Reconoce: deficiente, la actuación de las instituciones

Lamenta Gálvez que el Estado no dé suficiente atención a pueblos indios

ALMA E. MUÑOZ

Esta nación no ha resarcido plenamente el usufructo del desarrollo a los indígenas, pues sus tierras, recursos naturales y asentamientos son afectados por expropiaciones para la construcción de presas y obras de exploración y explotación petroleras, consideró ayer Xóchitl Gálvez, quien subrayó las condiciones socioeconómicas en que viven los integrantes de las etnias mexicanas.

Basta añadir, dijo la titular de la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indios, que 92 por ciento de estos pobladores están por debajo de la línea de pobreza y 88 por ciento de sus municipios se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación. Además, producto de ésta, un gran número de ellos habita en campamentos insalubres, en campos agrícolas o ha engrosado los cinturones de miseria de las grandes y medianas ciudades.

Luego enumeró algunos problemas que éstos enfrentan: severas deficiencias en alimentación, precarias condiciones de salud y educación, dispersión, aislamiento geográfico, escasez de empleo, bajo o inexistente ingreso, conflictos agrarios, deterioro ecológico, problemas productivos y de comercialización, falta de acceso pleno a la justicia, caciquismo, violencia armada e incluso persecución religiosa.

Todo ello, agregó, "son factores que han acentuado las tendencias históricas de la desigualdad de esta población".

Xóchitl Gálvez clausuró el Congreso Nacional de Derecho Agrario Sustentable 2002. En la Facultad de Derecho de la UNAM, sin embargo, tuvo que suspender dos veces la lectura de su ponencia, porque se le bajó la presión y se sintió "totalmente descontrolada". Explicó que le afectó el cambio de altitud, pues días antes estuvo en Bolivia. Luego de beber Cola-Cola y tomar aspirinas continuó. "Llegó un momento que no los veía, pero no me quise rajar", expresó al público asistente al final de su participación.

Frente a magistrados y al presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, la funcionaria lamentó que los indígenas no cuenten con "una suficiente atención institucional, continua ni adecuada a sus diferencias culturales. Lo agrario -subrayó- no es la excepción. No es casual que los conflictos en el campo de mayor dificultad y sin definitividad jurídica se ubiquen en ejidos y comunidades indígenas".

En muchos de estos casos, afirmó, "las actuaciones institucionales fueron deficientes al ejecutar resoluciones de forma que a la larga no respaldaron las superficies o los linderos que establecían los documentos".

Los problemas, continuó, son de diversa índole, pero destacan los de límites con otros núcleos, "por exclusión de supuestas pequeñas propiedades a su interior y por sobreposición de planos, lo que limita el desarrollo de las comunidades y obstaculiza su acceso a programas gubernamentales que se basan en la tierra y dificultan la protección y usufructo de los recursos naturales".

Reiteró que para el gobierno merecen especial atención los problemas de las comunidades de los Chimalapas; de los pobladores del noroeste de Cintalapa, Chiapas; la región huichol; Santa María de Ocotán, y Bernalejo, así como de los asentamientos indígenas ubicados entre Durango y Nayarit. También de la selva Lacandona, la Meseta Purépecha, las regiones tarahumaras, la tribu Yaqui y las fricciones entre San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán, San Juan Lalana y sus anexos, así como Sola de Vega y San Vicente Coatlán, estas últimas en Oaxaca.

Destacó que estos casos tienen por característica común su ubicación en "lugares donde los recursos naturales son abundantes, especialmente forestales", lo cual conlleva a actos de despojo e invasión, explotación ilegal de bosques y biopiratería.

Algunos de estos asuntos, puntualizó Gálvez, "rebasan el ámbito de una entidad federativa, lo que agrega un ingrediente político, ya que los gobiernos de los estados los asumen como conflictos de límites estatales y de soberanía".

Consideró indispensable que las instituciones asuman en conjunto estos procesos, "privilegiando siempre la conciliación y propiciando que esos acuerdos sean convalidados por los tribunales agrarios para que adquieran el carácter de cosa juzgada".

Recordó que hace unos días visitó la presa Miguel Alemán, ubicada entre Veracruz y Oaxaca, y se percató que los mazatecos están fuera del beneficio que traerá la construcción de ésta. "ƑPara quién fue el desarrollo?", preguntó, y luego dijo: "Esta nación no les ha resarcido plenamente a los indígenas el usufructo del desarrollo, y esa es la deuda social que tiene con ellos".

México, finalizó la secretaria, es una nación declarada, constitucionalmente, multiétnica e intercultural, pero en realidad "nada de eso ocurre".