Pide la comparecencia de Martens, Elías Ayub y Francisco Barrio para aclarar irregularidades

Evidencia el PRD corruptelas en CFE

Un expediente de 150 cuartillas, que presentó el diputado Miguel Bortolini, involucra a funcionarios y empresas interesadas en la privatización Podrían recuperarse 50 mil mdd si se actuara penalmente

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

El PRD demandó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la comparecencia del secretario de Energía, Ernesto Martens, y del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, además del contralor Francisco Barrio, para que respondan sobre las múltiples irregularidades y corruptelas que se han detectado en esa paraestatal en los últimos dos sexenios, y que involucran a funcionarios y empresas nacionales y extranjeras interesadas en la privatización eléctrica.

"Se podrían recuperar cerca de 50 mil millones de dólares si se actuara penalmente contra los responsables de esa corrupción en la CFE", advirtió en la tribuna del órgano legislativo el diputado perredista Miguel Bortolini Castillo. Presentó un expediente de 150 cuartillas, que incluye documentos confidenciales en los que se da cuenta de prácticas de corrupción en por lo menos 12 proyectos de la paraestatal.

Y ello es apenas la punta del iceberg, advirtió, porque "la corrupción se refleja en todas las obras que ejecuta la CFE", lo que "ha dado artificiales argumentos a los pregoneros de la privatización". La denuncia sorprendió a panistas y priístas, que no le entraron a la discusión.

Bortolini, en tanto, aclaró que la corrupción se ha dado precisamente por la relación con el capital privado. "El problema no es que la energía eléctrica sea potestad del Estado, sino que haya sido utilizada para amasar fortunas ilícitas, tanto de funcionarios públicos como de grandes empresas nacionales e internacionales.

El diputado Bortolini agregó que el mejor ejemplo de que no se requiere privatizar la CFE es que opera bien, pese a la terrible corrupción que hay en ella. Pidió incluso que se leyera ante el pleno la "atenta nota informativa" del ex director del órgano de control interno de la CFE, Manuel Olvera Mazariegos -fechada el 24 de junio del 2000-, en la que el funcionario advierte sobre las irregularidades en la licitación LI-507/93, para la construcción de la terminal de recibo y manejo de carbón Plutarco Elías Calles, en Petacalco, Guerrero.

Ese megaproyecto, agregó, fue adjudicado indebidamente al consorcio Techint-Grupo Mexicano de Desarrollo por 30 años, especificándose que en ese periodo se consumirían 180 millones de toneladas carbón, pese a que la empresa incumplió las bases de licitación, en las fases técnica y económica, de acuerdo con documentos oficiales emitidos tanto por la CFE como por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).

El diputado del PRD destacó asimismo que se violentaron disposiciones legales para favorecer a Techint-GMD y lo más grave es que "los funcionarios de la CFE y la Secodam convalidaron todas estas irregularidades, con lo que se incrementaron los costos del proyecto y a concesión de manera exorbitante, a más de mil 100 millones de dólares, sin que se reportara algún beneficio para la paraestatal".

A pesar de todo esto, dijo, se le adjudicaron el suministro y transporte marítimo de 180 millones de toneladas de carbón a este mismo consorcio por la cantidad de 10 mil millones de dólares, como dan fe las "atentas notas informativas" del ex funcionario fechadas el 14 y 24 de julio de 2000.

Mencionó luego las prácticas corruptas en la Central Termoeléctrica Samalayuca II. Explicó que la misma se licitó en 1992, con capacidad de 700 megavatios, y se dieron al consorcio General Electric 20 días posteriores a la fecha de adjudicación para la firma de los contratos respectivos. Sin embargo, al final la CFE y la Secodam consintieron en que este requisito se incrementara a mil 233 días, "pasando por encima de los planes de expansión de energía eléctrica del gobierno y ocasionando un quebranto patrimonial significativo. Igualmente se permitió la entrega de equipo no licitado ni indicado en la oferta ganadora, que significó aceptar una planta de solamente 505 megavatios, pagándose aproximadamente 350 millones de dólares suplementarios".

Compromiso difícil de cumplir

Respecto a este punto, la Auditoría Superior de la Federación concluye que la cantidad comprometida, motivo de costo más intereses, no podrá ser sufragada con los recursos captados por venta de energía eléctrica, lo que significa que se violentó la normatividad, además de que el proyecto no es rentable.

Bortolini presentó otros proyectos para la CFE con "múltiples irregularidades", entre ellos cinco plantas turbogás de 150 megavatios cada una, adjudicadas a las empresas Westinghouse y Marubeni, y la Central Termoeléctrica Topolobampo, de 320 megavatios, cuyo costo original de 246 millones de dólares, al final fue de 420 millones de dólares.

Las líneas de transmisión y subestaciones adjudicadas a Techint-Siemens, con número de contrato 951046; Tribasa, 951044, lo mismo que a la empresa AEG Mexicana, 951045. Igualmente a la empresa Techint-Tribasa, 951039.

En todos estos contratos, precisó, la constante fue que la firma se realizó en forma extemporánea, los costos fueron excesivos y las obras no fueron ejecutadas como estaban previstas en la licitación respectiva.

Otro caso relevante, dijo, es el de la Central Termoeléctrica Monterrey II, en la cual se dieron múltiples incumplimientos y violaciones a las bases de licitación por parte del consorcio Nissho Iwai Coporation-ABB. "Hasta la fecha se detectan daños patrimoniales acumulados por 400 millones de dólares, debido a la deficiente operación de la central." Basta decir, para dar idea del grado de irregularidades, que esa central opera con menos de 50 por ciento de la capacidad contratada.

El legislador del PRD aludió también a las anomalías en los proyectos de inversión con impacto diferidos en el gasto (Pidiregas), que han provocado un "colapso financiero" a la CFE, toda vez que las cantidades a pagar a los consorcios beneficiados con las adjudicaciones fueron modificados, como se demuestra, dijo, en el documento del 2 de junio de 2000 titulado Propuesta de revisión de las reglas para el mercado interno de energía, clasificado como confidencial.

Insistió en que lo expuesto en tribuna es sólo "la punta del iceberg" y pidió que se leyera un documento dirigido al titular del órgano de control interno en la CFE, Manuel Olvera Mazariegos, por su asesor, Rafael Bustos Hernández, en el que alude a "las irregularidades en la asignación de licitaciones bajo la modalidad de Pidiregas", y le notifica -en un escrito de fecha 22 de junio de 2000- que se constituyó un grupo ejecutivo para evitar cubrir tales irregularidades y evitar que se hicieran públicas.

La preocupación del funcionario por la transición sexenal en puerta se expresa en el documento. Por ello, advierte: "Ante los posibles escenarios de cambio que puedan presentarse posteriores al 2 de julio y debido a las manifestaciones del candidato del Partido de la Revolución Democrática -se refería a Cuauhtémoc Cárdenas- en contra de la apertura del sector eléctrico a la inversión privada, y aunque el apoyo a este partido no ha sido el mismo que a los demás, podría presentarse la remota posibilidad de que accediese al poder, tornando esta situación en preocupante para todos".

El diputado Bortolini insistió en que sería un riesgo entregar la industria eléctrica mexicana a empresas que sólo buscan lucrar y no dudan en actuar de manera corrupta, atentando contra el patrimonio nacional. Propuso luego los puntos de acuerdo para citar a comparecer a los titulares de CFE, SE y de Secodam. En este último caso, para que Francisco Barrio explique por qué ha convalidado o permanece impasible ante las irregularidades en la Comisión Federal de Electricidad. La petición se turnó a comisiones.