De prosperar el proyecto del nuevo aeropuerto desaparecería 80% de su territorio

En San Salvador, mil 78 de las 5 mil hectáreas expropiadas

La actitud combativa de los ejidatarios del municipio de Atenco y la lucha que sostienen desde hace nueve meses contra la construcción del aeropuerto en tierrras mexiquenses se explica, en mucho, porque son los más afectados por el proyecto, ya que 70 por ciento de las 5 mil 383 hectáreas expropiadas están ubicadas en su territorio.

El 25 por ciento restante corresponde al municipio de Texcoco, y únicamente 5 por ciento al de Chimalhuacán.

La afectación es aún mayor en el caso específico de los ejidatarios de San Salvador Atenco, porque 80 por ciento de su territorio sería expropiado, lo que significa que desaparecerían por completo como comunidad. De ahí su negativa rotunda al proyecto de la terminal aérea, misma que han expresado a través de la vía jurídica y la movilización social.

De acuerdo con los 19 decretos de expropiación de las secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) -que sustentan el proyecto del aeropuerto-, el municipio de Atenco aportaría 3 mil 737 hectáreas, Texcoco mil 335 y Chimalhuacán poco más de 311.

Los ejidatarios de San Salvador Atenco son factor esencial en la negociación con el gobierno federal, ya que sin las mil 78 hectáreas que se pretende expropiarles no es posible edificar las nuevas instalaciones aeroportuarias en esa zona del estado de México.

De los 13 núcleos ejidales incluidos en los decretos expropiatorios, los que tienen mayor afectación son Santa Isabel Ixtapan, San Salvador Atenco y Nexquipayac, del municipio de Atenco, pues aportarían 23.26, 20.03 y 16.50 por ciento de terreno, respectivamente, en relación con el total de la superficie en que se pretende levantar el aeropuerto.

Por lo que se refiere a los ejidos del municipio de Texcoco, el que sufre la mayor afectación es el de Tocuila, ya que su superficie abarca 600 hectáreas, que son casi la mitad de su territorio -44.94 por ciento- y el 11.15 por ciento del total de terreno incluido en la expropiación.

Los otros ejidos del municipio de Texcoco aportarían mucho menos. Es el caso de Santiago Cuautlalpan, al que únicamente se le expropiarían 133 hectáreas, o Huexotla, con 91 hectáreas, equivalentes a 2.47 y 1.69 por ciento en relación con el total enajenado. Ello contrasta con las mil 252 hectáreas de terreno de Santa Isabel Ixtapan, las mil 78 de San Salvador Atenco y las 888 de Nexquipayac.

En cuanto al aspecto jurídico del conflicto, los propietarios de 52 por ciento del total de la tierra expropiada, entre ellos los ejidatarios de San Salvador Atenco, obtuvieron la suspensión provisional de amparo. Es decir, el gobierno no puede disponer de sus tierras hasta que el Poder Judicial resuelva en torno a la constitucionalidad del decreto expropiatorio, lo que podría llevar, según cálculos conservadores, unos seis meses.

Los otros ejidos que tienen ya la suspensión del pleno en torno a su solicitud de amparo son Nexquipayac, Tocuila, Santiago Cuautlalpan y Huexotla. Los seis amparos restantes están aún por resolverse.

Además de los amparos interpuestos por los ejidatarios, se presentaron también controversias constitucionales -una de ellas a cargo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, que se ventilan en la Suprema Corte de Justicia.