DOS AÑOS

El proyecto de la Corte quedó en manos del Congreso

Evadió el Ejecutivo involucrarse en reformas a la Ley de Amparo

JESUS ARANDA

Planteada como la principal demanda del Poder Judicial Federal al gobierno de Vicente Fox, la propuesta de nueva Ley de Amparo elaborada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue, después de dos años, a la espera de que el Congreso de la Unión retome el tema y reforme esa legislación, lo que provoca, entre otras cosas, el alargamiento innecesario de juicios y la falta de cumplimiento de sentencias.

En un proceso inédito, los ministros del máximo tribunal convocaron, el 17 de noviembre de 1999, a una consulta pública a nivel nacional en la que intervinieron juristas, litigantes, jueces y magistrados para analizar la vigencia de dicho ordenamiento legal.

Casi tres meses antes de que el presidente Vicente Fox asumiera su cargo (el 29 de agosto del 2000) la iniciativa quedó prácticamente lista. Sin embargo, fue hasta que asumió la primera magistratura que el proyecto fue formalmente enviado de manera simultánea a las cámaras de Diputados y Senadores, así como al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro, con la esperanza de que alguno de estos actores la asumiera como suya y la presentara formalmente al Congreso para su discusión y, en su caso, aprobación.

En términos generales, la propuesta legislativa de 270 artículos, cinco títulos, 29 capítulos y 14 secciones fue considerada por los ministros como una "respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más plural y participativa, y que se convierta en un medio eficaz para combatir la arbitrariedad".

Además de que busca agilizar los procesos judiciales, el proyecto elaborado por la Corte comprende un aspecto trascendental: la modificación de la fórmula Otero, es decir, que cualquier ley que sea declarada inconstitucional por la SCJN -después de cinco fallos consecutivos por la vía del amparo- deje de ser aplicada. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, cuando sólo se ven favorecidos quienes son amparados por la justicia federal en contra de una precepto legal declarado inconstitucional, con las reformas propuestas la población en general se vería favorecida por la no aplicación de determinada ley, aun cuando no se hubiera presentado recurso legal alguno.

La iniciativa de la Corte plantea también la actualización de la llamada "autoridad responsable" para efectos de amparo, la redefinición del interés jurídico, mecanismos para facilitar el acceso y sanciones para inhibir el abuso de este recurso por parte de los litigantes.

También se ampliaría la procedencia del juicio de amparo para que no se limitara su uso en contra de autoridades que violan las garantías individuales, sino también en contra quienes vulneren los derechos reconocidos en convenciones internacionales.

Pese a la trascendencia que le otorgó el máximo tribunal a esta iniciativa, el Ejecutivo federal evitó involucrarse en el tema y dejó todo en las manos del Congreso de la Unión. Ahí, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ignoró la iniciativa de la Corte y convocó a su vez a nuevos foros de discusión para elaborar su propio proyecto de ley, cuyo futuro se desconoce.