No me lo imagino ordenando matar estudiantes, dice

Sería una sinrazón arraigar a Echeverría: su abogado

Los cargos, "hipótesis", expone Antonio Cuéllar Salas

JESUS ARANDA

El abogado defensor del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, Antonio Cuéllar Salas, dijo que en la averiguación contra su defendido "se tiene que respetar a las instituciones" y el estado de derecho, o de lo contrario se llegaría a la "sinrazón". Se cometería "un atraco jurídico" si se pretende actuar políticamente, valoró.

"Yo no me imagino un presidente mandando matar estudiantes", sostuvo, y añadió que Luis Echeverría es "totalmente ajeno" a los hechos que se le imputan, porque "no por ser secretario de Gobernación o presidente va a ser el responsable de todo".

En entrevista con este diario, rechazó la posibilidad legal de que se realice un careo entre Echeverría y Alfonso Martínez Domínguez (a quien el ex presidente culpó de la matanza del 10 de junio de 1971), porque no existe ninguna consignación penal de por medio, pese a que el primero ya compareció como "indiciado" ante la fiscalía para desaparecidos y el segundo lo hará el próximo 17 de julio.

Cuéllar Salas reconoció, sin embargo, que por tratarse de acusaciones por genocidio, homicidio y lesiones sí procedería que el Ministerio Público Federal solicitara el arraigo de su cliente, aunque dejó en claro que ello sería una "sinrazón" y violentaría el estado de derecho.

Al respecto, dijo que si el proceso contra Echeverría se desarrolla conforme a la ley, no hay elementos para condenarlo; pero si se aparta la autoridad de la ruta legal, "olvidando la historia jurídica, se acabaría con las instituciones".

Respecto a la inclusión del penalista Juan Velázquez en el equipo de abogados del ex presidente, Cuéllar Salas dejó en claro que él seguirá como abogado patrono y que aquél se centrará en lo penal. "La defensa del licenciado Echeverría tiene que ser amplia y abordar aspectos históricos, jurídicos y políticos, de los cuales me voy a encargar yo", precisó.

Al hacer un balance de las dos acusaciones contra su cliente y de las dos audiencias ante la fiscalía para asuntos del pasado (realizadas los días 2 y 9 de julio), el abogado afirmó que los cargos son "hipótesis", cuando una denuncia debe basarse en hechos y no calificar, porque ello le corresponde exclusivamente al Ministerio Público Federal.

Afirmó que si Echeverría no contestó ninguno de los interrogatorios los dos días que compareció es porque era "humanamente imposible" responder un día a más de 180 preguntas y el otro día a 159, por lo que resolvió acogerse a su derecho de hacerlo por escrito.

Según estimaciones extraoficiales, el 14 de agosto próximo vence el plazo para que la defensa del ex funcionario entregue sus respuestas a la fiscalía sobre los hechos del 68; el cuestionario sobre el 10 de junio de 1971 tendría que entregarse antes del 2 de octubre próximo.

Por otra parte, al igual que Juan Velázquez, Cuéllar dijo que "no ha lugar" a acusar a Echeverría de genocidio, porque si bien hubo muertos que lamentar en los hechos que le imputan, no se puede comparar lo que sucedió con la intención de exterminar judíos o con la limpieza étnica que ha tenido lugar en Bosnia.

En caso de que la fiscalía aceptara la existencia de ese delito, éste ya prescribió, al igual que los otros que se le imputan, como son homicidio y lesiones. Sin embargo, los abogados -Velázquez en entrevista radiofónica- aceptaron que será el juez el que determine en su momento si procede o no la prescripción.

Respecto a sus recientes declaraciones en las que aseguró que Echeverría es acusado por "delincuentes y guerrilleros" que quieren hacerse pasar como víctimas, Cuéllar precisó que el primero que lo dijo fue Gustavo Díaz Ordaz en sus informes de labores de 1968 y 1969.

Además, el que algunos de ellos hayan salido en libertad por una ley de amnistía no les quita la culpabilidad de los delitos que les imputó en su momento el Poder Judicial Federal.

Sin embargo, aceptó que las investigaciones de la fiscalía podrían determinar quién fue el que provocó y ordenó las muertes que tuvieron lugar el 2 de octubre y el 10 de junio, e insistió en que deben revisarse lo expedientes de la época y respetar lo que en su momento resolvieron las instituciones del país.