En el caso Robles no hay impunidad

Continúa abierto el expediente contra Oscar Espinosa por malversación de fondos, señala

ELIA BALTAZAR

El caso del ex regente Oscar Espinosa Villarreal sigue abierto y la Contraloría General capitalina sólo espera que los tribunales resuelvan "en estos meses" el litigio que mantienen las autoridades locales frente al amparo otorgado al ex funcionario, por el cual las autoridades ni siquiera "hemos podido comenzar la investigación" por el presunto desvío de 400 millones de pesos que se detectó en la última administración priísta capitalina.

Así lo informó ayer la contralora general del Distrito Federal, Bertha Elena Luján, al rendir su informe trimestral de labores, en el cual destacó los operativos contra la corrupción que se aplican en el Instituto del Taxi y las oficinas de administración tributaria, así como la auditoría que actualmente se aplica en la Policía Auxiliar, para revisar el uso de los recursos y establecer mecanismos para mejorar la recaudación y facturación.

Sobre el caso Espinosa, Luján afirmó que existen elementos suficientes para suponer que hubo efectivamente la comisión de un hecho ilícito en la transferencia de 400 millones de pesos que se llevó a cabo sin más comprobación que un recibo firmado que no tiene validez.

"Esta gente tendrá que responder por estos hechos", dijo la contralora. No obstante, está pendiente la resolución de los tribunales por el recurso que presentó el ex regente para impedir que se lleve a cabo la investigación, bajo argumentos de forma que cuestionan la facultad de las autoridades en el caso.

"Hasta ahora -dijo Luján- los tribunales le han dado la razón. Pero confiamos en que en este litigio que mantiene el gobierno capitalino se nos conceda a nosotros, pues hay antecedentes que permiten esperar que se haga justicia y se permita a la Contraloría llevar a cabo este procedimiento."

Aceptación de fallo

La funcionaria fue interrogada una vez más sobre las acusaciones en que insisten diputados locales contra el gobierno de Rosario Robles por los gastos en publicidad. Y su respuesta fue tajante: "No hay impunidad. Y al respecto ya hay una resolución de la Contraloría que no fue impugnada por los demandantes, lo que significa que la aceptaron en sus términos".

La segunda etapa de la revisión de estos gastos, agregó, está en curso y se conjuntará con el dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF para sacar una resolución de manera coordinada.

Si bien en su reporte la contralora informó que en los últimos tres meses se aplicaron 12 sanciones económicas a ex funcionarios, por un monto de 2 millones de pesos, no precisó el desglose ni los nombres. Informó en cambio que en este periodo han sido sancionados 102 servidores públicos, de los cuales tres merecieron destitución, 15 fueron inhabilitados y destituidos de su cargo y hubo 40 amonestaciones públicas.

El combate a la corrupción que ha emprendido el Gobierno del Distrito Federal, dijo la contralora, requiere también de simplificar trámites engorrosos que generan, ya sea por parte del servidor público o del ciudadano, prácticas ilegales para eludir la normatividad.