El líder del Congreso, Ríos Montt, entre los acusados

Resolverán en septiembre si procesan en España a represores guatemaltecos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 15 de julio. El Tribunal Supremo español decidió este lunes posponer hasta septiembre su resolución sobre el recurso interpuesto por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, para que su denuncia por genocidio, terrorismo y tortura contra siete militares y un civil guatemaltecos sea juzgada en este país con base en el principio de "jurisdicción universal".

El Tribunal Supremo escuchó durante dos horas los alegatos de los abogados que representan a las víctimas de la dictadura militar de Guatemala, lo que significa el primer paso de lo que será la postura de este órgano judicial en los procesos de índole internacional asumidos por la Audiencia Nacional de España, como los llevados a cabo contra el régimen dictatorial de Augusto Pinochet y las Juntas Militares argentinas.

Después de la cancelación de última hora de mayo pasado, finalmente hoy se llevó a cabo la sesión en la que el Tribunal Supremo asumió las competencias para resolver en torno al caso Guatemala, que se remonta a la denuncia presentada en 1999 por Rigoberta Menchú Tum contra los militares que diseñaron y perpetraron el genocidio de más de 200 mil personas, la mayoría de origen maya, que fueron acribillados por métodos similares, incluso más sangrientos, a los de las dictaduras del Cono Sur.

Esta sesión estaba programada para mayo pasado, sin embargo, por razones "burocráticas" se pospuso indefinidamente, si bien hoy se llevo a cabo la primera parte de este debate, que consistió en que el Alto Tribunal escuchara los argumentos de los abogados defensores, quienes reiteraron que en Guatemala es "imposible" llevar a cabo procesos judiciales contra los responsables de este genocidio, ya que la mayoría continúa en el poder, y que, por tanto, los tribunales españoles tienen competencia en este proceso judicial.

Entre los acusados figuran el actual presidente del Congreso guatemalteco, Efraín Ríos Montt, y los ex generales Romeo Lucas García y Oscar Humberto Mejía Victores.

Gustavo Meoño, presidente de la Fundación Rigoberta Menchú, explicó a La Jornada que después de la sesión en el Tribunal Supremo "estamos esperanzados en que la contundencia de la argumentación jurídica a lo que debe de conducir es a una conclusión positiva, con lo que el caso retornaría a la Audiencia Nacional, porque hay una fundamentación jurídica y doctrinaria que no apela a valoraciones éticas o morales, sino que se apega al derecho, ya que nadie puede negar que en Guatemala se cometió genocidio y que los responsables deben ser castigados".

Mañana se escucharán los alegatos del fiscal del Estado, Pedro Robira, quien ha sido beligerante con el proceso y el principal responsable de que se desestimara en la Audiencia Nacional el proceso sobre Guatemala.