ATENCO: EL CONFLICTO

Las pláticas serían en Gobernación y las encabezaría Creel

Ofrece el gobierno entregar hoy propuesta de formato de diálogo

Insisten campesinos en que estén presentes los medios

RENE RAMON Y JAVIER SALINAS; RENATO DAVALOS CORRESPONSALES Y REPORTERO

San Salvador Atenco, Mex., 18 de julio. El gobierno federal se comprometió telefónicamente a entregar hoy, en un lugar cercano a Atenco, la propuesta de formato de diálogo a tres representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que incluye los términos bajo los que se conducirían las conversaciones futuras. Asimismo, en un enlace paralelo, el presidente del comisariado ejidal de San Salvador Atenco, José Elías Martínez, recibió el planteamiento de Gobernación para comenzar pláticas el lunes.

Fuentes gubernamentales informaron que ese diálogo se realizaría en la Secretaría de Gobernación. Ahí estarían presentes el secretario Santiago Creel, el negociador Francisco Curi y una ''comisión reducida'' de ejidatarios.

El frente mantuvo durante los enlaces telefónicos su postura para que haya un diálogo abierto a los medios de comunicación, con la asistencia a las pláticas de 30 representantes de los pueblos y 10 asesores.

Este jueves en Atenco se reunieron autoridades judiciales mexiquenses con familiares de los campesinos sujetos a proceso penal. El puente de comunicación tendido por el gobierno transcurrió acompañado de la inconformidad de los ejidatarios de Atenco, Acuexcomac, Magdalena Panoaya, Nexquipayac y Tocuila, quienes rechazan la estrategia oficial que pretende aislarlos y privilegiar el diálogo con aquellos núcleos agrarios que están a favor de vender sus tierras.

Como prueba de ello, esta tarde los ejidatarios atenquenses quemarán a los Judas, como representación de los presidentes de comisariados ejidales de las diez comunidades que la víspera se reunieron en Gobernación con Santiago Creel.

Los ejidatarios explicaron que en esas comunidades, en las que el gobierno pretende centrar sus negociaciones, no reside la mayoría ni de comuneros ni de hectáreas expropiadas. En tan sólo seis poblados que se oponen al decreto expropiatorio -Atenco, Francisco I. Madero, Magdalena Panoaya, Tocuila, Nexquipayac y Acuexcomac- se concentran 2 mil 284 de las 5 mil 384 hectáreas, es decir, 42.4 por ciento del polígono de terreno y 2 mil 231 ejidatarios de un total de 4 mil 222.

De las cinco llamadas telefónicas que se reportaron a lo largo del día, tres de ellas fueron directamente entre Curi y el dirigente Ignacio del Valle.

Por otra parte, a mediodía los campesinos sujetos a proceso penal sostuvieron una reunión en el auditorio Emiliano Zapata con el director general y el subdirector de la Policía Judicial del estado de México, Víctor Manuel Torres Moreno y Reyes Palacios, respectivamente.

Los campesinos realizaron varios planteamientos a los funcionarios de la Procuraduría mexiquense. Entre ellos destacan el sobreseimiento de toda acción penal, constatar la salud de Enrique Espinoza y el retiro de la vigilancia policiaca, así como la liberación de un camión propiedad de uno de los ejidatarios y la apertura del canal de comunicación con el gobierno estatal.

Ignacio del Valle exigió a los funcionarios llevar el mensaje al procurador estatal, Alfonso Navarrete, para que se abstenga de seguir haciendo declaraciones en contra de los campesinos y las organizaciones que apoyan al movimiento. Sobre todo, ''que no afirme que nuestro movimiento está subsidiado por partidos o que hay intromisión de intereses ajenos a la tierra. Especialmente, cuando señala que en Atenco están inmiscuidos grupos extremistas como Sendero Luminoso o la ETA. Si está la ETA, pero el Ejército de Trabajadores de Atenco'', ironizó.

''Si hay comunicación, que sea por escrito. El gobierno sabe dónde encontrarnos y es tan simple que nos exponga el porqué de ese proyecto y nosotros escucharemos con respeto'', precisó.

''šYa cállense al boca!'', dijo Del Valle, ''no hagan declaraciones calumniosas porque lejos de frenar esta situación y el ánimo de la gente, lo provocan más''. Reconoció que la presencia de los funcionarios es un primer paso, porque dieron la cara al pueblo.

El abogado de los 23 campesinos sujetos a proceso, Guillermo Rogelio García Romero, planteó a los funcionarios judiciales que debido a que la PGJEM es la única parte acusadora, ha solicitado ante el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado quinto penal de Chiconautla, que esta dependencia se desista de toda acción penal contra los labriegos.

La solicitud -que se realizó el pasado miércoles y este jueves durante las audiencias que se efectuaron en el juzgado- quedó plasmada dentro del expediente. Con base en el artículo 16 del Código Penal del estado de México la facultad la tiene el procurador Alfonso Navarrete Prida, para que en el ejercicio de sus facultades se desista de la acción penal.

El abogado agregó que ese procedimiento puede utilizarse antes de que se dicte el auto de término constitucional o, en su caso, para quienes ya se les haya dictado el auto de formal prisión, continúa y subsiste la solicitud.

El director de la Policía Judicial escuchó las solicitudes y propuestas de los ejidatarios y expresó: ''Yo no les quiero mentir, no les quiero decir que la Procuraduría mañana mismo va a cumplir con sus exigencias; se tiene que analizar si son viables''.

Funcionarios y ejidatarios volverán a reunirse el 22 de julio a las 14 horas, a fin de que la PGJEM dé una respuesta a las demandas de los campesinos.

Promoverían una ley de amnistía ante el Congreso mexiquense

García Romero, uno de la 12 abogados encargados de los expedientes de los campesinos, dijo al término del encuentro que si se persiste en la acción penal en contra de los 24 procesados, a los que podrían sumarse al menos cuatro más, se promovería en el Congreso local la aprobación de una ley de amnistía. El plazo para el desistimiento ya venció y el lunes serán informados en torno a si la Procuraduría retiró o no los cargos. El grupo de abogados, explicó, elaboraría un proyecto de iniciativa para la ley referida, que sería remitido al Congreso local para su análisis y eventual aprobación.