Pese a indemnización por 127 millones de dólares, no quitaron demanda contra la paraestatal

Confirma la Secodam: los Miguel Afif estafaron a Pemex

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El director general adjunto de Asuntos Penales de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Ignacio César Fuentes Rubio, confirmó que la dependencia mantiene abierta una auditoría que involucra a los empresarios Alfredo y Javier Miguel Afif, propietarios de la compañía Servicios Aéreos del Centro (SACSA), por un fraude de 127 millones de dólares en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entrevistado en la zona de juzgados federales del Reclusorio Oriente, el funcionario expresó que la Secodam documentó ante el Ministerio Público Federal que las entregas irregulares de dinero al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 2000 superaron los 2 mil millones de pesos.

Rechazó que el consejo de administración de la paraestatal haya firmado un convenio con el sindicato, por lo cual no se puede decir que todos los acuerdos mediante los cuales se entregó dinero a Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, secretario general y tesorero del STPRM, respectivamente, son legales.

Los hermanos Miguel Afif

Como se recordará, La Jornada publicó el pasado 7 de julio que Pemex pagó 127 millones de dólares a los hermanos Miguel Afif, en octubre de 2000, para terminar con un litigio que éstos comenzaron en la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, Francia, argumentando que Pemex les rescindió, supuestamente en forma ilegal, el contrato para la construcción de una planta de aditivos químicos para gasolina en Coatzacoalcos, Veracruz, trabajos que su empresa, Productos Ecológicos SA (Proesa), nunca empezó, pese a dos modificaciones en el contrato.

El juicio, por 425 millones de dólares, comenzó en enero de 2000, cuando Rogelio Montemayor fungía como director general de Pemex. En el arreglo, según documentos a los que este diario tuvo acceso, participó, entre otros funcionarios federales, el ex titular de la Secodam, Arsenio Farell Cubillas.

Se acordó -pese a que Pemex era la empresa afectada por el incumplimiento del contrato- que la paraestatal debía pagar 127 millones de dólares a Proesa, con la garantía de que los hermanos Miguel Afif se desistirían de la demanda.

Asimismo, se hizo público que en este nuevo caso de corrupción, de acuerdo con las investigaciones administrativas, estarían involucrados Juan José Domene Berlanga, Carlos Juaristi Septién y Alberto Gheno Ortiz, ex funcionarios de la paraestatal -también relacionados en el llamado Pemexgate-, así como el ex director de Pemex-Refinación, Jaime Mario Willars Andrade; el ex director de la unidad jurídica, Luis Ricardo Bouchot Guerrero, e incluso el actual director de Pemex-Refinación, Armando Leal Santana.

El Pemexgate

Por su parte, el ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, aseguró en un comunicado de prensa que la juez estadunidense Nancy Atlas, quien no ha ejecutado la petición de detención provisional con fines de extradición, notificó a la defensa del ex funcionario que su "solicitud para someterse voluntariamente a un juicio de extradición debe esperar hasta en tanto el gobierno de México presente la solicitud formal de extradición".

Esto es, Montemayor permanecerá libre, pese a que enfrenta una orden de aprehensión en México por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público en perjuicio de Pemex, al haber otorgado, según las autoridades mexicanas, de manera ilícita, mil 100 millones de pesos al STPRM.

En el comunicado, el ex director de Pemex asegura que sólo aspira a un juicio imparcial para de "esa forma superar el clima de linchamiento" que, según él, se ha generado en su contra y contra sus ex colaboradores "por la indebida intervención del Presidente de México en este asunto".

Las demandas de la Secodam

Fuentes Rubio aseguró que las demandas de la Contraloría, en el caso Pemex y por desvíos de recursos en la Policía Federal Preventiva durante la gestión de Wilfrido Robledo Madrid, han estado formuladas con pruebas sólidas y documentadas.

Resaltó que en el caso de la PFP, en el que aún existe una averiguación previa en la Procuraduría General de la República contra el actual director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, la defensa del ex comisionado Robledo Madrid ha interpuesto más de 105 recursos para tratar de desacreditar las acusaciones; sin embargo, únicamente 48 están pendientes de desahogarse. El resto, casi en su totalidad, han sido favorables a los señalamientos de la Secodam.