Resolución emitida por el juzgado quinto de Chiconautla

Dictan auto de formal prisión a ocho campesinos en libertad caucional

DE LOS CORRESPONSALES

El juzgado quinto en materia penal con sede en el reclusorio de Chiconautla, en Ecatepec, dictó hoy auto de formal prisión a ocho campesinos de San Salvador Atenco que participaron en el enfrentamiento con granaderos mexiquenses ocurrido el pasado 11 de julio, quienes actualmente gozan de libertad debido a que los cargos que se les imputan no son graves.

En tanto, la tarde de ayer el subsecretario de Gobernación , José Luis Durán Reveles, y una comisión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), encabezada por Ignacio del Valle, sostuvieron una segunda reunión en la Procuraduría Agraria en Texcoco, en la que las autoridades federales propusieron las instalaciones de la Segob para el encuentro de diálogo formal que habrán de sostener el próximo miércoles 24 a las 18 horas.

Sin embargo, Del Valle señaló que las autoridades establecieron una serie de ''condicionantes'' a los ejidatarios, como el que no haya marchas, bloqueos y que acudan sin machetes durante el día del encuentro, lo que podría ''reventar'' el diálogo. El FPDT definirá en las próximas horas si acepta o no la propuesta.

Por otra parte, las autoridades del núcleo ejidal de San Salvador Atenco, que basan su lucha contra el decreto expropiatorio en la vía jurídica, rechazaron acudir a la reunión a la que estaban convocados este lunes por el subsecretario de Gobierno, Ramón Martín Huerta, en Gobernación. Se informó que en la mesa de diálogo del miércoles 24 de julio además de FPDT estarían presentes las autoridades de los núcleos ejidales de Atenco, Acuexcomac y Magdalena Panoaya.

La mañana de ayer, en el juzgado quinto en materia penal con sede en Chiconautla, se llevó a cabo una audiencia de los campesinos sujetos a proceso penal. El juez Ignacio Darío González dictó auto de formal prisión a los ejidatarios Gil Morales Pérez, Manuel Núñez Arias, Pascual Martínez García, Mauricio Pájaro Huerta, José González González, Ignacio Yáñez Sánchez, María Raquel Rojas Salas y María Isabel Avilés por los delitos de motín, lesiones, ataques a la vías de comunicación, daño en los bienes y ultrajes, bajo las causas penales 178/2002 y 179/2002. Actualmente estos campesinos gozan de libertad, ya que los delitos que se les acusa no son considerados graves.

El abogado de los ejidatarios, Damián Gustavo Camacho Guzmán, informó que interpondrá un recurso de apelación. Además, el juez quinto de Chiconautla se declaró incompetente para conocer de la causa penal de los 12 ejidatarios, que hasta hoy se ventilaba en ese juzgado, por lo que el expediente será turnado a los juzgados de Molino de Flores, donde se desahoga el proceso penal contra los dos principales líderes del movimiento, Ignacio del Valle y Jesús Adán Espinoza. También se fijó como fecha de audiencias el próximo 12 de agosto.

Camacho Guzmán consideró que la decisión del juez es una medida que demuestra la falta de voluntad del gobierno estatal para solucionar el conflicto. Además, señaló que hará una denuncia penal contra los mandos que ordenaron la agresión a los labriegos y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e instancias internacionales.

Por su parte, Ignacio del Valle, dirigente del FPDT, dijo que el dictar auto de formal prisión a ocho campesinos es un acto que sigue enrareciendo la supuesta buena voluntad que el gobierno había puesto en el asunto. ''Yo creo que esto complica más el asunto, porque lejos de salir del problema lo recrudece; no confiamos en el gobierno, nos lo demuestra una vez más.''

Sin embargo, destacó que a pesar de la actitud mostrada por la negativa de las autoridades del gobierno mexiquense de retirar los cargos contra los integrantes del movimiento de resistencia, el diálogo con el gobierno federal no se romperá, ''pues la reunión del próximo miércoles sigue en pie. Seguimos, dijo, manteniendo la comunicación, y allá el gobierno si no quiere mantener ese compromiso''.

Por la tarde, una comisión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y las autoridades federales, encabezadas por el subsecretario de Gobernación, José Luis Durán Reveles, se reunieron por segunda ocasión en la Procuraduría Agraria.

Ignacio del Valle informó que recibieron de parte de las autoridades la propuesta de que el diálogo programado para el próximo miércoles 24 de julio, se lleve a cabo en las instalaciones de la Segob a las 18 horas.

Sin embargo, agregó que se les pusieron una serie de ''condicionantes'', entre las que mencionó que acudan sin machetes, que no haya marchas ni bloqueos, entre
otras que se abstuvo de revelar, ''porque serán valoradas''. Por la noche, el FPDT se reunió a puerta cerrada para decidir si aceptan o no el lugar, hora y las condiciones propuestas por las autoridades federales.

Informó que el frente, de aceptar el diálogo, habrá de proponer un punto más de acuerdo, el cual se refiere a la absolución total de los campesinos sujetos a proceso, así como la cancelación de toda acción penal; ello luego de que la tarde de este lunes, la Procuraduría mexiquense se negara a dar el desistimiento.

Por su parte, los integrantes del comisariado ejidal de San Salvador Atenco -encabezados por José Elías Martínez Robles-, que optaron por las acciones legales contra el decreto de expropiación, decidieron no acudir al llamado de diálogo que por escrito les hizo Gobernación para este lunes.

Por otra parte, en Tlalnepantla, el procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que la dependencia a su cargo ''no desistirá'' de ejercitar acción penal contra los ejidatarios de Atenco, procesados bajo libertad condicional. Dijo que ''jurídicamente no es posible negociar la comisión de delitos (sic)'', porque las ''leyes no son monárquicas, no es a gusto de uno su aplicación''.

JAVIER SALINAS CESAREO, RENE RAMON ALVARADO,

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ E ISRAEL DAVILA