Podrían superar los 4 mil 500 millones de dólares

Investiga Secodam posibles fraudes en Pemex Refinación

Se involucra a ex funcionarios del gobierno de Zedillo y de la paraestatal

GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) investiga fraudes cometidos desde 1997 en las plantas de Cadereyta y Madero, de Pemex Refinación, que podrían superar los 4 mil 500 millones de dólares. Además, desde el 28 de agosto de 2001 presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal que detalla un pago indebido por 98 millones de dólares y que involucra a altos ex funcionarios de la paraestatal.

En ambos casos estarían involucradas empresas como la mexicana Triturados Basálticos (Tribasa) -en quiebra-, la alemana Siemens, la coreana Sunkyong (SK), el consorcio Ingenieros Civiles Asociados (ICA)-Fluor Daniel y la Societé Generalé de Surveillance, además de ex servidores públicos del gobierno de Ernesto Zedillo.

Entre estos últimos están Arsenio Farell, ex titular de la Secodam, y el ex director de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, entre otros ex funcionarios, e incluso del Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), plantel Legaria, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Las investigaciones de Secodam -una de ellas a partir de una denuncia empresarial- han detectado irregularidades mayores en los proyectos de reconfiguración y modernización de las refinerías Ingeniero Héctor Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León, y de Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Por ejemplo, el organismo adjudicó los contratos -con la mediación de uno de los asesores de Siemens- de manera ilegal y permitió que los contratistas realizaran las obras en las dos refinerías sin apego a lo establecido en los concursos de licitación; éstos, ahora se sabe, emplearon materiales inadecuados que impiden la plena operación de las plantas.

Además, Pemex efectuó pagos ilícitos y se han detectado conflictos de interés de actuales funcionarios de la paraestatal con los contratistas y con los ex servidores públicos que asignaron las obras.

El proyecto de reconversión y modernización de las plantas constituyó, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el más importante para garantizar el suministro de combustibles, pues con las nuevas instalaciones en diez plantas México podría disminuir la importación de gasolina, diesel y otros hidrocarburos.

Desde 1997, Pemex anunció su intención de mejorar la capacidad de instalaciones como las de Cadereyta, Madero, Tula, Salamanca, Minatitlán y Salina Cruz, con el propósito de ''abastecer a un mínimo costo la demanda de gasolinas y diesel con un bajo contenido de azufre, incrementar el proceso de crudo pesado Maya y aprovechar al máximo la capacidad de las instalaciones ya construidas'', como refirió, en 1999, el entonces director, Adrián Lajous Vargas.

El mismo ex funcionario dijo el 5 de agosto de 1999, en Tamaulipas -cuando se colocó la primera piedra del Proyecto Madero-, que la paraestatal invertiría 5 mil 700 millones de dólares para contar ''con un sistema nacional de refinación moderno, eficiente y competitivo, con altos estándares de seguridad industrial y protección ambiental''.

De acuerdo con las investigaciones que se llevan a cabo en Secodam, los costos de la reconfiguración en Cadereyta se incrementaron de mil 160 millones de dólares a más de 2 mil 160 millones, por los retrasos en la obra que Pemex recibió mediante un convenio de culminación de contrato, cuando aún faltaba por concluir uno por ciento del proyecto, decisión que le costó otros 90 millones de dólares.

Esas cifras son adicionales al daño patrimonial que sufrió la paraestatal por otros trabajos realizados fuera de lo pactado en la licitación, de los cuales hasta el momento sólo se ha denunciado penalmente el pago ilegal de 98 millones de dólares, monto que fue absorbido por Pemex de la misma manera en que se amortizaron los 400 millones que le costó la parálisis de la planta de 2000 a 2001, como reconoció el actual secretario de Energía, Ernesto Martens, en su comparecencia ante diputados federales el año pasado.

En el caso de Madero -según fuentes oficiales-, el titular de la Secodam, Francisco Barrio, tiene desde el primero de enero de 2001 el expediente que detalla los daños económicos por el incumplimiento de los contratos y las cláusulas originales del concurso de licitación, así como la información explícita de la maniobra mediante la cual se hizo a un lado a la compañía mexicana Bufete Industrial, única postulante a la que no se le hicieron observaciones que le impidieran ganar la licitación convocada por Pemex en 1999.

Documentos en poder de La Jornada dan cuenta de cómo, mediante un supuesto ''dictamen técnico'' elaborado por la Unidad Jurídica de Pemex, a cargo de Ricardo Bouchot Guerrero, se permitió al consorcio Pemopro, constituido por SK, Tribasa y Siemens, ser el ganador del proyecto.

Tráfico de extranjeros

En esta maraña de posibles actos de corrupción y tráfico de influencias no sólo se habrían cometido irregularidades financieras. Pemopro internó ilegalmente en el puerto de Madero a casi 3 mil obreros y técnicos extranjeros con la complicidad -según denuncia de los sindicatos locales- del Instituto Nacional de Migración.

Más aún, constituyó también en forma irregular decenas de empresas de todo tipo -de renta y venta de videos, de arrendamiento y lavado de automóviles, tiendas de ropa, mini supermercados, importadoras de maquinaria pesada y constructoras, entre otras- a las que subcontrató las obras para justificar la estancia de los miles de ciudadanos coreanos, filipinos y tailandeses que ingresaron sin documentación legal al puerto, traídos en los mismos barcos en que se transportaron materiales a utilizar en el complejo petrolero.

Las anomalías en los procesos de reconfiguración de las refinerías se concentraron en sendas denuncias por escrito formuladas ante el presidente Vicente Fox Quesada.

Uno de los detalles que demuestran la asignación irregular de Madero, como consta en los documentos que tiene este diario, es que la oferta de Bufete Industrial apenas fue superior en 90 millones 730 mil dólares a la presentada por Pemopro. Sin embargo, el retraso en las obras ha elevado los costos en más de 40 por ciento respecto del valor inicial contratado con SK y sus asociados, que era de mil 998 millones de dólares, además de que Pemex debió hacerle pagos por obras no previstas en la reconfiguración de la planta.

El daño que sufriría el presupuesto de la paraestatal fue advertido, antes de asignar el contrato a SK, Tribasa y Siemens, al entonces secretario de la Contraloría, Arsenio Farell, mediante el oficio 18/576/0129/99, del 10 de febrero de 1999, firmado por la ex contralora interna de Pemex Refinación, Mónica Barrera Rivera.

Esta ex funcionaria fue asignada a ese puesto por el propio contralor federal, según la tarjeta de trabajo DGD/97010278, elaborada a partir de la autorización descrita en el oficio SP/100/1093/97, que firmó el 16 de abril de 1997 Farell, quien asesoró al PRI y al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en las investigaciones que realiza la PGR por el desvío de mil 480 millones de pesos de Pemex a la campaña priísta de 2000.

La tarjeta para el puesto de confianza de Barrera fue autorizada por el jefe del Departamento de Personal de Pemex Refinación, Marco A. Muñoz, quien le otorgó el puesto de contralora de organismo subsidiario, con sede en las oficinas centrales de la paraestatal.