Hoy se cumplen dos años del triunfo electoral de Vicente Fox, hecho que llevó a la Presidencia por primera vez a un candidato no priísta, y que marcó el inicio de una alternancia largamente reclamada y peleada por las izquierdas y por las derechas del espectro político. Ayer, el gobierno emanado de esa elección histórica cumplió 19 meses de gestión. Ambos aniversarios hacen necesaria una somera recapitulación de lo conseguido hasta ahora por quien llegó a Los Pinos como abanderado de la Alianza por el Cambio, de sus asignaturas pendientes y de sus perspectivas al frente del país.

Por principio de cuentas, debe admitirse que las formalidades democráticas -alternancia, régimen de partidos, autonomía de los poderes de la Unión, así como vigencia de las soberanías federales- han dejado de ser meras aspiraciones. Ello no ha sido obra del presente gobierno, sino de la sociedad y de las instituciones, pero debe reconocerse que el Ejecutivo federal ha dejado de ser un obstáculo a la consecución de tales logros. En el ámbito de la vida democrática debe acreditarse al gobierno de Fox su iniciativa de Ley de Acceso a la Información y su decisión de abrir al público lo que queda de los archivos que documentan las actividades represivas del Estado en sexenios anteriores.

Fuera de esos aspectos, la presente administración casi no ha podido cumplir -por incapacidad, por falta de voluntad o por factores que escapan de su control- con ninguna de las promesas de campaña de la Alianza por el Cambio.

En materia de derechos humanos y de vigencia del estado de derecho, se ha hablado mucho, pero los organismos humanitarios nacionales e internacionales coinciden en señalar la persistencia de prácticas inadmisibles y exasperantes (tortura y ejecuciones extrajudiciales, principalmente); el conflicto de Chiapas y, en general, la relación del Estado con los pueblos indígenas permanecen sin resolver.

Fuera de algunas excepciones, persiste la monumental corrupción de la administración pública en el pasado inmediato, empezando por las irregularidades en las privatizaciones de la administración de Salinas y en los "rescates" de la de Zedillo; entre esos gobiernos y el actual existe, además, una indignante continuidad en el trato preferencial otorgado al sector financiero y especulador, en contraste con la desatención y el abandono en que sigue manteniéndose a los asalariados, los pensionados y la enorme mayoría de los campesinos. Las promesas de generación de empleo, de "changarro y vocho", así como de crecimiento económico de 7 por ciento suenan, ante las realidades de hoy, a dos años del 2 de julio de 2000, como una burla.

En materia de soberanía, el desempeño del actual gobierno no tiene más calificativo posible que el de desastroso: la tradicional política exterior del país se ha liquidado en aras de una injustificable sumisión a los lineamientos globales de Washington, y da la impresión de que el Ejecutivo federal sigue empeñado en buscar resquicios para la enajenación total o parcial de Pemex y de la industria eléctrica, únicos remanentes de la propiedad nacional que dejaron las administraciones delamadridista, salinista y zedillista.

En el ámbito del ejercicio del poder, existe consenso nacional acerca del pésimo desempeño de equipo de colaboradores del Presidente. Desde antes de llegar a Los Pinos, los integrantes del actual gabinete se han dedicado más a propinarse codazos que a resolver el cúmulo de problemas al que debieran hacer frente, hasta el punto en que el factor de ingobernabilidad más inquietante en el país es el conjunto de discordancias y encontronazos entre los secretarios de Estado.

Dicho lo anterior, debe señalarse, en descargo del actual régimen, que las expectativas sociales acumuladas el año 2000 eran tan altas que habría sido imposible para cualquier equipo gubernamental satisfacerlas a plenitud, incluso si en el curso de las campañas electorales no se hubieran formulado promesas tan infladas como las que emitió Fox. Adicionalmente, en el ámbito económico, el entorno internacional recesivo no ha sido en nada favorable a la reactivación y el crecimiento ofrecidos. Debe reconocerse, también, que en el año y medio que va del actual sexenio los grupos legislativos -el del PAN y los opositores- con frecuencia han actuado más en función de intereses facciosos de corto plazo que en aras de las necesidades nacionales, y que con ello han incrementado la carga de dificultades del Ejecutivo.

Lo anterior se ha traducido en un severo desgaste político para el gobierno de Vicente Fox y en una palpable desilusión ciudadana ante las instituciones, ante el nuevo gobierno y -lo más peligroso- ante la democracia. Pero al presente gobierno le faltan casi las tres cuartas partes de su mandato y es de-seable y esperable que logre subsanar la inexperiencia y los desajustes institucionales inherentes a la alternancia y a los escenarios nuevos, que sea capaz de realizar las rectificaciones de rumbo que la sociedad demanda y que consiga sobreponerse a sus extravíos iniciales. En esta perspectiva, una acción fundamental sería la expresión inequívoca de una voluntad política para deslindarse del pasado reciente y emprender, de una vez por todas, las acciones legales que correspondan contra sus antecesores en el poder.

A nadie le conviene, y nadie desea, que al presidente Vicente Fox le vaya mal. Pese al desgaste, el mandatario tendrá, en sus medidas correctivas, en el reconocimiento de sus errores y en las rectificaciones necesarias, el respaldo mayoritario de la sociedad.