ley.

Entre los despedidos figuran periodistas fundadores del diario hace un cuarto de siglo y otros con dos décadas de trabajo ininterrumpido.

Los ceses, argumentaron, se produjeron tras más de 12 meses de protestas de trabajadores, que recientemente firmaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje un documento que les garantizara al menos el pago oportuno de sus salarios.

También refirieron que el conflicto entre los trabajadores y dueños del periódico inició cuando empezaron a pagarse catorcenas incompletas y retrasadas. Apenas hace unas semanas se dirigió una nueva carta de protesta a los patrones, pues se agravó el retraso en los pagos salariales.

De las 26 catorcenas correspondientes al año pasado, más de la mitad fueron cubiertas de manera irregular, señalaron. La caja de ahorros y el aguinaldo fueron pagados 127 días después. En su momento, sólo fueron entregadas despensas con un costo que no rebasó los 300 pesos.

En el caso del Infonavit, la empresa llegó al extremo de no entregar a la institución correspondiente las cuotas que descontaba del sueldo de los trabajadores para el pago de los créditos que éstos habían adquirido.

En consecuencia, la institución de vivienda reclamó a los trabajadores el pago de los créditos y llegó al punto de amenazarlos con despojarlos de las viviendas, pese a que éstos demostraron con sus recibos que han cumplido en tiempo y forma con sus aportaciones.