Concede supremo tribunal brasileño prisión domiciliaria a Gloria Trevi y Mary Boquitas

AFP

Brasilia, 25 de julio. El presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), Marco Aurelio de Mello, decretó este jueves la prisión domiciliaria a la cantante mexicana Gloria Trevi y a la corista María Raquenel Portillo (Mary Boquitas), confirmó un portavoz de la máxima corte de la justicia brasileña.

Las dos mexicanas aguardarán el proceso de extradición en el convento de las Hermanas Misionarias de Sao Carlos Borromeo, en Brasilia.

Gloria Trevi irá al convento junto con su hijo Angel Gabriel, de cinco meses, concebido durante su detención en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde permaneció detenida más de año y medio, hasta septiembre del año pasado, a la espera de ser extraditada a México.

Tanto Trevi como Portillo, así como el empresario Sergio Andrade, detenido en la cárcel de la Papuda, están acusados en México de rapto, corrupción y violación de menores.

A diferencia de Portillo, que permanece en la misma cárcel de la Papuda que Sergio Andrade, Gloria Trevi se encuentra detenida en una comisaría de la policía desde que fue trasladada a finales de mayo del hospital público donde dio a luz y pasó los primeros meses de la vida de su hijo, bajo cuidados siquiátricos.

Los abogados de Trevi solicitaron este mismo miércoles al presidente de la máxima corte de justicia brasileña la custodia domiciliaria de sus defendidas mientras se estudia el pedido de suspensión de su proceso de extradición, a consecuencia de la decisión de la justicia mexicana que lo consideró inconstitucional.

El pasado día 15 de julio el magistrado federal mexicano Juan Ramírez declaró inconstitucional el proceso de extradición por vicios de forma.

El pedido de extradición había sido cursado por un juez de Chihuahua y no por la justicia federal, como es preceptivo en los casos de extradición.

No obstante, la medida sólo favoreció a las dos mujeres, mientras que Andrade sigue detenido por el momento.

Los abogados también solicitaron que la custodia domiciliaria no esté sometida a vigilancia policial, por "tratarse de una persona públicamente conocida", además de que ello conllevaría gastos públicos federales.