En entrevista con este diario, y a propósito de la muerte del ejidatario atenquense José Enrique Espinoza Juárez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, destacó la improcedencia de la represión en el momento histórico actual y señaló la necesidad de que las autoridades encaucen los problemas nacionales hacia el diálogo y la negociación, que recurran a la política y, por lo que toca a los conflictos agrarios y la tenencia de la tierra, que el gobierno se abstenga de efectuar expropiaciones inconsultas, autoritarias y carentes de perspectiva social, toda vez que si se priva a los campesinos de sus parcelas, "los estamos condenando a venir de pordioseros a la ciudad de México, o a vivir en las coladeras o bajo los puentes".

Tras confirmar la convicción de la CNDH de que Espinoza Juárez murió a consecuencia de los golpes que recibió de manos de policías estatales el pasado 11 de julio, el ombudsman nacional señaló, asimismo, que la determinación de los labriegos de San Salvador Atenco de resistir el decreto expropiatorio de sus tierras para construir en ellas una nueva terminal aérea hace inviable tal proyecto, pues para realizarlo las autoridades tendrían que "me-terlos a la cárcel o matarlos a todos".

Soberanes ilustró así el dilema en el que el gobierno federal se ha colocado por un proceso de toma de decisiones manifiestamente torpe -y también, acaso, por el afán de cumplir poco publicitados compromisos con grupos de poder político-financiero del país y del extranjero para los que el establecimiento de la terminal aérea en Texcoco abriría una perspectiva de enormes y jugosos negocios-: represión o rectificación.

En el espíritu de los señalamientos del ombudsman, el actual equipo de gobierno, emanado del ejercicio democrático y de la voluntad ciudadana de cambiar los hábitos del poder que imperaron hasta hace dos años, debería reflexionar sobre la improcedencia de hacer las cosas con la arrogancia tradicional del presidencialismo y la tecnocracia: sin consultar a nadie, sin rendir cuentas, sin entender que los funcionarios públicos son empleados de la ciudadanía y que a ella se deben. La determinación y el proyecto para construir la terminal aérea en el área de Texcoco, así como los ofensivos términos de la pretendida expropiación de tierras, fueron actos de poder que bien podrían haber sido realizados en cualquiera de los últimos sexenios priístas, pero que resultan aberrantes para un gobierno que se dice democrático, que se reclama del cambio político y que se pretende tolerante, dialogante y atento al sentir de la población.

En esta perspectiva, la forma en que el gobierno resuelva su disyuntiva ante la resistencia de San Salvador Atenco -imponer su voluntad a costa de lo que sea, incluso de vidas, o dar marcha atrás y reconsiderar los emplazamientos alternativos para el nuevo aeropuerto- será también una definición sustancial para el foxismo: la primera administración democrática del país o un sexenio más de soberbia y sordera autoritarias.