Primer ex presidente que declara en calidad de indiciado

Impávido, Echeverría escuchó las acusaciones sobre el 68

Genocidio, homicidio, lesiones, desapariciones y lo que resulte

JESUS ARANDA Y BLANCHE PETRICH

Casi 34 años después de la matanza del 2 de octubre, Luis Echeverría se convirtió en el primer ex presidente en acudir a declarar en calidad de indiciado. Ayer compareció ante la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado para responder a las acusaciones por genocidio, homicidio, lesiones, desapariciones forzadas ''y lo que resulte'', formuladas por ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968.

Echeverría Alvarez escuchó durante casi siete horas el contenido de las averiguaciones y las acusaciones directas en su contra con motivo de la represión ocurrida en 1968, y ante la enorme cantidad de preguntas que le formularon -unos testigos hablaron de 100 y otros de casi 200- solicitó un plazo de 40 días para responder por escrito a las acusaciones y un cuestionario formulado por el fiscal del caso. Debido a lo cansado de la diligencia, y a petición del indiciado, se aplazó para el próximo martes 9 de julio la audiencia para que Echeverría responda por la matanza del 10 de junio de 1971, cuando él era presidente de la República.

El ex mandatario se mantuvo impávido y sólo abrió la boca para dar sus datos generales y apeló a su derecho a no responder ninguna pregunta; inicialmente lo hará por escrito y si después se requiere contestará de viva voz en audiencias posteriores.

El ex presidente evitó todo contacto con la prensa y salió de la fiscalía a bordo de una camioneta escoltada por elementos del Estado Mayor Presidencial. Su abogado defensor, Antonio Cuéllar Salas, aseguró en entrevista que Echeverría se asume inocente de los cargos que se le imputan, y que a sus 80 años de edad está en plenas facultades físicas y mentales para responder a todos los cuestionamientos que se le hagan.

También definió la estrategia de defensa: ''Declarar la verdad, la única estrategia es la verdad'', porque no es culpable y no tiene por qué preocuparse, aseguró. ''La fiscalía está investigando los hechos que se le imputan al ex presidente y tendrá que esclarecerse la verdad y que concluya todo esto, que tiene 34 años, porque México no puede seguir con un problema así; esto tiene que terminar y esperamos termine de la mejor manera para todos y para México''.

El litigante informó que hace apenas tres días que el ex mandatario fue notificado sobre la audiencia, y aseguró que está en la mejor disposición de documentarse y hablar ''con quien tenga que hablar de sus ex funcionarios'' para contestar lo más completo posible. Sostuvo que su cliente no está en contra de que se apliquen convenios internacionales firmados por México en este asunto -como es la no prescripción del delito de genocidio-, aseguró que ante la ley ''todos somos iguales'' y si hay en el país estado de derecho, no habrá ningún problema.

En este sentido rechazó que Echeverría Alvarez vaya a hacer declaraciones públicas en estos 40 días, aunque aseguró que todas las respuestas de éste serán difundidas.

Acompañado por un numeroso grupo de personas, entre abogados, asesores y escoltas, Echeverría llegó a la audiencia a las 8:30, casi hora y media antes de su cita. Ahí se encontró con ex dirigentes estudiantiles que fueron reprimidos cuando ocupó la Secretaría de Gobernación, en 1968: Raúl Alvarez Garín, Roberto Escudero Vázquez, Félix Hernández Gamundi, César Tirado Villegas, Arturo Martínez Nateras, Javier Ramos Rodríguez, Rodolfo Echeverría Martínez y José Gilberto Piñeiro Guzmán.

Alvarez Garín declaró que la primera conclusión de esta audiencia histórica es muy importante, porque con ella empieza en sí la averiguación de los hechos ocurridos en 1968, además de que abre la puerta para que otros ex funcionarios involucrados sean interrogados en fecha próxima y deslinden su responsabilidad directa en los hechos. (Anteriormente los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo declararon únicamente como testigos sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio; el primero recibió al fiscal Luis Raúl González Pérez en su casa de Dublín, mientras que el segundo ofreció sus respuestas por escrito).

Aunque el ex dirigente estudiantil llamó al fiscal Ignacio Carrillo Prieto a que agilice las pesquisas y cite cuanto antes a Julio Sánchez Vargas, ex procurador del Distrito Federal; Alfonso Martínez Domínguez, dirigente priísta en 1968 y regente capitalino en 1971, y al jefe del EMP, Luis Gutiérrez Oropeza, precisó que no se trata únicamente de establecer su responsabilidad particular, sino para que la fiscalía establezca las relaciones funcionales y operativas que tenían entre sí.

Incidente con líderes del CNH

Alvarez Garín precisó que la demanda contenida en la averiguación previa FEMOSPP/02/2002 no se limita a la matanza del 2 de octubre, sino tiene que ver con lo que sucedió antes y después, hasta los acontecimientos del 10 de junio de 1971.

Durante la comparecencia de Echeverría, quien vistió traje oscuro, se registraron dos incidentes: el primero, cuando los ex dirigentes estudiantiles presentes en el lugar se dieron cuenta de que eran fotografiados por una spersonas que iban con el ex presidente, hasta que uno de ellos le reclamó directamente al fiscal por esa acción y se procedió a identificar al fotógrafo, quien resultó ser miembro de la primera sección del Estado Mayor Presidencial y respondía al apellido Solís. Personal de la fiscalía le quitó la cámara y el rollo, aunque Ana Ignacia Rodríguez, La Nacha, criticó al fiscal Carrillo porque mientras que ese individuo tuvo la facilidad de fotografiarlos, a ella le quitaron su equipo.

Al final de la audiencia, Echeverría se acercó a un grupo en el que estaban Salvador Martínez Della Rocca, El Pino; Francisco Martínez Marcué e Ismael Cuéllar, sin embargo, este último reaccionó y le increpó cómo se le ocurría tratar de platicar con ellos ''después de lo que hizo''. El comentario alertó a los presentes ''porque pensábamos que por lo menos le iba a mentar la madre'', dijo La Nacha, quien agregó que ella hubiera hecho lo mismo, porque no iba a saludar a alguien que tuviera las manos manchadas de sangre.

El resto de la audiencia pasó sin contratiempos y, según El Pino, las preguntas de la fiscalía fueron todas muy importantes y con mucha coherencia, y destacó cuestionamientos claves que se le hicieron: Ƒqué sabía del seguimiento del diálogo entre el Consejo Nacional de Huelga y los representantes gubernamentales Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso? Si el 2 de octubre por la mañana dialogaban, Ƒpor qué permitieron la matanza, si el mitin estaba publicitado de antemano? ƑPor qué dejaron que pasaran las cosas? ƑUsted cree que por el mitin del 2 de octubre de 1968, la paz y la estabilidad del país estaban en peligro, como para masacrar a la gente?

El rostro de Echeverría se endureció cuando escuchó muchas de las preguntas, pero no hizo ningún comentario, dijeron testigos presenciales.

Arrogante, sin un rasgo de nerviosismo o debilidad, compareció ante Carrillo Prieto

Echeverría, una máscara de piedra

BLANCHE PETRICH

Máscara de piedra, el ex presidente Luis Echeverría, sentado como indiciado ante el fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, no cruzó ni una mirada con sus acusadores. En las seis horas que duró la diligencia en la que se le informó que es demandado por genocidio y privación ilegal de la libertad por la matanza del 2 de octubre de 1968, apenas se movió. En dos ocasiones se inclinó a intercambiar algunas palabras con sus abogados, Antonio Cuéllar Sales y Eraclio Bonilla Gutiérrez.

Antes de escuchar las más de cien preguntas de la fiscalía y del agente del Ministerio Público, Américo Meléndez, interrumpió y por primera y única vez su voz se escuchó en la sala: -Para responder necesito antes hacer una investigación de los hechos. Les pido un tiempo razonable -dijo, palabras más, palabras menos.

Por ley, el plazo le fue concedido. Su equipo de defensores, compuesto por una docena de penalistas, tendrá 30 días para responder.

Solitario, en medio de una sala casi desnuda, un extenso vestíbulo rodeado de cubículos desalojados previamente, octogenario de salud envidiable, a los sesentaiocheros que lo ven de reojo Echeverría les parece "arrogante". Ni un rasgo de nerviosismo o debilidad. El tiempo no ha hecho mella.

Se trata de un escenario sobrio: en una mesa alargada, a las nueve en punto, el ex presidente se sienta. Dos de sus abogados ocupan los asientos a su lado. Frente a él toma lugar el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto; el Ministerio Público, Américo Villarreal, y una agente que toma notas.

Al final de la mesa, sillas para los demás protagonistas, a quienes se les asigna un papel de participación pasiva. Son ex líderes estudiantiles de los años sesenta: Roberto Vázquez, Javier Ramos, Félix Hernández Gamundi, César Tirado y Raúl Alvarez Garín. Solo una mujer acusadora: Ana Ignacia Rodríguez Márquez, La Nacha. Y tres abogados que representan a la parte acusadora: Gracia Moheno, Francisco Martínez e Ismael Cuéllar. Hoy no les toca participar. Van a oír el interrogatorio.

Todos reconocen que a la hora de entrar en escena Echeverría los chamaqueó, les amargó la mañana a los fotógrafos de prensa y le madrugó al mismísimo Carrillo Prieto. El ex mandatario ingresó a las 7:45 por la puerta de atrás del céntrico edificio de la fiscalía especial. Con los malos hábitos de la izquierda, los miembros del Comité 68 fueron congregándose en la escalinata pasadas las nueve. Sus carteles empezaron a lucirse cerca de las diez: "LEA, te van a juzgar y abajo no te la vas a acabar"; "LEA, llegó tu hora, tu ayer y tu mañana"; LEA, Tlatelolco no se olvida".

Como quiera, la audiencia empezó a la hora prevista. Un camarógrafo de la fiscalía registra la escena. Un fotógrafo, oficial Solís, hostiga a los denunciantes. Piden que salga de la sala. Es identificado como oficial de la primera sección del Estado Mayor. Va con el grupo de Echeverría.

El método Strassera

Es la primera audiencia de una denuncia presentada en 1998 sobre la matanza de Tlatelolco, tipificada como genocidio, ocurrida 30 años antes. En dos ampliaciones de la misma denuncia, hechas en junio y octubre de 2001, se incluye también la matanza del 10 de junio de 1971 en San Cosme.

Carrillo Prieto ha decidido empezar a desahogar las diligencias por la punta de la pirámide. Buena señal. Hace meses, al asumir este cargo que se asemeja al premio del tigre en la rifa de la feria, se hacía eco de los conceptos del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, en el sentido de que las denuncias eran sobre situaciones individuales y como tales debían ser abordadas "caso por caso".

El Comité 68 partía de una concepción opuesta. El 68 y el Jueves de Corpus ha-bían sido crímenes de Estado y como tales debían ser juzgados los gobernantes. Adoptaron el "método Strassera", con el criterio de basar la cadena de responsabilidades conforme al organigrama. A finales de los ochenta, el fiscal argentino Julio Strassera logró condenar a los genocidas del gobierno militar argentino. Los juicios fueron exitosos. Después vino Carlos Menem con sus leyes de obediencia debida y punto final. Pero esa es otra historia.

Agrega Carolina Verduzco: "el acierto del comité fue no pelearse por la idea de los juicios individuales, sino tejer fino. Cierto que las responsabilidades son individuales, pero los individuos pertenecen a instituciones donde hay jerarquías. Por lo tanto, la responsabilidad recae en el organigrama entero y quien da la orden tiene mayor responsabilidad".

Y Félix Hernández Gamundi: "por eso estábamos convencidos desde el principio que Echeverría iba a tener que comparecer. No había escapatoria. El debate público también fue madurando y la fiscalía tuvo que responder a esa percepción ge-neralizada: el primer responsable es él".

Nada que celebrar

Los denunciantes saben que tienen un hueso muy duro de roer en Luis Echeverría Alvarez, la pieza mayor de la cadena de mando que señala a unos 50 ex funcionarios como genocidas. Raúl Alvarez Garín, quien actúa como vocero del grupo acusador, cuida los calificativos grandilocuentes para describir el momento.

"No queremos adelantar juicios, no calificamos si está bien o mal haber citado a Echeverría, no vemos qué tiene de simbólica la acción obligada de la fiscalía. No queremos festinar anticipadamente. Sabemos que éste será un litigio muy complicado, sin precedente, lleno de dificultades, con una legislación insuficiente y mañosa".

Pero no deja de reconocer que la comparecencia de un ex presidente en una audiencia "abre un nuevo momento en la averiguación. Ahora sí se vienen cosas muy fuertes. Deben citar sin más tardanza a Alfonso Martínez Domínguez, ex jefe del Departamento del Distrito Federal; al general de Estado Mayor Presidencial Luis Gutiérrez Oropeza. No tienen por qué esperar, pueden avanzar con otros citatorios en paralelo".

La tarde del martes, después de la audiencia, los miembros del Comité 68 se repliegan a su cuartel general, la redacción del periódico Corre la Voz, una vieja casona de la colonia Roma. Y por más que no quiere despegar los pies del suelo, Alvarez Garín no puede evitar exclamar: "šantes del 2 de octubre de este año Echeverría puede estar en la cárcel! šYa!"

Los antecedentes

Antes de ver a Luis Echeverría madrugando, para sentarse finalmente en el banquillo de los acusados esta mañana, este grupo de líderes del movimiento estudiantil del 68 tuvo que recorrer un largo camino. Hace cuatro años, cuando presentaron la primera denuncia penal contra los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y decenas de militares y funcionarios de la cadena de mando relacionada con la matanza de Tlatelolco por genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, el 2 de octubre de 1998, los rodeó el escepticismo.

El entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, archivó sin mayor trámite el juicio argumentando la prescripción de los delitos. Pero el Comité 68 persistió en la vía de la batalla jurídica. Dos meses después presentaron un amparo en contra de la resolución. En marzo de 1999 ganaron el amparo y casi de inmediato la PGR presentó su inconformidad. El expediente pasó a manos de un tribunal colegiado y de ahí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos años estuvo congelado el litigio. En 2001 fue aprobada una iniciativa de reforma al Código Penal impulsada por el Comité Eureka, vía el PRD en la Cámara de Diputados, y el delito de desaparición forzada dejó de ser prescriptible.

El Comité 68 confía en que estos no serán escollos insalvables. "Hay legislación nacional para rebatirlos. Además está pendiente la controversia constitucional interpuesta por el Gobierno del Distrito Federal". Una vez creada la fiscalía, la PGR radicó en esa instancia la causa del 68. Entonces, el equipo legal del comité afinó sus armas: "estamos participando con documentación abundante, minuciosa y muy precisa, con información relevante, no redundante de los hechos. Necesitamos todos los recursos posibles para hacer frente a actuaciones erradas de la fiscalía". El equipo está conformado por José Piñeira, ex preso; Raúl Jiménez, Antonio Corzo, Gracia Moheno, María del Carmen Fernández y Raúl Alvarez Garín.

Beneplácito por la comparecencia

La comparecencia del ex presidente Luis Echeverría Alvarez ante el fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, causó beneplácito de defensores de derechos humanos, legisladores y miembros de la clase política.

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideró que haber llama-do al ex primer mandatario a decla- rar en torno a los acontecimientos de 1968 y 1971 es un "gran avance" porque demuestra que en México "no hay intocables".

Por su parte, el senador Enrique Jackson, coordinador la bancada priísta en el Senado, consideró que la comparecencia de Echeverría es un antecedente que contribuye a implantar una "nueva cultura de respeto" a los derechos humanos.

Por su lado, el procurador general de Justicia del DF, Bernardo Bátiz, sostuvo que la comparecencia de Echeverría demuestra que "estamos en otros tiempos" y añadió que es de gran importancia que un ex presidente asuma su responsabilidad.

Asimismo, Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consideró como un "signo positivo" que en el proceso de revisión del pasado se incluya a ex presidentes.

En tanto, Diego Fernández de Cevallos, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, declaró que Luis Echeverría está obligado a "hablar con la verdad", mientras sus interlocutores lo están también a ser "decentes y a no aprovechar estas circunstan- cias para hacer de su comparecencia un linchamiento".

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Miguel Sánchez Carreño, celebró la comparecencia del ex mandatario y adelantó que ésta podría no ser la única ocasión en que se vea a ex funcionarios de alto rango acudir a la fiscalía especializada a declarar en torno a la guerra sucia. CAROLINA GOMEZ MENA