Con el término, en 2003, de la protección establecida en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) para los productos agropecuarios mexicanos, el campo nacional estará frente a un horizonte particularmente sombrío, pues la avalancha de importaciones provenientes de nuestros vecinos del norte, especialmente de Estados Unidos, someterá al agro mexicano a nuevas y poderosas presiones y competencias desfavorables que vendrán a agravar el de por sí negativo panorama que enfrentan los productores rurales del país.

Sólo el maíz, el frijol y la leche en polvo tendrán protección, pero para el resto de los productos agropecuarios --tanto agrícolas como ganaderos-- dejarán de existir barreras arancelarias y no arancelarias; el sector alimentario nacional operará con base en las frecuentemente injustas leyes de mercado, circunstancia preocupante si se tiene en cuenta que los agricultores estadunidenses gozan de condiciones superiores, tanto en superficie cultivada, capacidad de producción, acceso a semillas, maquinaria e insumos, disponibilidad de capital y subsidios, como porque ofrecen, en ocasiones por medio de prácticas desleales, precios mucho menores que sus contrapartes mexicanas.

Ha de señalarse que el panorama desolador en el que se encuentra el campo mexicano no es nuevo (desde la entrada en vigor del TLCAN se han dejado de sembrar 1.6 millones de hectáreas y el monto de las importaciones agropecuarias del país se ha duplicado), sino que ha venido deteriorándose desde hace por lo menos dos décadas sin que los sucesivos gobiernos hayan realizado esfuerzos necesarios para atender su problemática y ofrecer alternativas dignas de vida para sus habitantes.

Por el contrario, desde la reforma del artículo 27 constitucional y la negociación del capítulo agropecuario del TLCAN a principios de los 90 --ambos lesivos para el grueso de los sectores productivos rurales-- el Estado renunció a la defensa de la soberanía alimentaria y abandonó al campo a sus propias y exiguas fuerzas. Si bien algunos sectores hortícolas y frutícolas minoritarios se han visto beneficiados por el aumento de sus exportaciones --incremento mucho menor en proporción y monto al de las importaciones--, el balance general es negativo para el campo nacional y, por ende, para las perspectivas de desarrollo social y soberanía alimentaria del país.

Esta situación, a la que han de añadirse los efectos de la nueva ley agropecuaria estadunidense, que otorga apoyos directos a los productores de ese país por un monto de 84 mil millones de dólares y que podría constituir una práctica desleal, tendrá graves repercusiones en el campo nacional: se incrementará el drama de los flujos migratorios de campesinos hacia las grandes ciudades y Estados Unidos, se agudizará la dependencia hacia el exterior en materia de abasto de alimentos y se perderán importantes áreas cultivadas que, por dejar de ser rentables, serán presa de la especulación o quedarán expuestas a la desertificación y condenadas, junto con sus pobladores, a una economía de precaria subsistencia.

En pocas palabras, de continuar las condiciones actuales, el país entregará su soberanía alimentaria a las grandes corporaciones agropecuarias trasnacionales y se sumirá definitivamente al campo nacional, salvo algunas excepciones socialmente poco significativas, en la ruina y la desesperanza.

Sin un agro económicamente sano, ningún país se encuentra con la capacidad de emprender un desarrollo social justo y equilibrado. Por ende, es urgente que el gobierno federal ponga en práctica medidas y apoyos suficientes para atender la grave problemática por la que atraviesa el sector rural del país y se decida, de una vez por todas, a asumir su responsabilidad histórica en el rescate y la dignificación de los productores agropecuarios mexicanos. De lo contrario, los riesgos de estallidos sociales se agudizarán peligrosamente y México quedará sometido ante el extranjero en un aspecto político, socioeconómico y cultural tan relevante como es la alimentación de sus ciudadanos.