Mientras el país experimenta fuertes presiones y limitaciones originadas por la crisis financiera global y por los complejos problemas estructurales y coyunturales que enfrenta la economía nacional, la banca mexicana reportó, en el primer semestre del año, utilidades por 10 mil 728 millones de pesos, es decir, 8.1 por ciento más que en el mismo periodo de 2001.

En situaciones de prosperidad económica, tal nivel de beneficios constituiría un indicador auspicioso del crecimiento general del país; sin embargo, las ganancias de las entidades bancarias provienen sustancialmente -al margen de la rentabilidad, todavía reducida, propia de su actividades- de las millonarias transferencias que el gobierno federal les ha canalizado por concepto de intereses sobre los pagarés del Fobaproa. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los bancos recibieron del IPAB, entre enero y mayo pasados, 14 mil 246 millones de pesos. En pocas palabras, la banca mexicana vive prácticamente a expensas de los contribuyentes y consume recursos que deberían ser destinados a incrementar la infraestructura nacional y el bienestar social de los mexicanos.

Por añadidura, los resultados favorables de la banca no han tenido un correlato en el incremento del crédito a las actividades productivas. Por el contrario, en el primer semestre de 2002, los bancos han destinado al desarrollo económico nacional recursos mucho menores que en el mismo periodo del año pasado: 11.9 por ciento menos en el ámbito del financiamiento total al sector privado, 15.4 por ciento menos al crédito para vivienda y 17.9 por ciento menos al apoyo de la actividad empresarial. En conjunto, los datos indican claramente que las entidades bancarias mexicanas, la mayoría de ellas en manos extranjeras, han dado la espalda al país mientras llenan sus arcas con fondos fiscales.

En este contexto, la negativa de Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte y Bital a someterse a las auditorías que establece la ley del IPAB para mantener la entrega de recursos por concepto de intereses del Fobaproa resulta escandalosa. Dado que tales indagaciones pretenden identificar créditos irregulares que deberían ser pagados por los banqueros y no por los ciudadanos, la resistencia de estas entidades bancarias a ser investigadas a fondo constituye un nuevo abuso contra la nación. No conformes con los inmensos beneficios que les reporta el ilegal rescate bancario, los bancos pretenden seguir lucrando del erario público sin apostar equitativamente por el desarrollo nacional y manteniendo en la oscuridad sus pasivos fraudulentos.

Ante tales circunstancias, es claro que el país no puede permitirse mantener un esquema de saneamiento bancario que desangra los recursos nacionales y sólo beneficia a unos cuantos privilegiados. ¿Por qué los mexicanos deben seguir padeciendo insuficiencias en materia de alimentación, educación, salud, vivienda y servicios públicos mientras el IPAB engorda a los bancos con miles de millones de pesos?

Mientras perduren tales desequilibrios, ningún gobierno de México podrá demostrar suficientemente y más allá de los discursos su compromiso con la democracia, la justicia y el desarrollo nacional.