Proponen expertos suspender tres años apartado agrícola del TLC

Ana de Ita, Isabel Cruz y Víctor Suárez hablan en foro organizado por Casa Lamm y La Jornada; invitaron a Usabiaga, pero no fue

ISRAEL RODRIGUEZ J.

El campo mexicano se verá severamente afectado por la ley agrícola de Estados Unidos, aprobada el pasado 13 de mayo, mediante la cual se aplicarán subsidios a los agricultores de ese país por 183.5 mil millones de dólares, y por la entrada en vigor del noveno año del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el próximo primero de enero de 2003, advirtieron los especialistas Ana de Ita, Isabel Cruz y Víctor Suárez.

Durante la exposición del tema La ley agrícola de Estados Unidos y el TLCAN, organizado por Casa Lamm y La Jornada, Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras y Productoras del Campo, aseguró que estos hechos constituyen verdaderos actos de guerra económica contra la agricultura y la soberanía alimentaria en el país.

En el foro México después del 2 de julio y el mundo actual, destacó la ausencia de los invitados Javier Usabiaga, secretario de Agricultura, y de Armando Paredes, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

Suárez Carrera explicó que la ley mencionada incentiva en Estados Unidos la sobreproducción agrícola, reproduce y profundiza un sistema de precios por debajo de costos de producción y favorece la alta volatilidad de los mercados, al combinar mayores subsidios a los productores con eliminación de todo programa de manejo de oferta.

A partir del primero de enero de 2003, añadió, México será el país con el sector agroalimentario más liberalizado del mundo. Este hecho, sumado a la nueva ley agrícola estadunidense y a la persistencia de la política de continuidad del llamado gobierno del cambio, representa la última etapa de la guerra económica contra el campo nacional y la soberanía alimentaria.

Sin embargo, Víctor Suárez consideró que la guerra contra la economía campesina puede y debe cesar. "No es un hecho de la naturaleza, todavía no es un fenómeno irreversible. El actual modelo agrícola y comercial impuesto por Estados Unidos, aplicado con extrema sumisión por las elites políticas y económicas de México, es indefendible, racional y éticamente."

Suárez Carrera propuso que el Poder Legislativo mexicano expida una ley mediante la cual se instruya al Ejecutivo para iniciar un proceso de renegociación y suspensión por tres años del apartado agropecuario del TLCAN con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, a partir de los mandatos de la Constitución y las orientaciones de la nueva ley de desarrollo rural sustentable.

Dijo que deberían incluirse en el articulado transitorio de la Ley de Ingresos de 2003 salvaguardas, aranceles y cuotas a los productos estratégicos a proteger; lograr un presupuesto justo para una nueva política agropecuaria y de desarrollo rural en el próximo año.

Angel Guerra, quien fungió como moderador del acto, señaló que esta ley agrícola de Estados Unidos es la mayor hipocresía porque, por un lado, esta potencia demanda a los demás países desmantelar todos los mecanismo de apoyo a los sectores agrícolas y, por otro, está agregando 77 mil millones de dólares adicionales, para un total de 183 mil millones, en subsidios para sus agricultores.

Ana de Ita, Investigadora del Centro de Estudios del Campo Mexicano, afirmó que con la baja en los precios de los productos agropecuarios, sólo las grandes multinacionales se beneficiarán, apoyadas también por el gobierno mexicano, como en el caso de las importadoras de maíz, entre ellas, Arancia, Corn, Minsa, Maseca, ADM, Diconsa, Cargill, Bachoco, Pilgrims y Purina.

El problema con el TLCAN y la Organización Mundial de Comercio(OMC), dijo, es que los precios se emparejarán en el mercado internacional, y Estados Unidos va a incidir y definirá cotizaciones bajas.

"Los productores mexicanos tendrán que competir con esos precios bajos artificiales, y además sin recibir subsidios", destacó.

Mientras Estados Unidos, ejemplificó, otorga en subsidios alrededor de 18 mil millones de dólares anuales, y la Unión Europea 42 mil millones, México da a sus productores sólo 2 mil millones de dólares.

Isabel Cruz, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, advirtió que esta situación se puede convertir en un problema político y de paz social, debido a que 39 por ciento de los mexicanos dependen de la agricultura.

Sostuvo que la economía nacional no ha sido capaz de absorber el empleo urbano, menos el rural, además de que, después de los 80, se carece de un modelo agrícola, por lo que se tiene que redefinir, porque sólo hasta esa década tuvimos una política de soberanía alimentaria.

En México, agregó, el Estado se debe separar de los negocios, porque esto genera corrupción y conflicto de intereses, como ocurrió con el presidente Vicente Fox, que eliminó en un decreto los aranceles a la fructosa. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era improcedente, pero la sociedad mexicana debe de tener mayor capacidad de reacción.