Admite la Procuraduría de Justicia Militar que pudo tratarse de un asesinato

Confirman irregularidades en suicidio de subteniente

Llamarán a comparecer a quien fue encargado de la base aérea de Santa Lucía en 1995

JESUS ARANDA

Después de más de siete años de que falleció el subteniente Raúl Vargas Cortés en la base aérea de Santa Lucía, la Procuraduría General de Justicia Militar consolida su indagatoria en el sentido de que el oficial murió asesinado en las instalaciones castrenses, siendo que según la investigación que en su momento realizara el entonces procurador militar, Rafael Macedo de la Concha, dicha muerte obedeció a un suicidio e incluso se dio por cerrado el asunto.

Sin embargo, a su llegada, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, ordenó a la procuraduría castrense reabrir la investigación. Con ello, el pasado primero de julio la Dirección General de Justicia Militar (DGJM) aceptó que la muerte del joven oficial ocurrió "dentro de actos de servicio", lo que según fuentes castrenses significa que "hay indicios" de que, efectivamente, se trató de un homicidio.

Por acuerdo del secretario Vega García, la DGJM acordó "rectificar" la decisión del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) del 10 de octubre de 1996, en el sentido de que la muerte de Cortés había ocurrido "fuera de actos de servicio", resolución que además de negar la posibilidad del homicidio dejó sin derechos de pensión y seguridad social a la madre (María del Rosario Cortés García) y a la hermana del occiso.

Para llegar a esta decisión, ahora sí se tomó en cuenta el acta levantada por la Policía Judicial Militar el 20 de febrero de 1995. En ésta se señala que a las 23 horas de ese día el subteniente Cortés se encontraba en las jardineras de la Base Militar de Santa Lucía, en el estado de México, "cuando de repente, se escuchó una detonación y al indagar sobre lo ocurrido resultó que en el depósito de abastecimiento de material aéreo se encontraba el subteniente tirado en el suelo, quejándose y moviéndose por estar herido, percatándose que una pistola se encontraba en el suelo a un costado y que había un fuerte olor a pólvora".

Actividad propia de la jerarquía

La dependencia tardó seis años en determinar que el oficial "se encontraba desempeñando el puesto de comandante del Servicio de Seguridad de las instalaciones del depósito de abastecimientos técnicos de la fuerza aérea", es decir, "cuando estaba realizando una actividad propia de su jerarquía y especialidad militar".

Al mismo tiempo, trascendió en fuentes castrenses que la procuraduría militar ha detectado gran número de irregularidades en la indagatoria que se llevó a cabo cuando el actual procurador general de la República, general Rafael Macedo de la Concha, era el procurador militar. Para determinar el nivel de dichas irregularidades, el agente del Ministerio Público adscrito al caso, capitán segundo Angel Rosas Gómez ordenó la realización de nuevos peritajes en materia de grafoscopia, absorción y balística; incluso se va a analizar la sangre que tenía la ojiva que mató al subteniente.

Como parte de las nuevas indagatorias, está prevista para esta semana la comparecencia ante el Ministerio Público Militar del criminólogo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Enrique Sánchez Sánchez, quien había detectado en su momento -cuando el caso llegó a esta institución, luego de que el Ejército había cerrado el caso-, que el cuerpo de la víctima no presentaba salpicaduras de sangre, lo cual no coincidía con la hipótesis de un suicidio.

También está citado a declarar ante el agente de Ministerio Público Militar Francisco René Pedraza Longi -teniente coronel en 1995 y actualmente tiene el grado de general-, quien está acusado por la señora Cortés de haber "alterado los hechos" para fortalecer la teoría del suicidio. Las investigaciones profundizarán también en cuanto a un recado póstumo que presuntamente dejó el oficial y que estaba escrito a máquina, así como en relación con la actuación de los peritos que conocieron inicialmente del caso.

Según las fuentes consultadas, debido a la serie de irregularidades detectadas, el caso Cortés está considerado como "confidencial", ya que de demostrarse que se trató de un homicidio podría involucrar al entonces comandante de la base aérea, general Arturo Villasana Castillo, y podría derivarse la existencia de otros delitos como ocultamiento de pruebas y tortura.