Fija su postura sobre las modificaciones a la ley de IAP

Cuestiona el GDF trabajo de diputados

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

El gobierno capitalino cuestionó el trabajo de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa en el caso de las modificaciones a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, pues se excluyeron "posiciones relevantes", da privilegios a consejeros privados, se atenta contra los principios de la asistencia privada y sin explicación se han hecho llegar dictámenes cuya autenticidad está en duda.

La secretaria de Desarrollo Social, Raquel Sosa Elízaga, envió un escrito a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, María de los Angeles Moreno, en la que, entre otros puntos, considera que no hay claridad sobre el dictamen que debe ser tomado por bueno, se disminuye la presencia de la autoridad en el consejo directivo de la Junta de Asiatencia Privada y "potencialmente" se podrían violar derechos humanos de los trabajadores.

"En general, el manejo del dictamen, luego de la sesión del 24 de abril, ha sido oscuro y poco democrático, insistiendo en excluir las posiciones que otros diputados han defendido en el tema, haciendo pensar que el contenido del mismo está sujeto a presiones que no pueden hacerse públicas", sostiene.

Los "comentarios" de Sosa se hicieron llegar el viernes, unos días antes de la definición de los asambleístas sobre someter a votación las reformas en el periodo extraordinario que inicia mañana o dejarlo para otro momento a fin de hacer modificaciones estructurales.

La carta anota que en la sesión de trabajo del 24 de abril, "varios asuntos quedaron en confusión luego de una larga discusión y dado que la mayoría de los diputados habían encargado a sus asesores jurídicos atender la reunión".

Luego, "varias versiones del dictamen han circulado" y como resultado se han publicado indistintamente. "En concreto, la JAP recibió una versión y esta secretaría otra. El día de hoy, hace unos minutos, se recibió una versión más, que alega haber sido firmada el 29 de abril de 2002".

Pero dos meses después el contenido del dictamen sigue sujeto a modificaciones. La responsabilidad de estos trabajos para su presentación al pleno corresponde a la priísta Irina del Castillo, quien se había mantenido hermética ante los reporteros para dar información sobre el dictamen verdadero.

En este punto de la carta, Sosa recuerda que una propuesta de la diputada (perredista) Carmen Pacheco, fue excluida en forma "lamentable", pues con un "argumento formalista" se dejó de lado.

La funcionaria reseñó el proceder de Irina del Castillo, pues tras la convocatoria de la Junta de Asistencia Privada (JAP) a un debate amplio, la diputada "omitió asistir a esta primera sesión y, simultáneamente, entregó a los miembros de la Comisión de Desarrollo Social los dos predictámenes mencionados".

Además relató que cuando diversas instituciones de asistencia privada solicitaron a Del Castillo que se abriera un debate o una consulta sobre las iniciativas, "les respondió que cualquier consulta tendría que hacerse por medio del presidente de la JAP. Y cuando éste último solicitó lo mismo, la diputada Del Castillo omitió responderle".

Cambios violentan principios

Las modificaciones que aparecen en los distintos dictámenes tienen también problemas de "técnica legislativa" y en su propuesta generan privilegios o violentan principios de la asistencia privada.

"Se atenta contra la voluntad de los fundadores de las IAP", pues en el artículo 29 se pretende eximir a las instituciones de "someter a consideración del consejo directivo las reformas a los estatutos o la elaboración de nuevos.

De esta manera se pueden violentar los principios de los fundadores de las instituciones respecto de la clase de actos de asistencia que la institución debe realizar.

La iniciativa busca liberar a patronos y a la JAP de la obligación directa de revisar la voluntad fundacional de quienes aportaron para la IAP. "Estas reformas atentan contra la esencia misma del sistema de instituciones de asistencia privada, cuya característica distintiva" con otras formas asociativas es la perpetuidad de la voluntad del fundador.

La carta de Sosa se produjo luego del llamado de la fracción del Partido de la Revolución Democrática en la ALDF al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para fijar su postura sobre el tema, y después de diferentes opiniones que pedían una definición de la autoridad en torno a las modificaciones y existencia de dictámenes sin firma.

Sobre la disminución de representantes del GDF, la funcionaria dice que "se disminuye sin razón ni objeto claro la representación del GDF y de la Federación en el consejo directivo de la JAP".