Demanda a la coreana Sunkyo Engineering Construction

Banco Interacciones, afectado por anomalías de Pemex en Cadereyta

Reclama la parte que le corresponde por los trabajos que se realizaron por la modernización de la refinería

ENRIQUE MENDEZ, JESUS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO

El Banco Interacciones presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la empresa coreana Sunkyong Engineering Construction (SK) por la presunta "retención ilegal" del porcentaje que le corresponde de los pagos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha hecho al consorcio como parte de los compromisos del contrato de modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

El 14 de octubre de 1998, Interacciones compró a Triturados Basálticos (Tribasa) su parte accionaria del Proyecto Cadereyta, que le fue asignada en 1997 junto con SK y Siemens por la dirección de Pemex Refinación, obra que le costará a la paraestatal 2 mil 420 millones de dólares -el doble del presupuesto original asignado--, aun cuando los trabajos no han concluido.

Desde diciembre de 2000 Pemex ha pagado 726 millones de dólares y todavía falta por construir la planta coquizadora, donde se realiza el último proceso de refinación de combustibles, y que para Cadereyta representa el "corazón" del complejo, pues sin ella no se podrá cumplir el objetivo de producir gasolina, diesel y otros energéticos.

La demanda ante la PGR fue presentada por el apoderado para pleitos y cobranzas del Banco Interacciones, Manuel Velasco Velázquez, el 15 de enero pasado, luego de que SK no cumplió con su obligación de entregarle a esa institución 10 por ciento de las transferencias que le hiciera Pemex.

En su querella, el abogado de Interacciones refiere que cuando Tribasa le vendió sus acciones también cedió los derechos de cobro de los diversos contratos de construcción de obra que tiene Sunkyong.

La sociedad entre SK y el Banco Interacciones quedó establecida desde el 15 de octubre de 1998.

En el documento -del que La Jornada obtuvo una copia-- se señala que el 19 de julio de 2001 Interacciones requirió al representante legal de SK, Tae Jik Lee, "los pagos derivados de las reclamaciones del proyecto Cadereyta", pues hasta esa fecha el consorcio coreano no había efectuado ninguno.

Para julio de 2001 el banco sabía que Pemex ya había realizado diferentes transferencias a SK, que incluso fueron calificadas de ilegales por los diputados de la Comisión de Energía de la 58 Legislatura.

Durante la comparecencia ante la Cámara de Diputados del director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, en septiembre pasado, la perredista Rosario Tapia Medina advirtió que "estos pagos debían hacerse cuando la planta entrara en operación y pagarse con sus ingresos, con lo cual se generó una deuda pública irregular".

Sin embargo, un día después de la reclamación de Interacciones, "el director general de SK, C.K. Liew, manifestó que sólo había recibido como pago de Pemex Refinación la cantidad de 5 millones 790 mil 807.63 dólares", por lo que al grupo financiero sólo le correspondía el pago de 579 mil 80 dólares y 76 centavos.

Ante esa respuesta Velasco Velázquez solicitó por escrito al director general de Pemex Refinación, Armando Leal Santana, información sobre los pagos que esa subsidiaria le hubiera hecho a Sunkyong, y resaltó:

"Al parecer, y salvo error de apreciación de mi parte, existe la posibilidad de que Pemex Refinación le hubiera pagado una cantidad muy superior a la que SK Engineering Construction" dijo haber recibido de Pemex en el oficio del 20 de junio de 2001, firmado por el director general de la empresa coreana.

Leal Santana no respondió al escrito de Velasco, sino que la respuesta provino de la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación, pero -explica Interacciones en su demanda-- "sin dar contestación a lo solicitado en relación a las cantidades pagadas a la citada empresa SK".

Ante la negativa de la empresa y de Pemex Refinación a informarle sobre el monto exacto de las transferencias, Interacciones consideró que el consorcio coreano "ha retenido ilegítimamente las cantidades que corresponden" al banco.

El apoderado de Interacciones solicitó en su querella que estos hechos fueran "debidamente investigados" y que en caso de que la PGR determinara que se cometió un delito, se ejercitara acción penal en contra de quien resulte responsable.

La demanda se presentó cuando el ex presidente del Consejo de Administración de Tribasa, David Peñaloza Sandoval, tenía dos meses de haber sido declarado prófugo y en contra de quien pesa una orden de aprehensión por el presunto fraude por 30 millones de dólares cometido en agravio de Nacional Financiera.

Al cierre de 2001 Tribasa acumuló más de 2 mil 379 millones de pesos en impuestos por pagar, cifra que representó ese año 23 por ciento de su pasivo total.

Debido a la descapitalización, la constructora inició un programa de restructuración de deudas y disminución de pasivos mediante la venta de activos, pero fueron insuficientes para contener su derrumbe.

Sobre Peñaloza Sandoval también se inició un proceso judicial por las irregularidades halladas en la venta de Inversiones Técnicas Aeroportuarias, filial de Tribasa.