Reivindica ETA los atentados perpetrados durante la cumbre de la UE en Sevilla

Ordena el juez Garzón inmovilizar las cuentas bancarias de la coalición vasca Batasuna

La demanda, dirigida a entidades financieras estatales, regionales e incluso de Francia

El magistrado espera la entrega de un listado de los bienes para proceder a embargarlos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 5 de julio. El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, giró hoy una orden a las entidades financieras estatales, regionales e incluso francesas pa-ra la inmovilización de todas las cuentas bancarias de Batasuna, la coalición de la izquierda separatista vasca que según el magistrado es un apéndice de la estructura de la organización armada ETA.

La medida tomada por Garzón se produjo horas antes de que ETA asumiera la responsabilidad de los atentados con carros bomba y de otro artefacto explosivo perpetrados durante la cumbre de la Unión Europea, que se realizó en Sevilla los pasados 21 y 22 de junio, y que si bien no dejaron víctimas mortales provocaron lesiones a 10 personas, entre ellas tres turistas británicos.

En un comunicado publicado en el diario vasco Gara, ETA dijo que con las explosiones en Fuengirola, Marbella, y Málaga, en la Costa del Sol, así como en Zaragoza y Santander, en el norte del país, su intención era atacar los intereses turístico y económicos de España.

Asimismo, ETA reivindicó la explosión de cuatro coches bomba entre el 22 de abril y el 23 de mayo en Madrid, Bilbao y Pamplona, en "acciones contra los ricos y los políticos que oprimen al País Vasco".

La medida del magistrado español fue tomada al vencer el plazo de 24 horas para el pago de una fianza de 24 millones de euros (unos 23.5 millones de dólares) para evitar el embargo de todos los bienes muebles e inmuebles, subvenciones públicas y créditos de Batasuna, algo que a juicio de sus dirigentes significaría la "ilegalización de hecho" de su formación política.

Dicha cantidad es reclamada a manera de indemnización por el magistrado a Batasuna, al que atribuye la "responsabilidad civil solidaria" de los daños provocados por la violencia callejera protagonizada los últimos dos años por las asociaciones juveniles del independentismo radical.

Las exigencias de Garzón se suman a una serie de iniciativas llevadas a cabo recientemente por el gobierno y por el poder judicial español para propiciar la disolución de la coalición abertzale (independentista), que son fundamentalmente tres.

Estas son la aprobación de la nueva ley de partidos políticos que busca la ilegalización de Batasuna, la conclusión del sumario 18/98, instruido por Garzón, con el que se procesará a más de 70 dirigentes de la izquierda radical vasca por su presunta pertenencia a ETA y el auto con el que se ordena el embargo de todos los bienes de la formación separatista.

La orden de embargo preventivo del magistrado de la Audiencia Nacional, dirigida a las entidades reguladoras españolas y francesas, pretende congelar los fondos de las 118 cuentas bancarias de Batasuna que al parecer tienen relación con las llamadas herriko tabernas, sedes sociales relacionados con esta formación y en las que se recaudan fondos de "solidaridad" con los presos de la organización armada.

El requerimiento se dirige también a un banco francés, el Bankoa Crédit Agricole, después de que el juez recibió información de que en la sucursal de esta entidad en San Sebastián hay una cuenta abierta a nombre de Batasuna. Además, el juez solicitó al presidente del Parlamento Europeo, a través de los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, que remita "certificación so-bre las cantidades que percibe la formación EH-HB-Batasuna con cargo a los presupuestos de la institución".

Todas estas medidas fueron acordadas por Garzón después de comprobar que los intentos de los juzgados de Pamplona de notificar el auto a los representantes legales de Batasuna resultaron infructuosos, y tras la postura de insatisfacción de los dirigentes de la formación política, que aseguraron que "no tienen ni deben" pagar el dinero exigido por el magistrado.

Asimismo, pidió informes sobre las subvenciones que tendría que recibir Batasuna por parte del Estado español, una petición llamativa una vez que el gobierno nacional se ha negado, desde la llegada al poder del conservador José María Aznar, a pagar las subvenciones públicas que por ley corresponden a la formación y cuya controversia se dirime en los tribunales.

Responsabilidades civiles solidarias

Garzón está también a la espera de que a más tardar el próximo lunes la policía complete el listado que le solicitó sobre los bienes de la coalición vasca, a fin de proceder al embargo de los bienes muebles e inmuebles y, por último, los sueldos, hasta cubrir los más de 24 millones de dólares exigidos.

El magistrado español inició ya los trámites para que recaigan en Batasuna las "responsabilidades civiles solidarias" de los actos de violencia callejera llevados a cabo por Haika y Jarrai, las organizaciones juveniles que precedieron a Segi y cuyas supuestas actuaciones se remontan a los años 80, con lo que el monto de la supuesta responsabilidad podría ser muy superior a los 24 mi-llones de euros, una cantidad que en todo caso no puede asumir la formación, según expresaron sus dirigentes.

Fuentes cercanas a Batasuna señalaron, a través de la jurista y parlamentaria Jone Goirizelaia, que la coalición vasca presentará un recurso de apelación a esta orden, que calificó de "bodrio jurídico".

La diputada apuntó que "tal como aparecen los argumentos y la estructura del auto, las actuaciones del magistrado podrían ra-yar en un delito de prevaricación", al tiempo que consideró estas iniciativas judiciales como una nueva "agresión" desde el Estado español a la vida política de Euskadi.

El gobierno español manifestó, a través de su vocero Pío Cabanillas que éstas son medidas necesarias para la "lucha contra el terrorismo", luego de acusar al gobierno vasco ?que el jueves consideró que el auto de Garzón tiene motivaciones políticas? de "intolerable" y que le ubican "fuera del sistema democrático" español.

El gobernante Partido Popular y el opositor Partido Socialista Obrero Español acusaron a los nacionalistas de estar "más preocupados" por el futuro de la coalición abertzale que por la defensa de las víctimas del terrorismo, y denunciaron la incongruencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por defender hace unas semanas, en el Congreso, la vía del Código Penal contra Batasuna y criticar ahora el auto del juez.

El secretario general socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al PNV que "esté a fondo" en la defensa de la libertad y se preocupe "cada día por cada concejal amenazado e insultado", y "no por lo que le pase a Batasuna".