Se desestimaron pruebas sobre la red de corrupción en Atizapán, dice

Demanda la PGJ mexiquense a personal de la PGR por liberar a sospechosos de espionaje

ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Ixtapan de la Sal, Mex., 4 de julio. El procurador de Justicia del estado de México, Alfonso Navarrete Pri-da, demandó penalmente al personal de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en la entidad, por el delito contra la administración de justicia al haber liberado a cuatro presuntos responsables de delitos federales relacionados con la red de corrupción que operaba en el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.

El funcionario estatal acusó a la PGR de querer dar carpetazo al desglose que envió el pasado 17 de abril de la averiguación previa que se inició por el homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Angeles Tamez Pérez, lo cual, consideró, "fomenta la impunidad".

El desglose involucra a cuatro personas que fueron arraigadas por casi dos meses en el hotel La Hacienda, en Tlalnepantla, a quienes la procuraduría de Justicia estatal acusa de ser los responsables de la intervención de líneas telefónicas, con las cuales el presidente municipal con derechos rescindidos, Antonio Domínguez Zambrano, espiaba a sus regidores.

"Hemos tenido conocimiento de que existe la posibilidad de que ya no se siga investigando el desglose que se envió a la delegación de la PGR en el estado de México, lo que sería muy grave y muy lamentable, sobre todo por los familiares de la víctima y la sociedad de Atizapán que sufrió el embate de una organización criminal", dijo.

En ese documento obran pruebas que involucran a Jorge Luis Lara Martínez como responsable de instalar el equipo para espiar a trabajadores del ayuntamiento.

Además se entregaron pruebas de que Elvia y Martín Moreno Rodríguez rentaban la casa ubicada en Calacoaya numero 6 al ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza para hacer el espionaje telefónico y se otorgaron testimonios que involucraban a Martín Gachuz Santiago, ex subdirector de la policía municipal, en delitos contra la salud.

Aunado al desglose de la averiguación previa, la procuraduría mexiquense puso a disposición de la delegación de la PGR a estas cuatro personas, que al llegar a las instalaciones de esa institución extrañamente fueron liberadas, comentó.

Por este motivo, el procurador Navarrete Prida presentó una denuncia penal por el delito contra la administración de la justicia contra el personal de la PGR en el estado de México.

"Ahora nosotros estamos solicitando un informe a la visitaduría general de la PGR para conocer el avance de esta denuncia que presentamos contra servidores públicos de la delegación, que no obstante que les pusimos a disposición a presuntos responsables del delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas no fueron recibidos y sí puestos en libertad", añadió.

Lamentó que entre estas personas se haya dejando en libertad a Jorge Luis Lara Martínez, identificado como el técnico que realizaba las intervenciones telefónicas, "ya que sería un testigo fundamental en el proceso que llevamos contra Antonio Domínguez Zambrano y Daniel García Hernández por el delito de delincuencia organizada", entre otros.

-ƑSe le quiere dar carpetazo a este asunto en la PGR?

-Nosotros tenemos conocimiento de forma verbal de que había esa intención porque ya no estaban solicitando más diligencias. Para nosotros son importantes algunas de las diligencias para las averiguaciones que nosotros tenemos abiertas, y sobre todo volver a localizar a este técnico que colocó los equipos, que sería un testimonio en el proceso muy importante para lo que es el delito de delincuencia organizada.

"Tengo copia del expediente que les remitimos, tengo la confesión del técnico, tengo la flagrancia en la que fueron descubiertas en la casa de escuchas líneas vivas, tengo el dictamen de Teléfonos de México sobre la viabilidad de este equipo, por lo que se debió haber procedido a una investigación profunda de las hechos", manifestó.

Antes de ser entrevistado, Navarrete Prida conversó con el subprocurador de procedimientos penales A de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, quien se comprometió a dar seguimiento al caso, según comentó el procurador estatal mexiquense.