Presentó su nueva oferta integral para el nuevo aeropuerto

Ofrece el gobierno 50 pesos por metro cuadrado en Atenco

Establece un precio de garantía de $500 mil por hectárea

ALONSO URRUTIA

El gobierno federal presentó anoche su nueva oferta integral para la construcción del aeropuerto en Texcoco, cuyo eje central es el establecimiento de un precio de garantía de 500 mil pesos por hectárea. Con este ofrecimiento, el pago original de 7.20 pesos por metro cuadrado de tierra de temporal y de 25 por metro cuadrado de tierras de riego pasará a 50 pesos sin distinción, pues se pagará con un criterio comercial y no agrario.

La propuesta gubernamental destaca que a los 72 mil pesos por hectárea de tierra de riego fijados por el avalúo original del decreto expropiatorio, el Ejecutivo aportará un pago complementario de 428 mil pesos para alcanzar el precio de garantía ofrecido. En el caso de las tierras de riego, el pago complementario duplicará el precio establecido inicialmente en el decreto, es decir, 250 mil pesos.

Al incremento de 100 por ciento en el caso de las tierras de riego, y de casi 600 por ciento para las de temporal, se añade la promesa gubernamental de que una parte aún no determinada del dinero recibido por la concesión de la nueva terminal aérea será destinada a los ejidatarios. ''El monto reflejará la plusvalía que el proyecto dará a la tierra en la zona.''

La nueva ''oferta con visión integral'' para negociar la adquisición de tierras para el aeropuerto incluye la ampliación de infraestructura de salud y educativa; el carácter prioritario que tendrán los ejidatarios para acceder al empleo generado por el proyecto, y un programa de viviendas sustitutivo de las que serán afectadas.

Al salón Revolución de la Secretaría de Gobernación acudieron los presidentes de los comisariados de los diez ejidos que han externado su disposición a vender sus tierras. Junto al subsecretario de Gobierno, Ramón Martín Huerta, y el coordinador para el Desarrollo y la Atención del Nuevo Aeropuerto, Francisco Curi, estaban Adolfo Velázquez Rodríguez, de Tocuila, y Adrián Pineda Sánchez, de Santa Isabel Ixtapa.

Menos de 24 horas antes, Velázquez Rodríguez había sido destituido como presidente del comisariado acusado de ''traidor'', por ofrecer sus tierras a Gobernación. Entre empellones y jaloneos fue sacado del pueblo. A Pineda Sánchez, de Santa Isabel Ixtapa, no le fue mejor: recibió la defenestración pública de los ejidatarios en la plaza del pueblo, por ''haberlos vendido al gobierno''. Pero ayer aún estaban negociando. No se supo en carácter de qué, pues todos los comisariados ejidales fueron sacados por los sótanos del Palacio Covián. Sólo se conoció que habrán de meditar y consultar la nueva oferta gubernamental.

Mientras tanto, en Gobernación sólo se confirmaron los acercamientos que el subsecretario de Comunicación Social, José Luis Durán, tuvo con los dirigentes de Atenco, con el objeto de concretar un encuentro con los tres ejidos que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Con la presencia del secretario general de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena Morales, y Ernesto Velasco, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Martín Huerta presentó la nueva oferta.

En el caso de las tierras de temporal, el precio pasará de 7.20 a 50 pesos por metro cuadrado; las tierras de riego duplicarán su precio original de 25 pesos. Bajo el criterio de que ahora se tasarán a precio comercial y no bajo la lógica de su utilidad agrícola, en la nueva oferta se liquidarán sin distingos las tierras.

Según el ofrecimiento, el gobierno pagaría inicialmente 539 millones de pesos por las mil 788 hectáreas de tierra de todo del ejido de San Salvador Atenco, poco menos de la mitad del dinero que recibirán los herederos de Gabriel Ramos Millán por la indemnización que les consiguió Diego Fernández de Cevallos por sus 33 hectáreas de tierra. O bien, el Ejecutivo federal pagaría el doble de esa indemnización por todo el terreno a expropiar para el aeropuerto de Texcoco.

Al presentar su oferta, el gobierno se comprometió a que en todo momento se privilegiará el diálogo y la negociación ''con apego a la ley'' y asumió ''la obligación de actuar en defensa del interés público con pleno respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos''. La oferta considera como ''elemento esencial del replanteamiento, la incorporación de los ejidatarios a los beneficios del nuevo aeropuerto''.

El ofrecimiento incluye la incorporación prioritaria de los ejidatarios a los puestos generados durante la construcción y en la operación de la terminal aérea; incrementar la oferta de servicios de salud; programas de educación vinculados a la construcción y operación, mantenimiento y conservación de las instalaciones aeroportuarias; programas de becas, y la creación de empresas de transporte, servicios y nuevos giros de negocios requeridos por el proyecto en los que participarán las familias de la región.