La sesión, antes de la cita con Martínez Domínguez

Carrillo interrogará en NL a víctimas de Los Halcones

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 18 de julio. El fiscal especial para la guerra sucia, Ignacio Carrillo Prieto, recabará aquí, un día antes de la comparecencia de Alfonso Martínez Domínguez, el testimonio de los ex estudiantes neoleoneses que marchaban a la vanguardia del contingente que fue agredido por el grupo de choque Los Halcones el 10 de junio de 1971, informó Raúl Rubio Cano, quien se encarga de contactar a los sobrevivientes de aquella lucha a petición de Mario Ramírez Salas, uno de los integrantes del comité ciudadano de apoyo a la fiscalía.

Rubio Cano señaló: "Ojalá Martínez Domínguez sea hombrecito y reconozca su participación en los hechos, o diga todo lo que sabe al respecto, pues los seres humanos podemos cometer muchos errores a lo largo de nuestra vida, pero debemos tener el valor de reconocerlos, y lo que ayudaría a salvar un poco nuestro honor es que lleguemos a arrepentirnos".

Por otra parte, el ex gobernador Eduardo A. Elizondo Lozano -obligado a renunciar por el entonces presidente Luis Echeverría, tras fracasar en su intento de imponer una ley orgánica mediante la que líderes de organizaciones corporativas del PRI se encargarían de designar al rector de la Universidad de Nuevo León- dijo que aunque hayan prescrito los delitos por los hechos del jueves de Corpus, "es sano" que se conozca la verdad, porque aquí es más importante el aspecto moral que el jurídico o legal.

Elizondo señaló que la marcha del 10 de junio en la ciudad de México, supuestamente para apoyar al movimiento estudiantil que buscaba la autonomía universitaria en Nuevo León, ya no tenía razón de ser, pues el problema se resolvió con su renuncia a la gubernatura, que tuvo lugar cinco días antes de la matanza.

Sin embargo, en opinión de Luis Angel Garza Villarreal, hoy consejero local del Instituto Federal Electoral (IFE) que en aquel entonces representó a la UANL junto con otros dos alumnos de la Facultad de Economía en la marcha que fue reprimida, la manifestación de la ciudad de México, además de solidarizarse con los estudiantes de Nuevo León, tenía reivindicaciones propias y encerraba un gran simbolismo, porque era la primera vez que volvían a salir a la calle después del 2 de octubre de 1968.

Luis Angel Garza comentó que sí acudirá a dar su testimonio ante el fiscal especial Carrillo Prieto en caso de que sea requerido, pero consideró que es poco lo que puede aportar, fuera de confirmar que efectivamente se trató de un acto de represión organizado y promovido desde los aparatos del Estado, lo cual ya lo aceptan quienes eran las principales autoridades de aquella época, como Echeverría y el ex regente Martínez Domínguez, salvo que ahora el primero culpa al segundo.

Aseveró que la versión de Martínez Domínguez en el sentido de que Los Halcones eran un cuerpo parapoliciaco que tenía como único objetivo resguardar las instalaciones del Metro y de agua potable no es nada creíble.

Agregó que además del esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, las investigaciones sobre el 68 y el 71 deben servir para crear conciencia, sobre todo entre la juventud, del alto costo que la sociedad mexicana ha tenido que pagar para poder ejercer algunos derechos como el respeto al voto y la libertad de reunión y de expresión, con el objetivo de que los aprovechen con amplitud y tengan muy presente que hace apenas tres décadas el gobierno podía balear manifestaciones pacíficas.

Mario López, otro ex estudiante que fue comisionado a la marcha del 10 de junio, coincidió en que su presencia ante la fiscalía poco aportaría para esclarecer los hechos, porque los involucrados como Martínez Domínguez y Echeverría tienen muchos recursos para evadirse.

Un tercer estudiante neoleonés que participó en la marcha del 10 de junio fue Jesús Rodolfo Rivera Gámiz, quien ya siendo guerrillero fue muerto a tiros por la policía, luego de que se rindió durante un enfrentamiento en enero de 1972 en los condominios Constitución de Monterrey.

Liliana Flores Benavides, integrante del Grupo Nuevo León -que conforman activistas de la sociedad civil y partidos políticos de la entidad-, consideró que el agravamiento de la salud de Martínez Domínguez es una "estrategia legal" para evitar responder a los cuestionamientos de la fiscalía.