Las pesquisas, responsabilidad del procurador, aunque haya fiscal especial, opina

Bátiz debe dar la cara en el caso Digna: Centro Pro

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, tiene la responsabilidad sobre los resultados de las indagaciones de la muerte de Digna Ochoa y es quien debe "dar la cara" independientemente de que exista una fiscalía especial del caso, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez.

Señaló que si la familia de Ochoa pretende que el Centro Pro deje de ser coadyuvante en las investigaciones, tendrá que solicitarlo a Bátiz y fundamentarlo, porque esa actividad es un "derecho que nos reconoció la procuraduría".

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, señaló que espera que la PGJDF atienda sus propuestas en torno a la investigación.

"Esperamos que la procuraduría haya aprendido y, por ejemplo, no se ventilen elementos de la investigación y del expediente de manera pública. No es un proceso de participación ciudadana, es de justicia", afirmó el ombudsman, luego de participar en la inauguración de un seminario sobre comisiones de la verdad.

Entrevistado en el mismo foro, Cortez no quiso dar su opinión sobre el perfil de Margarita Guerra, quien recientemente fue nombrada fiscal del caso Digna. "Es difícil decir algo sobre ella cuando aún no ha iniciado su trabajo", expuso.

Para el Centro Pro, más allá de que sea la abogada Guerra o cualquier otra persona la fiscal especial, "quien tiene que dar la cara y quien tiene que asumir la tarea y la responsabilidad sigue siendo la procuraduría", explicó.

Sobre el tema de la coadyuvancia, señaló que es un derecho que les reconoció la PGJDF, y si la familia de Ochoa quiere plantear algo al respecto, lo debe hacer ante la instancia jurídica correspondiente.

A la pregunta de si aceptaría que se les retire la coadyuvancia, respondió que lo valoraría, porque todo depende de que la petición esté bien fundamentada.

Por otra parte, Alvarez Icaza expresó su preocupación por las amenazas que ha recibido Arturo Requesens Galnares, integrante de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), a partir de sus denuncias por la desaparición de Jesús Angel Gutiérrez Olvera a manos de policías judiciales.

Requesens se quejó de que ha sido vigilado en su casa y que recibió un mensaje en su teléfono celular, el 17 de julio pasado, en el que se escucha el ruido de cuando se corta cartucho en un arma.

El ombudsman capitalino calificó este caso de grave porque se dio a partir de una recomendación que emitió la CDHDF a la procuraduría, con el objetivo de que respondiera sobre la desaparición de Gutiérrez Olvera, quien fue detenido y posteriormente desaparecido por policías judiciales el 14 de marzo de este año, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.