Javier Oliva Posadas

Otras tareas de las fuerzas armadas

Con motivo de la incorporación de 826 militares a la Policía Federal Preventiva (PFP), el pasado martes 25 de junio, de nueva cuenta se han expresado numerosas opiniones y comentarios que van desde interrogantes jurídicas hasta meras descalificaciones respecto de las funciones y misión que, en este caso, el Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) deben cumplir.

Es conveniente considerar que los militares lo son al mismo tiempo que empleados y funcionarios públicos. Es decir, que forman parte de la estructura administrativa y de gobierno. De tal forma que, inherente a su función para el resguardo de la integridad y vigencia de las instituciones, se le adicionan sus actividades dentro del aparato público. Esta aclaración, aunque obvia, a muchos comunicadores y no pocos funcionarios públicos se les olvida, o peor aún, intencionalmente la hacen a un lado (sin contar las encuestas que colocan en una buena posición a las fuerzas armadas del país respecto de la opinión de la sociedad).

El hecho de que militares se incorporen a la PFP, que como quedó claramente estipulado en el acuerdo entre la SDN y la Secretaría de Seguridad Pública, pasan a formar parte -incluso presupuestal- de esta dependencia, significa que seguirán siendo personal de servicio público en tareas de prevención y ataque a la delincuencia.

Revisando con detenimiento, no sólo en el caso de México, sino en el de la mayor parte de las fuerzas armadas de Latinoamérica, gradualmente hay un ajuste en sus funciones. Debe considerarse que, afortunadamente, las disputas territoriales no forman parte de algún potencial conflicto bélico armado entre dos o más naciones. Sí, hay resentimientos, heridas en la historia, pero estamos lejos de un enfrentamiento. Los enemigos son el narcotráfico, el terrorismo y otras variantes del crimen organizado.

El acceso a la tecnología, sea de comunicaciones o de armamento por parte de las bandas, coloca en serias desventajas a las policías convencionales (sumando en esto el asunto de la corrupción). Un ejemplo muy interesante son las importantes actividades de resguardo a la riqueza natural del río Amazonas por parte de las fuerzas armadas de Brasil. En ese caso y otros más, las presiones internacionales sobre los gobiernos locales para que se hagan cargo o bien permitan que otros lo hagan, propician un ajuste en las actividades a cumplir. También sobre esas mismas actividades se cuenta al ejército alemán en el rescate del ecosistema del río Rin.

Pero volviendo al evento del pasado 25 de junio, llama la atención que, desde el Presidente de la República hasta columnistas y comunicadores como Ricardo Rocha, Carlos Marín y José Cárdenas, emitan comentarios sin considerar factores de contexto nacional e internacional en temas complicados y que en su tratamiento requieren algo más que visiones coyunturales o precipitadas.

El potencial del desafío de los nuevos enemigos del Estado va mucho más allá de voluntarismos o construcciones forzadas de escenarios políticos locales. Si fue necesaria la incorporación de militares a la PFP, en todo caso la crítica debiera apuntarse a la crónica incapacidad para generar los cuadros profesionales policiacos para enfrentar las muy variadas formas de delincuencia y aplicar medidas apropiadas para la prevención del delito.

Ahora bien, a todos los empleados gubernamentales pueden, previos acuerdos, ser destinados los recursos dinerarios, y puede hacerse la aplicación de personal, mediando capacitación al respecto, para atender ta-reas que se consideran prioritarias. Con tanta crítica al evento del 25 de junio, pareciera que la delincuencia no forma parte de las preocupaciones sinceras. Si se actúa, mal; si no, también.

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