El Congreso también aprobó crear la figura de testigos protegidos

Facultan a la PGJE para intervenir teléfonos en el combate a grupos delictivos

Establece fondo para reparar daños a víctimas de diversos delitos con bienes asegurados

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ E ISRAEL DAVILA CORRESPONSALES

La Legislatura del estado de México facultó a la Procuraduría General de Justicia mexiquense a intervenir líneas telefónicas con el propósito de indagar y ubicar a grupos delictivos.

Asimismo aprobó la creación de un fondo de ayuda para la reparación de daños a víctimas de diversos delitos, proveniente de bienes retenidos al hampa organizada, que ascienden a 12 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el procurador general de Justicia mexiquense Alfonso Navarrete Prida, quien explicó que las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de esta institución incluyen 14 medidas que prevén mejoras en los mecanismos de investigación, y otorga atribuciones como la posibilidad de efectuar actos de espionaje sobre líneas telefónicas en casos de delincuencia organizada, como secuestros, tráfico de menores, entre otros.

Sin embargo, aclaró que esta facultad sólo será empleada por grupos judiciales de investigación especial y, la intervención de llamadas será efectuada sólo previa autorización de los familiares de las víctimas del delito y con el permiso de un juez federal.

"Se creó la figura de testigos protegidos y se abre la posibilidad de que efectivos de la policía ministerial brinden protección a ex procuradores y funcionarios, municipales y estatales que la procuraduría de Justicia considere conveniente", añadió.

Señaló que la nueva ley, que entrará en vigor este miércoles, pone a la vanguardia al estado de México en la procuración de justicia, cumpliendo con los acuerdos derivados de las reuniones de procuradores de toda la República.

Detalló que entre otras medidas previstas en la Ley Orgánica de la procuraduría de Justicia estatal se aprobó la creación de un fondo de ayuda a víctimas del delito, y que para ello serán empleados los bienes materiales y económicos recuperados y asegurados de hechos criminales. Destacó que la dependencia a su cargo tiene 60 días para crear un padrón y control de los bienes confiscados.

Dijo que la intención de este fondo será contar con recursos para reparar los daños ocasionados a familias víctimas de diversos delitos con dinero, joyas, casas de seguridad y automóviles confiscados, aunque aclaró que si alguno de los detenidos prueba la propiedad legal de alguno de estos materiales de valor económico podrá recuperarlos. También se establece crear un fondo auxiliar para programas de capacitación y adquisición de equipo para esta dependencia, entre otras medidas.