Eduardo R. Huchim

Plebiscito: el costo y la difusión

Una pregunta muy común en estos días es por qué un plebiscito es tan caro, aparte de que desde el gobierno capitalino se ha opinado que el Instituto Electoral del Distrito Federal incurre en gastos inecesarios que hacen oneroso el ejercicio cívico. Las causas del costo del plebiscito están en la Ley de Participación Ciudadana (LPC) y en el Código Electoral del Distrito Federal (CEDF), los cuales contienen, entre otras, estas disposiciones (entre paréntesis el artículo respectivo), que hacen a ese proceso de participación ciudadana casi igual a una elección constitucional:

Para que el plebiscito tenga efectos vinculatorios, debe votar al menos una tercera parte del padrón electoral capitalino (LPC, artículo 21), lo cual obliga a usar la lista nominal de electores (LPC, artículo 20), que es propiedad del Instituto Federal Electoral y cuyo uso tiene un costo importante.

Es necesario instalar 40 consejos distritales, uno por cada órgano desconcentrado permanente, por lo cual es preciso convocar a los consejeros distritales (seis en cada distrito, 240 en total), a quienes se les debe pagar una dieta (CEDF, artículos 82 y 141).

La designación de funcionarios de casilla se hace por insaculación y es imprescindible capacitarlos (CEDF, artículo 168), para lo cual es necesario contratar a cientos de instructores. Es necesario imprimir boletas, actas e instructivos, así como adquirir urnas, mamparas, crayones, sellos, líquido indeleble y otros materiales electorales (CEDF, artículos 174 a 180).

El armado y distribución de paquetes con la documentación electoral para 6 mil casillas hace necesaria la contratación de cientos de asistentes electorales (CEDF, artículos 179 y 185), quienes el día de la votación se constituyen en los enlaces entre los órganos desconcentrados y los funcionarios de casilla. Obviamente, para la distribución y concentración de dichos paquetes se requieren cientos de transportes, cuyo servicio significa una millonaria erogación.

Es necesario publicar dos veces la ubicación de los centros de votación y la integración de mesas receptoras, lo cual implica dos gastos: la impresión de los cuadernos con esta información contenida en decenas de páginas y su encarte en varios periódicos (CEDF, artículo 167).

Algo que no está en la ley, pero es lo menos que puede hacer el IEDF con los funcionarios de casilla que reciben voluntariamente la votación y sacrifican un domingo de descanso, es darles alimentación, y alimentar un día a 18 mil personas no es precisamente barato.

Hay quienes han pretendido comparar este plebiscito con la consulta organizada en 1993 sobre la elección de gobernantes en la ciudad de México. Ese ejercicio y el que se efectuará el 22 de septiembre no son equiparables, porque aquél no tenía que satisfacer tantos requerimientos de ley. El que sí es comparable es el realizado en 2001 en Veracruz, para el cual el Instituto Electoral Veracruzano solicitó un presupuesto de 48.2 millones de pesos y obtuvo alrededor de 37 millones, sin incluir gastos de difusión.

El Instituto Electoral del Distrito Federal ha presupuestado 52 millones para la organización del plebiscito, pero en tanto Veracruz tiene un padrón de 4.3 millones de electores, el DF posee uno de 6.6 millones. ƑVerdad que con estas cifras no resulta tan alto el presupuesto operativo para el plebiscito capitalino?

El presupuesto total anunciado por el IEDF es de 122 millones de pesos, pero en esta cifra se incluyen 70 millones para difusión. Esta es de suma importancia por una razón: para que el resultado sea vinculatorio, debe votar al menos una tercera parte del padrón, es decir 2 millones 200 mil ciudadanos en números redondos. Si no vota esta cantidad, el plebiscito no será obligatorio para el jefe de Gobierno y entonces su utilidad será pobre. Aun cuando Andrés Manuel López Obrador ha dicho que aceptará el resultado cualquiera que sea la afluencia a las urnas, lo cierto es que si no se alcanza la mencionada cifra, podrá acatarlo o no.

El jefe de Gobierno ha pretendido reducir la difusión del plebiscito a cuatro o seis debates y a la impresión de dos millones de volantes, aparte de que ha calificado de excesiva la inversión que en ese rubro pretende hacer el IEDF.

Dos razones que evidencian la irreflexión que acompaña a la propuesta de López Obrador: si sólo se imprimieran dos millones de volantes -independientemente de la escasa efectividad de este medio de difusión-, éstos no serían suficientes para que recibiera uno cada ciudadano del total que debe votar para que el plebiscito sea vinculatorio.

Para las campañas electorales efectuadas en 2000 por el PRD y los demás partidos que apoyaron en candidaturas comunes a López Obrador y a aspirantes a jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el IEDF les otorgó 104 millones de pesos en financiamiento. El total de personas que votó por el actual jefe de Gobierno fue de un millón 600 mil, es decir, 600 mil menos que los requeridos para que el plebiscito sea vinculatorio. ƑVerdad que con estas cifras los 70 millones para difusión no parecen excesivos?

ƑNo hay más remedio, entonces, que evitar la celebración de plebiscitos, por su elevado costo?

La respuesta es que sí hay remedio: reformar la Ley de Participación Ciudadana para eliminar la prohibición de celebrar plebiscitos y referendos durante los procesos electorales. Si aquéllos pudieran efectuarse junto con las elecciones, como se hace en otros países, su costo se reduciría casi a la impresión de una boleta adicional y su respectiva urna.

Consejero electoral del IEDF