Temen opositores que sirva para justificar represiones

Aprueba el Parlamento ruso nueva ley contra el extremismo

JUAN PABLO DUCH CORRESPONSAL

Moscu, 2 de julio. La cuestionada ley contra el extremismo promovida por el Kremlin se aprobó fast-track, en tercera y definitiva lectura, al contar de antemano con apoyo suficiente en la Cámara de Diputados de la Duma (Parlamento).

Los diputados de oposición, que votaron en contra, y los defensores de los derechos humanos que reiteraron sus críticas, mantienen que esta ley, a pesar de que se reformuló en varios de sus aspectos más polémicos, restringe derechos consagrados en la Constitución, vigente desde 1993.

Deja mucho que desear la definición misma de "extremismo", denuncian quienes impugnan la ley en su redacción final. Temen sobre todo que el gobierno, al reservarse un amplio margen para determinar quién y cuándo incurre en dicho delito, convierta esta ley en una nueva herramienta política de aplicación selectiva de la justicia.

Tras intenso debate parlamentario, que vino a culminar la polarización de opiniones en la sociedad desde que se presentó el primer borrador de ley, desapareció de la versión definitiva la controvertida formulación de considerar como modalidad de extremismo "las actividades que impidan a las autoridades cumplir sus funciones legales".

Ahora, las manifestaciones o mítines sin autorización, así como las acciones no tradicionales de inconformidad que practican algunas ONG, no pueden ser usadas por el Kremlin como pretexto para suspender las actividades de las organizaciones convocantes.

Las protestas que carezcan de permiso oficial quedan, de esta manera, dentro del límite de responsabilidad de una infracción menor, como es la alteración del orden público. La diferencia, de haberse conservado la tipificación como variedad de extremismo, es drástica: se proponía una pena de hasta cinco años de cárcel en lugar de una simple multa.

En cambio, en la tercera lectura de la ley se equipara con extremismo "cualquier acción que estimule el odio social", un difuso concepto que se añade a la incitación del "odio racial, nacional o religioso". Esto preocupa particularmente a los partidos políticos de izquierda que consideran que las autoridades promovieron la enmienda para contar con un ordenamiento legal que, a su conveniencia, justifique medidas represivas.

El Kremlin contrargumenta que, sin una resolución judicial, ninguna organización, partido político o medio de comunicación puede ser llamado "extremista" ni tampoco suspendidas sus actividades. Insiste en que impulsó la aprobación de esta ley para contener el auge de la xenofobia en Rusia.

La violencia de corte racista empieza a ser un grave problema en el país. En Moscú, la ciudad rusa con mayor sensación de seguridad y también número de policías, cada vez son más frecuentes las golpizas e incluso los asesinatos de personas cuya única "culpa" es no tener rasgos eslavos.

En Rusia hay 10 millones de extranjeros, casi todos originarios de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia central y el Cáucaso. Muy pocos parecen rusos y, por lo mismo, viven con la angustia de convertirse en la siguiente víctima de la intolerancia racial.

Por lo pronto, aun aprobada en la Duma, la ley no entrará en vigor hasta que el Senado cumpla el respectivo trámite y el presidente la firme. Tentativamente, tras el receso estival, ello ocurrirá el próximo otoño.