Rodríguez Galindo, acusado del caso Lasa-Zabala, fue condenado a 75 años de cárcel

Ratifican sentencia contra ex director de la Guardia Civil por delitos en la guerra sucia contra ETA

La defensa apelará ante el tribunal de Estrasburgo, pero espera un indulto del gobierno español

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 22 de julio. El Tribunal Constitucional de España ratificó hoy la pena impuesta al ex director de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por el asesinato y el secuestro de José Antonio Lasa y Jose Ignacio Zabala, en 1983 en el contexto del terrorismo de Estado auspiciado por el gobierno socialista de Felipe González.

La sentencia desestima un recurso de apelación presentado por la defensa de los cinco inculpados que son, además del ex general Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga; el teniente coronel Angel Vaquero y los ex agentes del Cuartel de la Benemérita en San Sebastián, Enrique Dorado y Felipe Bayo.

El abogado Iñigo Iruin y la Asociación contra la Tortura, que ejercen la acusación particular y popular, repectivamente, en el caso Lasa-Zabala, valoraron positivamente la decisión del Tribunal Constitucional.

El caso Lasa-Zabala representa lo que fue la llamada guerra sucia contra la organización separatista vasca ETA en la década de los 80: un comando de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), a las órdenes de Rodríguez Galindo, secuestró en el sur de Francia a los dos jóvenes vascos -de 21 y 23 años- considerados por el servicio de inteligencia español como miembros en activo de ETA.

Una vez secuestrados fueron trasladados a San Sebastián, donde en un edificio oficial fueron interrogados y torturados durante diez días, hasta que finalmente los trasladaron a un pueblo de Valencia donde fueron ejecutados de un disparo en la cabeza y sus cuerpos enterrados en más de 50 kilogramos de cal. Diez años después se pudieron recuperar sus restos.

En abril de 2000, la Audiencia Nacional condenó a los acusados a penas que superaban en todos los casos los 65 años de prisión, si bien el año pasado, por apelación de la defensa, también tuvo que pronunciarse el Tribunal Supremo, que no sólo ratificó la condena, sino que aumentó cuatro años a las penas al considerar que existía el agravante de ser "funcionarios públicos" y señalar que los actos cometidos "constituyen un caso de perversión de los medios en atención a los fines, con olvido de que, desde la legitimidad de la sociedad a defenderse del terror, esta defensa sólo puede llevarse a cabo desde el respeto a los valores que definen el estado de derecho, y por tanto sin violar lo que se afirma defender".

Un año después, el Tribunal Constitucional también ratificó la condena con siete a votos a favor y cinco en contra.

El Tribunal Constitucional ha demorado el fallo tras la presentación por parte de los condenados de la recusación del vicepresidente de este órgano, Tomás Vives, por su amistad con el instructor del caso, el magistrado Javier Gómez de Liaño.

El abogado de Rodríguez Galindo, el general más condecorado de la Guardia Civil hasta su detención por estos hechos, anunció que acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que esperará un posible indulto del Ejecutivo español, el conservador José María Aznar, quien ya ha rubricado amnistías en casos similares, como los del ex ministro de Interior en el gobierno de Felipe González, José Barrionuevo, y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.

A todo esto, el letrado de las familias de las víctimas, Iñigo Iruin, subrayó que los condenados "son la cúpula de la lucha antiterrorista en Guipúzcoa en 1983", y que lo fueron como autores de dos delitos de asesinato y dos delitos de detención ilegal. "Queda por ver ahora con qué argumentos va a indultar el gobierno de Aznar tan gravísimos delitos y la pena de Rodríguez Galindo, que es de casi 80 años de prisión", añadió.

A su vez, el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, mostró "satisfacción" por la decisión adoptada por el Tribunal, e instó al gobierno de Aznar a "no anular una condena judicial y social a unos acontecimientos de tanta gravedad".