ATENCO: EL CONFLICTO

Piden a Rosario Ibarra, Samuel Ruiz y Francisco Gallardo que participen como mediadores

Proponen los ejidatarios de Atenco instalar una mesa de negociación

Desconocen al gobierno de Arturo Montiel; posible incursión policiaca esta madrugada

RENE RAMON ALVARADO, JAVIER SALINAS Y ROBERTO GARDUÑO CORRESPONSALES Y ENVIADO

San Salvador Atenco, Mex., 12 de julio. Los ejidatarios en resistencia de San Salvador Atenco desconocieron al gobierno de Arturo Montiel como interlocutor para alcanzar una solución en el conflicto que se vive en la zona, y propusieron al gobierno federal que se establezca una mesa de negociación donde participen como mediadores Rosario Ibarra de Piedra, el obispo Samuel Ruiz y el general Francisco Gallardo.

El cerco tendido desde el jueves por las policías Federal Preventiva y estatal en las cercanías de la comunidad de San Salvador fue el último gran capítulo de una historia donde campesinos fueron objeto de amagos y presiones que tienen por objeto la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.

Al transcurrir las horas, en Atenco comenzó el temor ante una posible intervención de las fuerzas policiacas en el pueblo.

Anoche, funcionarios de la Secretaría de Gobernación negociaban con representantes del movimiento de resistencia en busca de una solución negociada al conflicto. No obstante, fuentes cercanas a la Policía Federal Preventiva (PFP) informaron que de no llegar a un acuerdo en esa reunión, las fuerzas de seguridad pública federales entrarían a las 5 de la mañana de este sábado al poblado.

La PFP utilizaría tres helicópteros MI8 para ingresar al municipio, y entraría también por caminos de terracería para sorprender a los moradores de la cabecera municipal, en un operativo a cargo de un general de apellido Arellano.

En alerta

La ausencia de negociación para resolver el conflicto que generó la retención de 16 funcionarios y policías estatales a manos de los ejidatarios, y los 14 campesinos detenidos a manos de los granaderos del estado, dio paso ayer a un estado de alarma y nerviosismo, que ya se había expresado durante la madrugada del viernes, por la probable incursión de la PFP.

Los ejidatarios encargados de los rondines en la comunidad se encaramaban en las camionetas, con machetes, tubos y palos en mano; otros jóvenes trepaban a las azoteas cargando cajas de refresco con bombas molotov, que a la hora de probarlas no estallaban; unos más descargaron los tráilers de una empresa refresquera y los llevaron a la carretera Texcoco-Lechería para colocarlos a manera de barricadas.

Al contrario de lo transmitido por los medios comunicación en las últimas horas, los habitantes de la comunidad permitieron, sin cortapisas, la entrada a cualquier reportero que se acreditara. El paso se abrió hasta para Televisión Azteca y Televisa. No hubo un solo acto de exclusión, a pesar del nerviosismo imperante.

Era lo contrario a lo que hasta el mediodía habían dicho el gobernador Arturo Montiel, su secretario de Gobierno, Manuel Cadena, y el procurador estatal Alfonso Navarrete, quienes acusaban a los campesinos de ser manipulados por grupos externos, formar parte de organizaciones guerrilleras y recibir recursos económicos para desestabilizar al gobierno mexiquense.

Arturo Montiel aseguró que él siempre ha manifestado que es partidario del diálogo. Los ejidatarios, que reunidos en la plaza central del pueblo se enojaron por las aseveraciones de los funcionarios, a quienes seguían en un pequeño monitor de televisión, señalaban: "Pinches mentirosos, no es cierto, nunca quisieron dialogar, porque saben que pagan una miseria por nuestras tierras... y de aquí nadie nos saca, escuchen, sino bien muertos", amenazaban desde la plazoleta.

A lo largo del día la movilización de la PFP para establecer el cerco sobre las comunidades de San Salvador Atenco y Texcoco fue discreta. Primero llegaron en grupos de 50 a los puntos conocidos como Comercial Mexicana, la caseta Peñón Texcoco y Tezoyuca. Al paso de las horas el número de efectivos se incrementó.a

También creció el número de puestos de mando. A las 10 de la noche se sumaron los de la Central de Abasto de Ecatepec, Puente de Fierro y la vía López Portillo. A esa hora el cálculo de efectivos sumaba 2 mil integrantes de la PFP.

Por la noche, los visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Arturo González Piñón y Evaristo García Estrada, ingresaron al penal estatal de Texcoco, para verificar y valorar el estado de salud de los presos Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinoza, dirigentes del movimiento campesino. De igual manera, por separado, se permitió la visita de tres de los labriegos.

Del Valle Medina se negó a aceptar el apoyo jurídico y médico de la CNDH. Ante este organismo dijo ser "preso de conciencia".

Ambos dirigentes denunciaron la "brutalidad policiaca" de la que fueron objeto durante el enfrentamiento y su posterior detención.

El recuento

El origen de esa disputa fue la expedición del decreto presidencial del 22 de octubre de 2001 para expropiar 73 por ciento de los terrenos del municipio de San Salvador Atenco. Esto propició el rechazo general de los ejidatarios, que en innumerables ocasiones se trasladaron a la ciudad de México para manifestar a las autoridades su inconformidad por la decisión de Ejecutivo federal, ya que se afectaba su único patrimonio.

Los argumentos del gobierno redundaron en que la superficie en disputa posee un bajísimo valor productivo y comercial, fijándole un costo para las tierras de riego equivalente a 26 pesos por metro cuadrado, y de 7.20 pesos para las de temporal, además de que, se insistía, los habitantes del municipio no tenían arraigo por sus propiedades, al tratarse de una comunidad nueva en la cuenca del lago de Texcoco.

Aquella desproporción entre los bajos costos que para el gobierno tiene la tierra de San Salvador y las amenazas de desalojo y "destrucción" del pueblo, porque las autoridades locales consideraban que estaba integrado de casuchas, originó la protesta campesina más fuerte en los últimos seis años.

Los pobladores de la comunidad reivindicaron, aún más, su arraigo por la tierra, y brotó una renovada admiración por las raíces históricas, con la invocación al rey poeta Nezahualcóyotl.

Y es que de las manifestaciones organizadas por los ejidatarios de San Salvador Atenco en la ciudad de México, en ninguna el gobierno federal estableció contacto con los afectados. En este movimiento popular la interlocución de las autoridades falló porque el tema de la construcción del aeropuerto internacional constituía, según el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, la mayor obra del sexenio foxista, y con esa decisión echada, retornar al punto inicial era prácticamente imposible.

Luego del enfrentamiento del jueves, la ausencia de contactos entre los ejidatarios y las autoridades del estado de México y el gobierno federal orilló el conflicto a un punto de quiebre, al grado que los campesinos se reorganizaron en medio de las falsas alarmas, y el consiguiente temor sobre la incursión policiaca para rescatar a los 12 funcionarios locales y estatales retenidos.

El cerco policiaco

Desde la madrugada, la movilización de los ejidatarios de San Salvador Atenco se extendió hasta los poblados Tocuila, Magdalena, Nexquipayac, Acuexcomac y la carretera Texcoco-Lechería.

A la medianoche los accesos a esas comunidades estaban bloqueados, y la avenida en dirección de Acolman pasó a ser un enorme estacionamiento de camiones de carga. A distancia, sobre la línea de la autopista, se distinguían hogueras resguardadas por campesinos.

Aquella noche constituyó el inicio de dos jornadas que tensaron los ánimos de los ejidatarios. Tras la primera alarma provocada por un cohete lanzado en el barrio de Acuexcomac, la sombra de la intervención policiaca se extendió en los pueblos.

Desde entonces, y hasta la madrugada de este sábado, la idea, persistente, de la intervención de la fuerza federal fue la principal obsesión de los campesinos. Ellos, acompañados de un grupo de estudiantes y profesores de la UNAM, del Frente Zapatista de Liberación Nacional, el Frente Francisco Villa y el Frente Popular Revolucionario se dieron a la tarea de reorganizarse, "para preparar la defensa" y proveer de alimentos a los participantes en la defensa de su pueblo.

En contraste a lo dicho por las autoridades del gobierno estatal, de que la mayoría de los participantes en la protesta son infiltrados, y reciben recursos económicos de los gobiernos del Distrito Federal y de Hidalgo, los ejidatarios elaboraron en medio de la precariedad decenas de bombas molotovs, y cortaron maderos para utilizarlos como probable defensa.

Con poco dormir la mayoría de los campesinos, recibieron la mañana del viernes con una avalancha informativa en su contra, lanzada por los medios electrónicos de información, que se dieron a la tarea en principio de difundir la versión gubernamental, y horas más tarde, a fuerza de una apertura inusitada de los moradores del pueblo porque rompieron el veto contra Televisa y Tv Azteca, comenzó a fluir la versión de ellos.

Nació de los habitantes de San Salvador Atenco una propuesta, para que las autoridades del estado de México aceptaran un "trueque" para intercambiar a los retenidos del gobierno y los detenidos de la población.

La fórmula de los habitantes del pueblo, aprobada en asamblea abierta, fue dada a conocer por David Pájaro y se transmitió en vivo al gobierno de Arturo Montiel. Consistía en entregar por parte de los ejidatarios, cinco funcionarios del gobierno a cambio de los 12 detenidos, a excepción de los líderes Ignacio del Valle y Jesús Adán Espinoza, quienes serían intercambiados posteriormente por el subprocurador y el jefe de Averiguaciones Previas de la subprocuraduría de Justicia de Texcoco.

La sugerencia de los moradores de la comunidad a la administración de Montiel era para antes de que se metiera el sol, pero las autoridades no respondieron, y quedó como único respiro la intervención de Samuel Ruiz, el general José Francisco Gallardo y Rosario Ibarra de Piedra, quienes participarían en labores de mediación para evitar una tragedia.

Por la noche, al cierre de la edición de La Jornada, el movimiento ejidal sólo reconoció al gobierno federal como interlocutor.

América del Valle, leyó el comunicado donde los campesinos solicitan la intervención de Rosario Ibarra de Piedra, Samuel Ruiz García y Francisco Gallardo, y se comprometen a retirar el bloqueo en la carretera Texcoco-Lechería y la entrega de funcionarios retenidos.

Además, especificó que los habitantes de San Salvador Atenco desean que las autoridades retiren la fuerza pública estatal y federal, atención inmediata de los heridos, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la conformación de una comisión plural de las cámaras de Diputados y Senadores, y diálogo público con carácter resolutivo.