Comunicado No. 81

Educación, tarea pendiente de la transición

El pasado 5 de julio concluyó el ciclo escolar 2001-2002. Comenzaron las vacaciones para más de 20 millones de alumnos de educación básica y alrededor de un millón de profesores y directivos. A las autoridades educativas, sin embargo, les convendría recordar que es el segundo ciclo lectivo bajo su responsabilidad y que varios compromisos siguen pendientes.

En la ceremonia oficial de fin de cursos, sin la presencia del titular del sector educativo, la subsecretaria de Servicios Educativos para el DF, Sylvia Ortega, informó que las instituciones cumplieron con 200 días efectivos de clases y señaló como logros el trabajo cotidiano, el incremento en el aprovechamiento escolar, menores tasas de deserción y disminución de los índices de reprobación en secundaria (Boletín SEP, No. 158). A diferencia de años anteriores, no se precisaron las cifras que permitieran confirmar esas afirmaciones y tampoco se presentó un balance del ciclo escolar.

También en este mes se cumplieron dos años del triunfo electoral del presidente Vicente Fox y la ocasión ha sido propicia para discutir si esta gestión gubernamental ha representado o no un cambio y de ser el caso en qué ha consistido. En los medios se han confrontado diferentes opiniones y la polémica persiste. La apreciación del gobierno federal es, desde luego, que el cambio está en marcha. El cambio en México ya nadie lo para, señala una de las frases que se reitera en los medios a propósito del segundo aniversario de la alternancia y es también leyenda de un cómic que editó la Presidencia para difundir sus logros.

En el ámbito educativo es importante examinar los cambios que resalta el gobierno federal y ponderarlos, pues en otros sectores persiste la idea de que poco se ha logrado e incluso que los compromisos principales no se han cumplido.

"Calidad y oportunidades educativas"

El gobierno federal difundió la serie de acciones que, en su opinión, reflejan el cambio inexorable en el terreno económico, social y político (www.presidencia.gob.mx). En el campo educativo se afirma que el cambio en marcha está bajo el impulso de una nueva política social: "con una educación de calidad y accesible a todos". Según esta apreciación, entre los principales resultados que darían contenido a la afirmación está la ampliación de la cobertura: "hoy se atiende a 30.2 millones de estudiantes en el sistema educativo nacional, cifra 1.8 por ciento mayor a la población atendida en el ciclo educativo anterior". Se agrega que en el medio indígena, se crearon 130 escuelas de preescolar y 105 de nivel primaria.

Cabe señalar que el porcentaje de 1.8 de ampliación de la cobertura no representa un crecimiento notable en la matrícula. En términos absolutos significa la incorporación de poco más de 500 mil nuevos alumnos al sistema educativo, cifra similar o aun menor a la registrada en años de la última década. Por ejemplo, en el paso del ciclo escolar 1996 a 1997 ingresaron 708 mil nuevos alumnos, y entre 1999 y 2000, ciclos escolares previos a la actual administración, la incorporación fue de 598 mil nuevos estudiantes.

La creación de 235 escuelas de prescolar y primaria en regiones indígenas tampoco es excepcional. El incremento es de 2 por ciento, respecto del ciclo escolar anterior, mientras la tasa anual promedio en la última década fue de 3 por ciento. Aunque el incremento más importante fue entre 1995 y 1996, a raíz del conflicto en Chiapas, donde se sumaron al sistema educativo nacional 665 escuelas de nivel prescolar (pasaron de 7 mil 254 a 7 mil 919) y 842 de primaria (de 7 mil 581 a 8 mil 423).

Ampliar las oportunidades escolares y hacerlas "accesibles a todos" es un reto pendiente que requiere mayor esfuerzo. El problema no sólo es enfrentar el rezago educativo -más de 30 millones de personas mayores de 15 años que no han concluido su enseñanza básica--, sino atender a los diferentes grupos de edad que hoy demandan acceso a la educación. En el caso de prescolar, recientemente declarada obligatoria, sólo 82 por ciento de los niños de cinco años asiste a la escuela y los porcentajes son mucho más bajos para los de cuatro y tres años (57 y 14 por ciento, respectivamente). En secundaria, cerca de un millón de adolescentes en edad de cursar este nivel educativo no lo hace; la cobertura cubre 85 por ciento de los adolescentes entre 12 y 14 años. El desafío es mayor para la educación media superior y superior, pues en la primera únicamente la mitad de jóvenes entre los 16 y 18 años tiene acceso a este nivel educativo y en superior sólo dos de cada 10 jóvenes del grupo de edad están matriculados. Ofrecer mayores oportunidades educativas es un proceso de largo alcance; no hay indicadores de que se esté acelerando.

Otra acción que destaca el gobierno federal es el incremento en 36.7 por ciento de las becas en efectivo para estudiantes. Desafortunadamente no se sabe cuál es la cifra base de referencia para señalar el aumento ni si se trata de becas para todo el sistema educativo o para un nivel determinado. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año se proyectó gastar 702.3 millones de pesos en el programa de becas; no se informa cuánto se ha gastado. En realidad, el programa novedoso que puso en marcha esta administración es el Programa de Becas para Estudios Superiores (Pronabes), mediante el cual se otorgaron 100 mil becas el año anterior; éste parece un logro notable.

Un dato más que destaca el Ejecutivo federal es la disminución, respecto de 2000, de 40 por ciento en el costo de los libros de texto. Esta disminución representó un ahorro de 450 millones de pesos, dice el comunicado gubernamental, los cuales fueron canalizados a la creación de 750 mil bibliotecas de aula. La adecuada gestión de los recursos es un aspecto fundamental para avanzar en la mejora del servicio educativo; por esta razón son imprescindibles la transparencia y la rendición de cuentas. Sería conveniente que se aclare si, como señala el actual director de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, el ahorro se debe a que en la administración anterior hubo irregularidades y un manejo discrecional de recursos (La Jornada, 12/07/02). Igualmente, respecto de las "bibliotecas de aula" es importante conocer los criterios de selección de los acervos que integran la colección del programa y muy en especial el tipo de convenios que se celebran entre entidades públicas y privadas, sobre todo por la controversia que se ha suscitado en torno a la participación de la fundación Vamos México y las secretarías de Educación y Salud en la publicación de uno de los textos (Cómo proteger a tus hijos contra las drogas) que ahora forman parte de esa colección, sin que a la fecha se conozcan las normas que determinaron su inclusión.

Finalmente otra acción que también se reporta y que parece más acorde con la intención gubernamental de mejorar la educación es el Programa Escuelas de Calidad, que otorga a las escuelas participantes recursos adicionales públicos y privados para que puedan mejorar su infraestructura, adquirir equipo, destinarlo a capacitación o becas. Se destaca que se establecieron normas de este programa en 12 mil 261 planteles. Sin embargo, aparte de las dificultades que persisten para canalizar y administrar los recursos generales del programa, así como los desacuerdos al interior de las escuelas que las obligaba a gastar determinados porcentajes en ciertos rubros (notablemente 60 por ciento para infraestructura), el problema es que también tiene un alcance muy limitado. En el ciclo escolar que concluyó participaron 2 mil 236 escuelas de educación básica, menos de uno por ciento del total de escuelas en el país, y para el siguiente ciclo se prevé incorporar otras 10 mil, que representarán apenas 5 por ciento del total.

Promesas incumplidas

A pesar de que el Programa Nacional de Educación 2001-2006 está en marcha y sus múltiples líneas de acción anticipan resultados en el mediano y largo plazos, de todas formas el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido insuficiente en áreas en las que se podía y se esperaba más. Un ejemplo es la prioridad que tendría la educación en esta administración. El presidente Fox, a lo largo de su campaña y aun al asumir el cargo reiteró: "Me comprometo a hacer de la educación la tarea central y más importante de mi gobierno". Ni las acciones ni los resultados en estos dos años lo han demostrado.

En el importante asunto de los recursos financieros no se ha visto avance sustantivo. El Ejecutivo federal se comprometió a destinar mayores recursos hasta alcanzar 8 por ciento respecto al PIB al final de su sexenio; es posible que la meta se cumpla pero quizá no será la participación del gasto federal el impulso fundamental. En el Presupuesto de Egresos de 2001 el Ejecutivo federal propuso un gasto educativo total de 245.7 mil millones -5 por ciento de incremento respecto de 2000 y que el mismo Presidente reconoció insuficiente-, mientras que los legisladores autorizaron 4 mil millones más, para alcanzar 249.9 mil millones. La misma situación se presentó en el gasto de este año: los diputados incrementaron en poco más de 15 mil millones de pesos la propuesta presidencial.

Otros temas de crucial importancia tampoco avanzan. Por ejemplo, la restructuración del Consejo Nacional de Participación Social y el funcionamiento de los consejos de participación a nivel estatal y municipal, cuyas deficiencias se conocen. O bien, el "gran acuerdo nacional" a favor de la educación que mencionó el titular de la SEP en septiembre del año anterior al presentar el programa sectorial, y al que convocó a profesores, alumnos, padres de familia y a la sociedad en su conjunto, pero que no se ha vuelto a mencionar. Tampoco nada se conoce del acuerdo que establecerían la SEP y el sindicato de profesores para mejorar la calidad de la educación y que está indicado en el programa sectorial (p. 97). En el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, el organismo que tendría bajo su responsabilidad enfrentar el rezago educativo, el avance ha sido muy lento y está por demostrar su efectividad.

Son escasos los adelantos en la federalización educativa: el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, órgano que reunirá al conjunto de entidades federativas, cuya constitución formal estaba prevista para 2001, sigue sin personalidad jurídica. Es el mismo caso del Instituto Nacional de Evaluación, que espera los acuerdos entre autoridades educativas, el Congreso y el sindicato de profesores.

Aunque sea comprensible que los resultados deseados no se alcancen en un par de años, sobre todo considerando el tamaño de los rezagos y el tiempo de maduración de iniciativas en el terreno de la educación, se ha desaprovechado la oportunidad de estos dos años y que las expectativas estuvieron por encima de los resultados.

Interrogantes

En este texto hay asuntos suficientes sobre los cuales las autoridades de la SEP podrían reaccionar completando su información o apuntando sus comentarios. Las vías de comunicación con la sociedad civil de que disponen las autoridades son suficientes (aunque tampoco en este aspecto se advirtieron innovaciones). Esperamos sus respuestas.

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