Acuerdan El Barzón e IPAB descontar esos recursos de las prerrogativas del IFE

Obligarán al PRI a devolver 45 mdd, destinados a las campañas de Madrazo y Zedillo en 1994

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Un acuerdo entre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el movimiento de deudores El Barzón, que fue avalado ayer mismo por la Secretaría de Gobernación, abrió la puerta para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sea obligado a regresar alrededor de 45 millones de dólares que fueron canalizados por Banca Unión a las campañas de Roberto Madrazo y Ernesto Zedillo y que forman parte del quebranto provocado por esa institución de crédito cuando era presidida por Carlos Cabal Peniche.

El acuerdo, logrado después de dos días de protesta de El Barzón, que mantuvo bloqueadas las instalaciones del IPAB, establece explícitamente que los recursos recibidos ilegalmente por el PRI para financiar parte de la campaña de Roberto Madrazo a la gubernatutura de Tabasco y la presidencial de Ernesto Zedillo serán descontados de las prerrogativas que recibe ese partido político de parte del Instituto Federal Electoral (IFE).

La petición de requerir al PRI que devuelva el dinero que recibió irregularmente de Banca Unión, y que posteriormente la institución de crédito trasladó al extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), fue una de las principales demandas de la movilización realizada los últimos dos días por El Barzón, que incluyó la toma de las instalaciones del IPAB y de las oficinas centrales de Banamex, BBVA-Bancomer e Inverlat.

En un comunicado emitido ayer por la tarde, para dar cuenta de los acuerdos adoptados con El Barzón y avalados por la Secretaría de Gobernación, el IPAB señala que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) información sobre el avance de las auditorías a que se refiere el artículo séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, "por cuanto respecta a Banco Unión SA, institución de banca múltiple en liquidación".

Ese artículo séptimo transitorio establece que en caso de que instituciones de interés público, como los partidos políticos, hubieran recibido financiamiento de alguna entidad bancaria que después provocara un daño al patrimonio del banco, se requerirá la devolución de los recursos con cargo a las prerrogativas que recibe cada partido.

El comunicado, que lleva como título "Comisiones del IPAB, Segob y El Barzón firman minuta de las negociaciones sostenidas", señala a la letra que "conforme lo establece el artículo séptimo transitorio y el marco regulatorio vigente, en caso de hallarse operaciones de mutuo o préstamo a entidades de interés público que reciban financiamiento público, y que por ellas se haya generado quebranto económico a Banco Unión, el IPAB procederá a requerir, por los medios jurídicos aplicables, la devolución del monto de las operaciones de crédito aplicables con cargo a los financiamientos públicos".

Después de concluir la reunión con los directivos del IPAB, en la que participaron funcionarios de Gobernación -entre ellos el subsecretario Ramón Martín Huerta-, el dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que el acuerdo es que una vez realizada la auditoría sobre las cuentas de Banca Unión se procederá inmediatamente a la aplicación del artículo séptimo transitorio, "para descontar de las prerrogativas que el IFE entrega al PRI el monto del dinero que ese partido recibió del banco, y que generó el quebranto de Banco Unión".

Ramírez Cuéllar señaló que el descuento de los 45 millones de dólares al PRI deberá ser realizado en el ejercicio fiscal que inicia el 1Ɔ de enero próximo.

La realización de la auditoría a las cuentas de Banco Unión que sirvieron para canalizar recursos al PRI, que nunca fueron pagados y se trasladaron al Fobaproa, parece ser mera cuestión de forma, dado que la operación está suficientemente probada.

La historia de los "donativos"

En junio de 1999, La Jornada informó que el informe de una auditoría practicada a Banco Unión reveló que esa institución de crédito destinó recursos al PRI a través de "operaciones contables fuera de toda sana práctica bancaria".

Las aportaciones de dinero hechas por Banco Unión al PRI fueron realizadas en cinco exhibiciones entre octubre de 1993 y mayo de 1994, cuando el banco todavía era dirigido por Carlos Cabal Peniche, quien encabezó la institución de crédito hasta el 5 de septiembre de 1994, cuando fue intervenida por el gobierno federal.

El reporte de una auditoría interna a Banco Unión, fechado el 13 de diciembre de 1994 y firmado por el contador público Josué Peláez Rueda, documenta la constitución por parte del Partido Revolucionario Institucional de al menos un fideicomiso en Banco Unión, en la ciudad de México.

El fideicomiso, con el número 2929-4 Comité Ejecutivo Nacional del PRI-Banco Unión, fue constituido el 22 de julio de 1993 y firman como fideicomitentes Fernando Ortiz Arana y Carlos Enrique Sales Gutiérrez, entonces presidente y secretario de finanzas, respectivamente, del partido tricolor.

Los fondos para alimentar al fideicomiso provinieron de la cuenta concentradora 964004-5 a nombre de Administración Fiduciaria por Cuenta de Terceros. Los recursos fueron obtenidos mediante créditos quirografarios -es decir, sin garantía- otorgados por Banco Unión a empresas de reciente creación, vinculadas a Cabal Peniche.

La auditoría documenta que el 26 de julio de 1993 Banco Unión expidió 60 cheques de caja. El 27 de julio de ese mismo año la totalidad de los documentos fueron negociados en la matriz de Banco Unión en la ciudad de México y depositados en la cuenta de cheques 964004-5, a nombre del comité ejecutivo nacional del PRI.

En las conclusiones de la auditoría, se establece que las transferencias de los 60 cheques de caja a la cuenta de cheques del PRI constituyeron "operaciones contables fuera de toda sana práctica bancaria, en virtud de que se simuló que se estaban iniciando partidas de crédito que en distintas sucursales del interior de la república serían correspondidas, situación que no se dio".