Luis Hernández Navarro

Las razones de Montiel

El pasado jueves 11 de julio el gobernador del estado de México, Arturo Montiel, ordenó reprimir a los campesinos de Atenco y detener a sus dirigentes. Le urgía frenar el movimiento en contra del despojo de sus tierras para construir un nuevo aeropuerto.

Casi nueve meses después del anuncio de la expropiación de las parcelas ejidales las obras no han podido comenzar. Doscientos 70 días de incertidumbre -más los que se acumulen- son mucho tiempo para los grandes inversionistas y políticos que han comenzado a mover sus capitales para adquirir propiedades y comprar favores sin que hayan podido amarrar un solo negocio.

Legalmente los promotores de la nueva terminal aérea no las tienen todas consigo. Los campesinos han obtenido importantes avances en los tribunales, al punto de que el decreto expropiatorio se encuentra suspendido, y el tiempo podría favorecerlos aún más.

La visita del Papa proporcionará a los labriegos un importante respiro y evidente visibilidad internacional. Reprimirlos durante la estancia de Juan Pablo II en México tendría para el gobierno mexicano un alto costo político. La presencia de medios de comunicación de todo el mundo les facilitará la tarea de difundir ampliamente su causa.

Las elecciones municipales mexiquenses de comienzos del año entrante serán un momento clave en el esfuerzo del PRI por recomponerse políticamente y ganar las elecciones federales de 2003. El gobernador mexiquense pretende hacer de esas jornadas electorales su plataforma de lanzamiento a la precandidatura a la Presidencia de la República, mientras promueve a su procurador de Justicia, Alfonso Navarrete Prida, como sucesor en la gubernatura del estado.

Atenco se ha convertido en una molesta "piedra en el zapato" en los planes de restauración del priísmo mexiquense. En apenas 18 meses Montiel montó una eficaz campaña para desfondar y deslegitimar al PAN, que había arrasado en la entidad en las elecciones federales de 2000. Asesinatos, altos salarios y escándalos de los ediles blanquiazules le permitieron al mandatario acabar con la autoridad moral del panismo. Sus éxitos policiacos en la captura de varios secuestradores empujaron sus bonos hacia arriba. Sólo los ejidatarios del Movimiento en Lucha por la Defensa de la Tierra de Atenco se interponen entre él y sus ambiciones de hegemonía tricolor en el estado.

Para terminar con la resistencia de los ejidatarios, el gobernador montó una provocación clásica. Su objetivo era descabezar al movimiento, aislarlo de la opinión pública, acelerar la indemnización de los núcleos de ejidatarios más propensos a vender sus terrenos y forzar con los sectores más duros del movimiento una negociación, usando como rehenes a sus dirigentes.

Una acción así parecía tener posibilidades de éxito. Cuenta con el apoyo de los poderosos grupos de inversionistas y especuladores que se beneficiarán del proyecto aeroportuario. Pero, además, después de ocho meses de movilizaciones las posiciones dentro de los labriegos se habían polarizado.

La labor de zapa de los operadores del gobierno estatal se concentró en tratar de convencer de la conveniencia de vender las tierras a los ejidatarios a los que el decreto expropia menos superficie, enfrentándolos con los pobladores de San Salvador Atenco, a los que el decreto quita alrededor de 80 por ciento de su territorio, incluida su iglesia y su cementerio. El gobierno estatal supuso que al encarcelar a los dirigentes sociales la resistencia se desmoronaría.

No fue así. Como un moderno aprendiz de brujo, Arturo Montiel se encontró con que había desencadenado fuerzas sin tener control alguno sobre ellas. La represión precipitó una revuelta y la unificación de los grupos de campesinos en la región. A pesar de la intensa campaña mediática de desprestigio en su contra, el movimiento ganó a una parte importante de la opinión pública. Además de hacerse del control territorial promovió una iniciativa para el diálogo que contuvo la salida represiva y sacó a las autoridades estatales de la jugada.

Atrapado entre las maniobras de Montiel y la propia arrogancia -Ƒde qué otra manera puede calificarse ignorar ocho meses de movilizaciones campesinas?-, el gobierno federal se vio obligado a hacerse cargo de la situación. Tuvo que decidir entre la represión o el diálogo; entre considerar el movimiento como genuino o como creación artificial de grupos radicales; entre negociar con sus dirigentes reales encarcelados o inventar interlocutores; entre suponer que la unidad de los ejidatarios se había roto o que su cohesión era suficiente para resistir más.

Por lo pronto, sea porque quiere ganar tiempo y distender el conflicto, o porque busca una genuina salida negociada, el gobierno federal se decidió por la vía del diálogo. Sin embargo, esta dinámica puede cambiar con rapidez. Los intereses que se encuentran detrás de Arturo Montiel se expresan también dentro del gabinete presidencial. Fueron ellos los que forzaron la balanza a favor de la construcción del aeropuerto en Texcoco y poseen una poderosa capacidad de presión, que van a usar para hacer que las razones de Montiel para reprimir se conviertan también en las razones del gobierno de Vicente Fox.