El órgano de la PGR dice tener fuertes líneas de investigación basadas en testimonios

La Fepade llamará a comparecer a Labastida y ex colaboradores de campaña por el Pemexgate

Máximo en dos semanas se entregarán los citatorios a priístas muy cercanos al ex candidato

 GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) citará a comparecer en calidad de testigo al ex candidato priísta a la presidencia Francisco Labastida Ochoa y a ex colaboradores de su campaña electoral, dentro de las investigaciones del llamado Pemexgate.

Fuentes oficiales indicaron que las fechas de comparecencia no se han definido, pero que se girarán citatorios a personajes muy cercanos a Labastida, y que colaboraron en la conducción de su campaña a la Presidencia de la República.

Los testimonios recabados, dijeron los informantes, han permitido establecer líneas de investigación muy sólidas, aunque aún no se determinan los delitos electorales en que podrían haber incurrido funcionarios priístas.

Supuestamente, la Fepade ha recibido información del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, luego de que en dos ocasiones funcionarios de ese órgano de la Procuraduría General de la República (PGR) se han reunido con directivos priístas.

La Fepade investiga posibles delitos electorales, mientras que la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada continúa integrando la averiguación previa relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Los citatorios, según las fuentes consultadas, podrían tardar máximo dos semanas en ser enviados. De acuerdo con la información recabada, las declaraciones ministeriales servirán para deslindar responsabilidades en la aplicación de recursos provenientes de financiamientos ilegales.

En días pasados, funcionarios priístas revelaron que entregarán a las autoridades datos sobre los registros de dinero que llegaron al PRI, fuera de la partida presupuestal que el Instituto Federal Electoral (IFE), le entregó para la campaña de 2000.

Los funcionarios priístas informaron que, según sus registros contables, unos 40 millones de pesos procedentes de cuentas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), podrían haber sido ingresados por conducto de la Secretaría de Finanzas y mezclados con los fondos legales.

Lo anterior, debido a que en la campaña de Labastida, según los testigos protegidos de la PGR, se llevó una contabilidad paralela a la del partido, y en ella se daba cuenta de ingresos y egresos de dinero obtenido por financiamiento privado o procedente de organizaciones como el STPRM.

Como publicó La Jornada desde febrero pasado, según los testigos protegidos Alonso Veraza, Andrés Heredia y Melitón Cáceres, el llamado Sorteo del Milenio del PRI fue utilizado para encubrir la transferencia de recursos obtenidos del STPRM y financiamiento privado, a los gastos de campaña de Labastida, tanto en el Distrito Federal como en el resto del país.

El llamado Pemexgate u Operación crudo, como se conoce en círculos gubernamentales, comenzó formalmente el 10 de diciembre de 2001, cuando la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó una denuncia penal contra ex funcionarios de Pemex y del STPRM, por haber desviado de la paraestatal (inicialmente) mil 100 millones de pesos, que luego se incrementaron a mil 480, tras descubrirse otras operaciones ilegales en favor del sindicato petrolero.

Las pesquisas de la PGR han dado como resultado la consignación penal de un expediente en el que se acusa al ex director de Pemex Rogelio Montemayor, a Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga, Julio Pindter y Manuel Gómezperalta del delito de peculado.

Hasta ahora el único que está preso es Gómezperalta, quien por no acudir a firmar el libro de procesados fue aprehendido. Montemayor Seguy, quien pretendió entregarse a autoridades de Estados Unidos para responder a las acusaciones en su contra, aún no ha sido detenido, porque a decir de las autoridades mexicanas, su contraparte estadunidense no ha terminado de analizar la petición de detención provisional con fines de extradición.