La Comisión de Presupuesto enviará el dictamen a la Secretaría de Hacienda

Niegan diputados partida extra a la SRA para liquidar adeudo

Dejan abierta la posibilidad de que se pague en especie a los clientes de Diego Fernández

La obligación no es del Poder Legislativo, sino del Ejecutivo, sostiene Calderón Hinojosa

ROBERTO GARDUÑO

Debido a que no es pertinente ni racional, la Cámara de Diputados no aprobará recursos económicos extras para la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que deberá abonar mil 214 millones de pesos a la familia Ramos Millán y su abogado, el senador Diego Fernández de Cevallos, a raíz de la pérdida de un litigio por terrenos ejidales de Santa Ursula Coapa. A esa posición se sumó el líder parlamentario del PAN, Felipe Calderón Hinojosa: "La obligación del pago no es del Poder Legislativo, es del Poder Ejecutivo".

La respuesta de la Cámara de Diputados a la petición de la Secretaría de Hacienda para aprobar el monto en cuestión -que en términos de ley deberá ser resuelta por el gobierno foxista y no por el Congreso- fue elaborada por el legislador panista Luis Pazos, quien preside la Comisión de Presupuesto, en consenso con los diputados que la conforman.

El texto incluye un listado de antecedentes del proceso iniciado desde el decreto presidencial expropiatorio de 33 hectáreas, publicado el 20 de diciembre de 1984 en el Diario Oficial de la Federación, y culmina con el memorando enviado por el subsecretario de Hacienda, Carlos Hurtado, a la Cámara de Diputados, en el que solicitó la aprobación de mil 214 millones de pesos para el pago de la indemnización a la familia Ramos Millán.

La Cámara, sin incumbencia

Después del análisis, los diputados de todos los partidos advirtieron en sus conclusiones: "No incumbe, ni constitucional ni legalmente, a la Cámara de Diputados definir la forma y mecánica que deberá seguirse para cumplimentar la ejecutoria. Es de explorado derecho que en las sentencias que se emitan en el trámite y resolución del juicio constitucional de garantías, se involucre sólo a las partes que conforman la relación jurídica-procesal. En este caso, la autoridad señalada como ordenadora lo es el Presidente de la República y como ejecutoras, la Secretaría de la Reforma Agraria y las entonces delegación Agraria en el Distrito Federal y la dirección de Tierras y Aguas, ambas adscritas a la Dirección General de la Tenencia de la Tierra SRA".

Los diputados dejan abierta la posibilidad de pagar a la familia Ramos Millán, pero en especie, es decir, a cambio de otros terrenos. "No puede pasarse por alto que para el cumplimiento de la sentencia de referencia el Poder Judicial de la Federación, en su oportunidad, dejó abierta la posibilidad de que se concretara en terrenos susceptibles de ser entregados a los quejosos."

La explicación redundó en que "no resulta pertinente, tampoco racional", que el gobierno de la República, con recursos fiscales, asuma la responsabilidad de pagar los mil 214 millones de pesos por terrenos que no se incorporaron al dominio de la nación".

El fondo del problema tiene dos ejes. Primero, es inadmisible, refieren los legisladores, pagar un monto tan elevado por 33 hectáreas, y no corresponde al Congreso de la Unión aprobarlo:

"El presupuesto aprobado para el Poder Ejecutivo Federal participa de las características de universalidad, generalidad, unidad y anualidad. La Secretaría de la Reforma Agraria per se no goza de autonomía presupuestaria, aun con las asignaciones del ramo mantiene una subordinación y reconocimiento de jerarquía hacia el titular depositario unipersonal. La autoridad responsable señalada como ordenadora dentro del juicio de garantías, como antes se ha indicado, lo fue el Presidente de la República; al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades de rango inferior se les señaló como ejecutoras del acto reclamado."

La negativa a la extensión de los recursos para la SRA es definitiva: "Es improcedente que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión defina la forma y mecánica que deberá seguirse para el cumplimiento de la sentencia de amparo mencionada; de igual manera resulta improcedente que la Cámara de Diputados determine qué programas y metas puedan afectarse para cubrir la cantidad que se indica, con la finalidad de dar cumplimiento sustituto a la ejecución de la sentencia de amparo."

Asunto del Ejecutivo

Por su parte el diputado perredista Tomás Torres Mercado manifestó su beneplácito por el contenido del dictamen que será entregado a la Secretaría de Hacienda, y anunció que el grupo parlamentario del PRD podría presentar un punto de acuerdo para que se cree una comisión especial que analice la situación real de los terrenos en discusión: "si dichos particulares tienen derechos legítimos, que los hagan valer. No se trata de poner en riesgo el patrimonio de quien legítimamente lo tenga, sino de que ese derecho se respete en el marco del cumplimiento de la sentencia".

El dictamen establece además que la SRA debe buscar otras alternativas para dar por cumplida la sentencia de amparo, entre ellas la posible devolución de una parte de las 33 hectáreas en litigio ya que, de acuerdo con un estudio técnico topográfico realizado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, existen más de 10 hectáreas en las cuales no se ha edificado que podrían ser devueltas a los particulares, señaló el perredista.

"Esta alternativa -puntualizó Torres Mercado- fue propuesta desde un principio por el juez de distrito a cargo, pero la Secretaría de la Reforma Agraria cómodamente se lavó las manos al señalar que todos los terrenos tienen propiedad".

Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa respondió, lapidario, al tema de la indemnización para la familia Ramos Millán: "Mientras no haya ingresos públicos, difícilmente podremos autorizar más gasto público. Mientras no tengamos mayores fuentes de recaudación, difícilmente podremos utilizar mayores gastos. Es el principio elemental que hemos seguido, no sólo en el PAN sino en la Comisión de Presupuesto, y me parece un criterio adecuado".

En tanto, Bernardo de la Garza, coordinador de la bancada del Partido Verde, sostuvo que la alternativa podría ser el pago en especie, es decir, con otros terrenos nacionales que estén desocupados. "Hay que ir al fondo del asunto y ver cómo la familia Ramos Millán, defendida por el senador Diego Fernández de Cevallos, se hizo de esas propiedades. Ahí está parte del conflicto."