Carlos Fernández-Vega

EN SU POCO CONVINCENTE discurso "antifraude" del martes, George W. Bush exigió a los grandes corporativos que, por medio de sus comités de compensaciones, "eviten que los ejecutivos reciban préstamos de fondos de las propias compañías", práctica generalizada entre los grandes consorcios estadunidenses que forma parte de los escándalos financieros que han visto la luz pública en los últimos meses.

TRAS EL TARDIO mensaje, el sacrosanto "mercado" -icono de iconos de la heroica globalización-, lejos de tranquilizarse, se sensibilizó aún más. Pero la cereza del pastel la aportaron ayer los periódicos The New York Times y The Washington Post, quienes, con base en documentos presentados ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), revelaron que el propio presidente Marlboro "recibió créditos, a un bajo interés, hace más de una década por parte de una compañía petrolera (Harken Energy Corp.), donde trabajó de director, confirmó el jueves el gobierno. Bush se habría beneficiado así de una práctica que se hizo común y que ahora quiere ver prohibida como parte de una campaña contra las irregularidades cometidas por las empresas", de acuerdo con un despacho de Reuters.

LA CASA BLANCA intentó reaccionar de inmediato, y aseguró que los créditos que el consorcio petrolero otorgó a Bush en 1986 y 1988 "fueron totalmente apropiados y totalmente divulgados... Lo que ha sucedido en años recientes es que ha habido abusos y hay una necesidad de hacer reformas, y eso es lo que el presidente está haciendo", sostuvo Claire Buchan, portavoz de la Casa Blanca. Los créditos a tasas de interés bajas, que totalizaron más de 180 mil dólares, permitieron a Bush comprar 105 mil acciones de Harken, a través de un programa de opciones accionarias para ejecutivos de alto rango, dijeron funcionarios del gobierno. En junio de 1990, cuando era miembro externo del consejo de directores de Harken, el ahora mandatario estadunidense vendió 848 mil 560 dólares en acciones del corporativo petrolero al que servía.

AL RESPECTO, Bush sostiene que no cometió acción irregular alguna, y asegura que el asunto, que algunos críticos han comparado con las irregularidades contables de Enron, "son viejas políticas... Esto ha estado aquí desde hace mucho tiempo... Es algo reciclado".

MIENTRAS EL PRESIDENTE idea otro tipo de pretextos para intentar salir del problema, el anuncio de que la trasnacional telefónica Qwest Communications International -cuarta en orden de importancia en telefonía de larga distancia en Estados Unidos- está siendo investigada por la fiscalía de Estados Unidos reforzó la tendencia de venta accionaria masiva en los principales centros bursátiles internacionales, donde los inversionistas apuestan sobre el nombre de la siguiente empresa fraudulenta que morderá el polvo.

DE HECHO, Standard and Poor's redujo la calificación crediticia de dicho corporativo al grado más alto de bonos basura -al igual que los papeles de WorldCom-, toda vez que "podría infringir acuerdos bancarios claves si no logra vender activos a tiempo". La medida representó el último revés para la trasnacional con sede en Denver, que en abril redujo sus proyecciones sobre los ingresos anuales en al menos mil millones de dólares. Al mismo tiempo, tiene que hacer frente a una deuda cercana a 26 mil 200 millones de dólares, a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores por sus prácticas contables y a una fecha límite bastante ajustada para reducir su débito mediante la venta de activos. La decisión de la calificadora afecta la totalidad de la deuda de Qwest, proveedora del servicio telefónico local en 14 estados del oeste del país.

LA TRASNACIONAL TELEFONICA se mueve en el filo de la navaja, como tantas otras grandes empresas, por el escándalo financiero que ahora encabeza. Sin embargo, esta situación no es la primera que reporta, aunque a todas luces sí la más grave.

A FINALES DE 2000, la Comisión de Servicios Públicos de California (California Public Utilities Comission) inició una investigación en contra de Qwest Communications, tras ser acusada de prácticas conocidas como slamming (pirateo) y cramming (cobros fraudulentos). Un examen de las operaciones comerciales de Qwest concluyó que la empresa había cambiado (pirateado) usuarios de una compañía de larga distancia a otra, sin el consentimiento de los mismos, y les había cobrado por servicios que nunca proporcionó. El porcentaje de quejas más alto registrado contra la telefónica correspondió al sector de usuarios residenciales hispanoparlantes del estado de California y el de idiomas asiáticos. Entre enero y mayo de 2000, se presentaron más de 40 mil quejas contra el consorcio.

DE ACUERDO CON el informe de dicha comisión, Qwest utilizó cartas de agencia o autorización (LOA, siglas en inglés) para obtener la aprobación del usuario para cambiar de compañías de larga distancia y/o interurbanas locales. Las cartas LOA válidas deben llevar la firma de la persona que cambia el servicio de larga distancia. La empresa no procedió en tal sentido y en algunos casos se constató que los representantes de ventas de Qwest falsificaron las firmas, direcciones y fechas de nacimientos de los usuarios en las cartas LOA y las presentaron para que fueran procesadas como documentos legales.

SEÑALA TAMBIÉN QUE la empresa no verificó la información de las cartas LOA para determinar si el cliente deseaba efectivamente cambiar la compañía que le proporcionaba el servicio. Además, no confirmó los cambios a través de una tercera empresa independiente. Algunas de las cintas de verificación por terceros (TPV, siglas en inglés) contienen grabación de la voz de individuos que no son usuarios a los que se les había ofrecido una suscripción de servicio telefónico. "En una ocasión, la voz en la cinta TPV, según una abonada que escuchó la grabación, es la de un desconocido y no la de su difunto esposo. En otros casos, fueron mal rotuladas o simplemente son inaudibles."

LA INVESTIGACION REVELO que ciertas cuentas telefónicas de usuarios contenían cargos de servicios de Qwest que no habían sido autorizados. Entre enero de 1999 y agosto de 2000, Pacific Bell recibió más de 6 mil quejas de cramming contra Qwest. Las 4 mil 225 quejas de este tipo recibidas solamente en 1999 motivaron que el consorcio ahora investigado por la fiscalía de Estados Unidos ocupara la primera posición en California en cobros fraudulentos. Además, fue demandada por pirateo en ocho estados más y acusada por la Comisión Federal de Comunicaciones por incumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones de 1996.

Las rebanadas del pastel:

CUALQUIER PARECIDO con algunas telefónicas mexicanas, no es coincidencia.