Prevé Encinas que en diciembre estén listas las propuestas
Estudian establecer penas alternativas para delitos menores y evitar la prisión
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
El subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que a más tardar el 15 de diciembre próximo estarán listas las propuestas de reforma a la Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales para el Distrito Federal que trabaja conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia, la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos capitalinos.
Entre los propósitos de la reforma, indicó el funcionario, está buscar penas alternativas para que en algunos casos quienes son acusados de haber cometido algún delito no tengan que ir a la cárcel.
"Se busca un sistema de sanciones alternativas en las que la gente que cometa delitos menores no necesariamente tenga que ir a un penal, sino que pueda pagar su sentencia con otro tipo de sanción, como puede ser el trabajo comunitario o la atención médica o sicológica, que pueda resarcir el daño a la sociedad sin necesidad de ir a un reclusorio", señaló.
La instalación de las mesas de trabajo fueron a iniciativa de la CDHDF, que en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra del abuso de la prisión preventiva y aplicar los criterios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El funcionario explicó que las instancias involucradas adoptaron el acuerdo de llegar a la primera quincena de diciembre con una iniciativa consensuada.
Aunado a dichas reformas, Encinas señaló que se buscarán mecanismos para agilizar y fortalecer los programas de preliberaciones y los sistemas de readaptación y reintegración de los presos a la sociedad.
Señaló que en su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el 15 de julio, dará a conocer un diagnóstico sobre la situación de los reclusorios, así como los programas que se están aplicando.
Pilar Noriega, titular de la Primera Visitaduríra de la CDHDF, advirtió que para lograr que no exista sobrepoblación y hacinamiento en las prisiones, no sólo son necesarias las penas alternativas, sino evitar que persista la tendencia a incrementar las penas. "México -apuntó- es de los países con las condenas más altas."
Citó como ejemplo el caso en Francia del activista José Bové, quien fue condenado a seis meses de cárcel por ocasionar daños a un establecimiento comercial, cuando en México una persona, por el mismo hecho, hubiera alcanzado una pena hasta de seis años.
Si bien en el nuevo Código Penal que recientemente aprobó la ALDF, el cual no se ha publicado en la Gaceta Oficial, las penas no disminuyeron, "eso no significa que en un futuro no se busquen otros medios y penas alternativas".
Noriega advirtió que es necesario cambiar el sentir de la sociedad respecto de la aplicación de penas alternativas, pues las autoridades argumentan que son los gobernados quienes demandan que las personas que delinquen estén presas.
Consideró que ese cambio de actitud es difícil ante el clima de inseguridad que perciben las personas, por lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen aquí un papel importante.