Analiza al GDF operaciones federales que le significaron baja de participaciones
Hacienda afectó a 25 entidades al devolver impuestos a la IP
Se destinó más de $9 mil millones a Bacardí, Casa Cuervo, Del Valle y otras empresas
BERTHA TERESA RAMIREZ
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afectó a 25 entidades al destinar más de 9 mil millones de pesos de la recaudación federal participable para devolver a empresas privadas el pago de impuestos como el IVA.
Las empresas que recibieron los recursos, que debieron ser destinados a los gobiernos estatales, fueron Bacardí y Compañía, con 2 mil 100 millones de pesos; Casa Cuervo, con mil millones, y Jugos del Valle con mil 400 millones de pesos. Además, Hacienda devolvió por concepto de IVA otros 3 mil 200 millones de pesos a diferentes empresas del sector privado.
En un informe de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF) sobre esta situación, se advierte que el depósito de Hacienda por participaciones a las autoridades capitalinas, fechado el 25 de enero de 2001, fue menor en 361 millones de pesos a lo que por ley le correspondía.
En aquel año, varias empresas exigieron a Hacienda la devolución del pago de impuestos, entre ellos el IVA. Los litigios iniciados aún no encontraban un fallo contra la Federación, pero la SHCP ya empezaba a hacer un fondo para pagar a las firmas.
Según el análisis de la Secretaría de Finanzas del GDF, la baja en la participación se hizo previendo que el fallo sería contra la Federación, y si no ocurriera así, se contara con los recursos para devolver los montos de manera líquida e inmediata.
La devolución del IVA al proveedor de un bien o servicio es indebida, señala el GDF, ya que ese impuesto es pagado por el consumidor del producto, mientras que la persona física o moral que hace la venta únicamente lo traslada a Hacienda; sin embargo, la devolución se hizo a esos proveedores.
"En otras palabras, a las entidades federativas se les disminuyen recursos de sus participaciones para ser devueltos a una persona física o moral que ni siquiera lo desembolsó de manera directa", argumenta.
Durante 2001 Hacienda informó, dice el análisis, mediante documentos sin membrete ni firma el total de las devoluciones que se efectuaron en el ejercicio.
La misma fuente hace hincapié en que a partir de la información que la SHCP dio a conocer de manera oficial, "es imposible verificar que las devoluciones que dio a conocer el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hayan sido efectivas y por el monto señalado, por lo que no existe manera de cruzar la información que verbalmente da a conocer Hacienda con los niveles de recaudación registrados en la Cuenta Pública de la Federación para el ejercicio 2001".
El monto establecido por las devoluciones de impuestos llegó casi a los 10 mil millones de pesos, para lo cual se descontó a todas las entidades 8 mil 905 millones de pesos.
En el caso del Distrito Federal, el gobierno debió recibir 383.4 millones de pesos por las participaciones de la Federación, y los descuentos que se le hicieron de manera "directa y transparente" se ubican en 85.9 millones de pesos, es decir, 22.4 por ciento de lo presupuestado.
Lo que no pudo detectarse "de manera directa y transparente" es el 77.6 por ciento restante, cuyo monto alcanza los 297.5 millones de pesos que debió recibir el gobierno de la capital, por lo que "pudieron haber existido dos escenarios" diferentes:
"El registro se hizo de manera distinta y se afectó la recaudación federal participable correspondiente a 2001, o bien las devoluciones presentadas por la Secretaría de Hacienda no provenían de las resoluciones en los litigios iniciados por las empresas que alegaron la devolución de los impuestos, sino que la autoridad hacendaria las construyó con información preliminar; esto es, que a pesar de la inconformidad de las entidades, la SHCP ideó una manera de crear el fondo que garantizaría la liquidez para pagar a las empresas y que éste no fuera detectado por las entidades federativas."
Debido a esta situación, el GDF ha pedido una explicación a la autoridad hacendaria sobre el manejo al que tiene derecho por los programas para fortalecer a las entidades del país.
