Comisión parlamentaria prepara informe sobre el caso

Acusan a golpistas de buscar imponer un régimen autocrático en Venezuela

AFP Y DPA

Caracas, 26 de julio. El 12 de abril se produjo en Venezuela un "golpe cívico-militar" que pretendía instaurar un régimen autocrático, en cuyos actos previos participaron sectores opositores civiles que aprovecharon una marcha de protesta y una huelga general obrera y empresarial para impulsar sus planes, expresó la comisión parlamentaria que ha estado investigando los hechos.

En un proyecto de informe, la instancia, dominada por el oficialismo, responsabiliza a los líderes opositores por los hechos cruentos, en el contexto de sus planes de "conspiración", que los llevaron a desviar la marcha de protesta, lo cual derivaría en los trágicos sucesos que dejaron 18 muertos y numerosos heridos.

El presidente de la comisión especial, el legislador Tarek William Saab, leyó extractos del documento, en el cual se asienta: "la estrategia militar contó con un grupo de francotiradores que inició un ataque con armas cortas y largas contra los seguidores del presidente Hugo Chávez, produciendo víctimas fatales y heridos".

Según esto, la presunta agresión de los francotiradores "fue respondida por activistas y simpatizantes de Chávez, en su mayoría con palos, piedras y otros objetos, y por personas con armas de fuego que están siendo hoy sometidas a juicio".

Se hace énfasis en que otra parte de la responsabilidad es de unos 40 efectivos de la policía al mando del alcalde opositor Alfredo Peña, quienes dispararon contra la concentración de los seguidores del gobierno y "cometieron la mayoría de los homicidios".

El texto recuerda que la manifestación fue autorizada sólo en una zona del este de la ciudad, pero sus dirigentes la desviaron hacia la sede presidencial. Así, "la marcha estuvo militarmente dirigida por los entonces retirados contralmirante Carlos Molina Tamayo y el general Guaicaipuro Lameda", quien era entonces presidente del ente petrolero PDVSA.

Del mismo modo se responsabiliza del desvío de la marcha al líder golpista Pedro Carmona, ex presidente del sector empresarial, y al dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega.

El informe, que se contrapone a uno de la oposición, aún debe ser discutido el próximo miércoles por la misma comisión investigadora del Congreso. Se trata de un documento basado en 30 interrogatorios efectuados a los protagonistas de los sucesos de abril, de 200 páginas y numerosos anexos.

El Tribunal Supremo de Justicia presentó una ponencia para decidir la próxima semana si ordena el enjuiciamiento de cuatro jefes militares acusados de participar en el golpe de Estado contra Chávez, cuyo proyecto de sentencia fue refutado por la defensa. Esta basa su alegato en negar que los acusados hayan cometido rebelión, al sostener que sólo "desobedecieron una orden inconstitucional" de Chávez para "reprimir militarmente una manifestación pacífica".

Lo cierto, sin embargo, es que esos militares se hicieron a un lado y permitieron que se desataran los enfrentamientos entre simpatizantes y opositores al gobierno, con los cruentos resultados ya conocidos. Después apoyaron a Carmona.