Tuxtla Gutierrez, Chis., 8 de julio. Representantes de Amnistía Internacional (AI) comenzaron este lunes una gira por la entidad para recoger testimonios de activistas promotores de derechos humanos que han sufrido agresiones de autoridades federales y estatales o de paramilitares. Rupert Knox y Kerry Howard, miembros de AI, anunciaron que además se entrevistarán con indígenas de la zona norte de la entidad, con miembros de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, con Miguel Angel de los Santos -representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas- y con el ombudsman estatal, Pedro Raúl López Hernández. Se prevé que durante las reuniones los enviados de Amnistía Internacional recaben información acerca de la militarización y paramilitarización en la entidad, así como de la situación de los derechos indios. Los representantes de AI señalaron que su visita a Chiapas se debió a la "alarmante embestida gubernamental contra defensores de derechos humanos", que denunció Global Exchange, organismo consultor de la Organización de las Naciones Unidas, que presentó en marzo pasado un informe sobre la administración del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. En el mencionado documento se dio cuenta de "la actitud mostrada" por el mandatario estatal contra personas y organismos, con quienes se entrevistarán los representantes de Amnistía Internacional. En el informe de Global Exchange se explicó que mediante "costosas inserciones públicas pagadas por el gobierno del estado en medios de comunicación nacionales y estatales", Salazar Mendiguchía descalificó en diversas ocasiones a activistas y organismos humanitarios, que desde hace más de 20 años trabajan con comunidades y pobladores chiapanecos, a quienes incluso "han defendido en términos jurídicos y ante organismos nacionales e internacionales". En ese contexto, el abogado Miguel Angel de los Santos presentó en marzo pasado, de manera particular, una queja ante la Organización de Estados Americanos, en la cual señala que el linchamiento emprendido en su contra por el gobernador estatal pone en riesgo su vida y la de su familia. ANGELES MARISCAL, CORRESPONSAL