Carlos Fernández-Vega

MIENTRAS EL EX DIRECTOR general de Petróleos Mexicanos Rogelio Montemayor Seguy se entregó "voluntaria" y "pacíficamente" a las autoridades estadunidenses en Houston, Texas, nuevas noticias surgen en torno al uso ilegal de recursos en la saqueada paraestatal energética.

TODO HACE SUPONER QUE para lograr su libertad incondicional y "limpiar" su expediente, el ex funcionario de Pemex decidió apostar a la incapacidad que las autoridades judiciales mexicanas han mostrado a lo largo de los últimos años en el manejo de situaciones (sólo hay que recordar los casos de Carlos Cabal Peniche y Angel Isidoro Rodríguez, el mismísimo Divino) como el que hoy lo involucra.

CON EL KNOW-HOW EN el bolsillo (dinero abundante y un despacho de abogados como el del jefe Diego), nada raro sería que Montemayor Seguy logre su objetivo a corto plazo. Suele suceder en estos casos que charales sin fuero y no tiburones -como los prometidos por Pancho Barrio- caigan "bajo el peso de la ley" y terminen pagando el Pemexgate.

MIENTRAS LO ANTERIOR toma curso, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo enfila sus baterías para documentar nuevos fraudes en Petróleos Mexicanos, los cuales pondrían en entredicho la "fórmula creativa" (Fox dixit) de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (que no son otra cosa que los Pidiregas), la "mágica" receta privatizadora para el sector energético nacional aplicada intensivamente durante la administración de Ernesto Zedillo y ahora seguida al pie de la letra por el gobierno foxista.

DE ACUERDO CON LA información publicada ayer por La Jornada (Gustavo Castillo y Enrique Méndez), "la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo investiga fraudes cometidos desde 1997 en las plantas de Cadereyta y Madero, de Pemex Refinación, que podrían superar los 4 mil 500 millones de dólares. Además, desde el 28 de agosto de 2001 presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal que detalla un pago indebido por 98 millones de dólares y que involucra a altos ex funcionarios de la paraestatal. En ambos casos estarían involucradas empresas como la mexicana Triturados Basálticos (Tribasa) -en quiebra-, la alemana Siemens, la coreana Sunkyong (SK), el consorcio Ingenieros Civiles Asociados (ICA)-Fluor Daniel y la Sociéte Générale de Surveillance, además de ex servidores públicos del gobierno de Ernesto Zedillo. Entre estos últimos están Arsenio Farell, ex titular de la Secodam, y el ex director de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, entre otros ex funcionarios, e incluso del Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), plantel Legaria, del Instituto Politécnico Nacional (IPN)".

LA PARTICIPACION DE empresas privadas en este tipo de posibles fraudes ya no resulta nada novedoso. Así ha sido a lo largo de los años. Por ello, el registro en la investigación de consorcios como Triturados Basálticos (Tribasa) e Ingenieros Civiles Asociados sólo ratificarían la especie. Ambos tienen en sus haberes dos galardones obtenidos a costillas del erario nacional: el rescate carretero de 1997, cuyo costo supera los 13 mil millones de dólares actualmente (el tercer y último galardón en este salvamento fue el asignado al Grupo Mexicano de Desarrollo) y los favores del Fobaproa. De hecho, el ex cabeza visible de Tribasa, David Peñalosa, recorre el mundo en calidad de prófugo de la justicia mexicana, actitud asumida luego de varias acusaciones -por fraude, aunque no se crea- en su contra.

EN EL CASO DE LA EMPRESA alemana Siemens, la información de La Jornada señala que se le adjudicaron los contratos "de manera ilegal y permitió que los contratistas realizaran las obras en las dos refinerías sin apego a lo establecido en los concursos de licitación; estos, ahora se sabe, emplearon materiales inadecuados que impiden la plena operación de las plantas.

LO ANTERIOR ES GRAVE, pero el problema de fondo para el gobierno, más allá de la posible participación de un grupo de empresas privadas en el fraude que investiga la Contraloría, son los sacrosantos Pidiregas. Resulta que las ampliaciones en las plantas de Cadereyta y Madero, en las que se habrían cometido ilícitos por 4 mil 500 millones de dólares, son joyas del esquema zedillista de los Pidiregas, aplaudido y reafirmado por el presidente Fox, pero soportado por las arcas nacionales. "De acuerdo con las investigaciones que se llevan a cabo en Secodam, los costos de la reconfiguración en Cadereyta se incrementaron de mil 160 millones de dólares a más de 2 mil 160 millones, por los retrasos en la obra que Pemex recibió mediante un convenio de culminación de contrato, cuando aún faltaba por concluir uno por ciento del proyecto, decisión que le costó otros 90 millones de dólares", señala la información.

ERNESTO ZEDILLO Y SUS guajiros utilizaron los Pidiregas como punta de lanza para "abrir" -léase privatizar- el sector energético mexicano. A lo largo del último quinquenio, esta "mágica" fórmula ha sesgado el camino para que el capital privado ?nacional y extranjero? participe en dicho sector y de repente, ¡zas!, que la Contraloría descubre que es utilizada -extrañamente- con presuntos fines fraudulentos.

EL GOBIERNO DEL CAMBIO ha hecho suyo el "creativo" concepto zedillista, de tal suerte que no sólo mantendrá sino que profundizará la estrategia de los Pidiregas para estimular la inversión y presencia empresarial en el sector energético mexicano. De hecho, en su momento el presidente Fox anunció que a lo largo de 2002 se destinarán a ese esquema más de 20 mil millones de dólares (15 mil 400 millones para Petróleos Mexicanos y 4 mil 600 millones para la Comisión Federal de Electricidad, equivalente a una tercera parte del monto acumulado en el último lustro), con el fin de aumentar la generación de energía eléctrica y fortalecer -así dijo- las industrias petrolera y petroquímica.

LA INVESTIGACION DE LA Secodam revela, de acuerdo con el reporte de Gustavo Castillo y Enrique Méndez, que "Pemex efectuó pagos ilícitos y se han detectado conflictos de interés de actuales funcionarios de la paraestatal con los contratistas y con los ex servidores públicos que asignaron las obras".

Las rebanadas del pastel: