Emilio Pradilla Cobos

Atenco

El enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad pública del estado de México y los ejidatarios de San Salvador Atenco, ocurrido el jueves pasado y que dejó un saldo de varios campesinos malheridos y un número mayor de detenidos y enjuiciados, es un momento más en la cadena de errores cometidos por los gobiernos federal y mexiquense en aras de su proyecto de construir el nuevo aeropuerto metropolitano en Texcoco, como una operación del gran capital monopólico aeronáutico y los especuladores inmobiliarios.

En la decisión de localizar la terminal aérea en Texcoco, el gobierno federal tuvo oídos sordos para las opiniones desfavorables, ampliamente sustentadas, de los gobiernos del Distrito Federal e Hidalgo, especialistas en urbanismo, estudios de suelo, hidráulica, riesgos naturales y protección ambiental, de los habitantes de los municipios involucrados y los ejidatarios del área. Prefirió la tradicional vía autoritaria a la del diálogo democrático. En forma elocuente, los decretos expropiatorios fueron redactados desde antes de que, supuestamente, concluyera la consulta pública, mostrando que la decisión estaba tomada y que dicha consulta era simplemente para distraer a los detractores.

A los ejidatarios, que habían insistido en que no venderían sus tierras, el gobierno federal les ofreció una ridícula indemnización sin ninguna relación con los precios reales del suelo y mucho menos con el precio futuro derivado de la inversión y la especulación. No esperó los fallos judiciales sobre la controversia constitucional interpuesta contra la decisión por el Gobierno del Distrito Federal y algunos municipios afectados, ni sobre los amparos solicitados por los ejidatarios; utilizando al gobierno mexiquense como operador, empezó a presionar a los ejidatarios mediante la presencia en la zona de miembros de cuerpos de seguridad, técnicos que realizaban estudios y el anuncio de obras viales relacionadas con el aeropuerto, al tiempo que licitaba el "plan maestro" de la terminal aérea. No dialogó con los campesinos, que tomaron el camino de la movilización; optó por esperar que su movimiento se desgastara y dividiera, sin lograrlo efectivamente.

Esta suma de errores gubernamentales condujo inevitablemente al enfrentamiento y la represión. En el despliegue mediático montado sobre el enfrentamiento, el gobierno mexiquense, heredero del viejo régimen autoritario, aún vivo y actuante, usó el anacrónico y gastado discurso de acusar a los ejidatarios que defienden su tierra, su fuente de trabajo, su historia y su identidad cultural, de "guerrilleros y subversivos", con lo que mostró su incoherencia e incomprensión de los hechos reales y de sus actores; en ese camino deleznable lo siguieron los noticieros de los grandes monopolios televisivos y otros medios de comunicación.

Ante la gravedad de los hechos desatados y la reacción de la opinión pública, los gobiernos federal y mexiquense echaron parcialmente marcha atrás en la escalada represiva, pero el problema sigue ahí: el movimiento social opositor al aeropuerto sigue, con más solidaridad que antes, y su motivo, la construcción del aeropuerto, no ha sido resuelto. Sólo se dialogó sobre los efectos -los heridos, los detenidos, los rehenes-, y no sobre la causa del incidente. Sobre la construcción del aeropuerto, el gobierno federal mantiene su decisión y sólo hace una oferta tardía, tan insuficiente como la anterior, ignorando que los ejidatarios mantienen su negativa a vender las tierras.

Avanzar realmente hacia una solución del conflicto implica, necesariamente, suspender todo acto directo o disfrazado de provocación a los ejidatarios, y descartar cualquier acción represiva en su contra y de quienes les demuestren solidaridad en la movilización. Habría que esperar los fallos de la justicia sobre las controversias constitucionales y los amparos o, mejor aun, cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco y abrir la discusión sobre otras opciones de localización más adecuadas para la zona metropolitana y menos conflictivas.

Hay pruebas claras de la inconveniencia urbana, ambiental, hidráulica, geológica, por riesgos y constructiva de la terminal aérea en Texcoco; además es socialmente inviable. No es posible que los gobiernos federal y mexiquense insistan en un proyecto de alta conflictividad que tiene tantos opositores calificados, incluyendo dos de los tres gobiernos estatales involucrados.

La solidaridad de las organizaciones sociales -obreras, campesinas, urbanas- y no gubernamentales, de los intelectuales y los políticos democráticos debe rodear a los ejidatarios de Atenco y protegerlos contra cualquier rebrote de represión. Su lucha en defensa de su patrimonio, su lugar de trabajo, su cultura y su historia es justa y se liga con muchas otras que, desde distintos ámbitos, se defienden del autoritarismo estatal y el neoliberalismo salvaje.