Impedirá el GDF que recurran de nuevo a amparos y otros procedimientos jurídicos, afirma
Se aplicará la ley a bancos a partir del 2 de agosto, advierte Ebrard
A sucursales que omitan las normas de seguridad se les impondrá clausura y multa de $114 mil
LAURA GOMEZ FLORES
El secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, informó que independientemente de la contestación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la vigencia de la Ley de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para evitar la clausura de bancos que no cumplen con las medidas de seguridad exigidas, el 2 de agosto reiniciarán las verificaciones de estos inmuebles.
Al término de la reunión de coordinación interinstitucional del operativo Juan Diego 2002, precisó que las instituciones bancarias que hagan caso omiso de dicha normatividad se harán acreedoras a una sanción económica de 114 mil pesos y clausura, por el riesgo que representa su operación para su personal y el público. "No se trata de un ultimátum o de una acción en contra de un grupo determinado, sino de hacer cumplir la ley", afirmó
Recordó que la respuesta del gobierno capitalino al recurso interpuesto por la PGR estuvo fundamentada en el artículo 122 constitucional, que confiere a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) facultades para regular el servicio que prestan las empresas que requieren de seguridad privada.
Por ello, explicó, se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su fallo considere el interés público de la medida, y que las autoridades federales han renunciado a las verificaciones de las instituciones de banca múltiple durante 20 años.
En el acto, realizado en el auditorio Quetzalcóatl de la delegación Gustavo A. Madero, Ebrard señaló que es contradictorio que, por un lado, los bancos acepten que son establecimientos mercantiles, como fue el caso de Serfin, que regularizó su situación para que se levantaran los sellos de clausura a una sucursal, y, por otro lado, que acusen de inconstitucionalidad a la ALDF cuando quiere aplicar la ley del ramo.
Afirmó que los juicios de amparo promovidos por algunas instituciones no les otorga un efecto suspensivo sobre una ley que está vigente y que "vamos a hacer valer y exigir que cumplan. Llevamos cinco meses de discusión y quieren irse a otros seis meses de amparos y otros procedimientos jurídicos, pero no se los vamos a permitir, porque dicha legislación debe cumplirse".
Acompañado por el jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Joel Ortega Cuevas, y el subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas, el titular de la SSP mencionó que casi todos los bancos en el país son internacionales, excepto uno, y en sus países de origen se les exige contar con diversas medidas de seguridad, como puertas giratorias, cristales blindados entre cajeros y clientes y cámaras de video, mientras aquí las omiten y la mayoría de sus inmuebles permanecen con las puertas abiertas, las cámaras no sirven y los vidrios que separan a cajeros de los usuarios son normales.
Señaló que hay gente en el interior de los bancos que informa a los asaltantes el monto del retiro de sus víctimas, "lo cual resulta alarmante y se está atacando".