Tras haber permanecido dos días detenido en el penal de Villa de las Flores y otros 10 internado en el área de terapia intensiva del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, el ejidatario José Enrique Espinoza Juárez falleció, en la madrugada de ayer, por una "suma de situaciones" entre las que el director general de ese nosocomio, Juan Carlos de la Fuente Zuno, incluyó el traumatismo cráneo-encefálico sufrido por Espinoza el 11 de julio pasado. Ese día, policías antimotines del estado de México reprimieron a los labriegos de San Salvador Atenco -entre quienes se encontraba el ahora fallecido- que pretendían reunirse con el gobernador Arturo Montiel para expresarle su rechazo a la construcción, en tierras de esa y otras comunidades mexiquenses, del nuevo aeropuerto metropolitano, así como su negativa al decreto expropiatorio correspondiente.

El deplorable fallecimiento de Espinoza Juárez se inscribe, pues, en el contexto del conflicto social generado por la decisión gubernamental de edificar la nueva terminal aérea en la zona de Texcoco y de despojar de sus tierras a los pobladores de la región. Por si quedaran dudas del sentido de esa muerte, anoche los ejidatarios en rebeldía honraron a su compañero con expresiones inequívocas de homenaje a un caído en la lucha.

En esta circunstancia trágica y políticamente delicada, resulta obligado preguntarse cuál puede ser el sentido del incomprensible y torpe comunicado del gobierno federal encaminado a desvincular la muerte de Espinoza Juárez del conflicto de San Salvador Atenco, a presentar el fallecimiento como consecuencia exclusiva de padecimientos del ejidatario anteriores a la golpiza de que fue víctima el 11 de julio y, lo peor, a desvirtuar y minimizar su participación en el movimiento de resistencia de los atenquenses, como si su supuesta asistencia "obligada" a la marcha del 11 de julio atenuara la gravedad de la muerte y las responsabilidades de quienes ese día ordenaron la represión contra los campesinos inconformes.

Tales responsabilidades parecen corresponder, en un primer análisis, al gobierno mexiquense. Sin embargo, el Ejecutivo federal, con su boletín obtuso, parece inexplicablemente empeñado en exculpar a las autoridades de Toluca y en ofrecer unas explicaciones no pedidas que se convierten, de manera inevitable, en una acusación manifiesta: "quien se excusa, se acusa".

Este manejo deplorable de la muerte de Espinoza Juárez es, por lo demás, el más reciente eslabón de un rosario de ineptitudes políticas, torpezas sociales y autoritarismos tecnocráticos que empieza con la decisión inconsulta de construir el aeropuerto en la zona de Texcoco, prosigue con un decreto expropiatorio depredador e injusto y transita entre patadas bajo la mesa en las cúpulas del poder político-financiero.

A más de un año de la decisión referida, y a nueve meses de decretada la expropiación de los ejidatarios atenquenses, el país está más lejos que nunca de disponer de un nuevo aeropuerto para su zona central; en cambio, cuenta con un nuevo y peligroso foco de conflicto que ha producido una primera muerte. El deceso de Espinoza Juárez debe ser esclarecido y es exigible que se establezcan claramente las responsabilidades penales que pudiera haber en este trágico episodio. Finalmente cabe esperar, por el bien de todos, que las autoridades federales tengan la sensatez de percibir la nula viabilidad política y social de su decisión inicial, que logren reconsiderar y renegociar la ubicación de la terminal aérea requerida y que la muerte de Espinoza Juárez quede como la primera y la última de este capítulo vergonzoso.