Apremia la comisión civil al gobierno foxista a resolver el problema de la injusticia

Programas antipobreza en Chiapas, estrategia contrainsurgente: observadores internacionales

Agravan enfrentamientos los planes de certificación agraria y el Puebla-Panamá

VICTOR BALLINAS

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que estuvo de visita del 16 de febrero al 3 de marzo de este año en nuestro país, sostiene que la persistente negativa del gobierno del presidente Vicente Fox a cumplir "las tres señales" que demanda al EZLN para la reanudación del diálogo "está mostrando la verdadera política que emana desde el poder en cuanto a buscar una solución negociada al conflicto".

Al hacer público ayer el informe de su tercera visita a Chiapas, la CCIODH resalta que las reformas constitucionales en materia indígena, aprobadas el año pasado por el Congreso de la Unión, no cumplen las demandas de los pueblos indios, pues no se ve reflejada la esencia de los acuerdos de San Andrés, al no reconocer a las comunidades como entidades de derecho público. Tampoco acepta el derecho de los pueblos a ser sujetos de ley, ni como depositarios políticos de los derechos a la libre determinación y autonomía.

Los observadores internacionales destacan en su Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos que "uno de los temas más importantes que México tiene pendientes de atender y resolver es el de la justicia, pues hay elevada impunidad y poca credibilidad".

Hacen notar que los programas de desarrollo enfocados a la lucha contra la pobreza son considerados en muchas ocasiones discriminatorios, ya que no consideran un crecimiento integral de la comunidad, además de que los criterios de selección de los beneficiarios no están claramente definidos y por eso son percibidos como una forma de proselitismo electoral.

La aplicación de los planes de desarrollo en una situación de suspensión del diálogo y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, señalan los observadores, provocan que éstos se conviertan en una nueva forma de contrainsurgencia menos llamativa y violenta que en etapas anteriores, pero de gran efectividad en cuanto a provocar divisiones en las comunidades.

Añaden que el hecho de que el gobierno pretenda ignorar que las comunidades están en resistencia por el incumplimiento de las tres condiciones para el reinicio del diálogo, y actúe como si el problema fuera sólo económico y no sociopolítico, está agravando las condiciones de las comunidades y facilita la destrucción del ya de por sí frágil tejido social.

Otros motivos que generan división

En entrevistas con campesinos, los integrantes de la CCIODH conocieron que el rezago histórico en la titulación agraria, en comparación con el resto del país, ha sido factor de enfrentamientos e incluso desplazamientos de los indígenas, y que estos procesos individuales, auspiciados por el Programa de Certificación de Derechos (Procede), "no contribuyen a la seguridad en la posesión de tierra, sino que generan más divisiones".

Además, en el marco del Plan Puebla-Panamá (PPP), las tierras de los indígenas se convierten en el blanco de grandes intereses económicos, por sus riquezas naturales y su biodiversidad, así como por la disponibilidad de mano de obra barata. En ese contexto, agrega el informe, las comunidades se sienten desprotegidas frente al PPP, lo cual genera inquietud e inconformidad, toda vez que los indígenas no cuentan con los instrumentos de control de los recursos, territorios y formas jurídicas de ejercicio de la autonomía.

Insisten los observadores internacionales en que el gobierno no ha contenido a los grupos paramilitares como Paz y Justicia -cuyos dirigentes, que se encontraban presos, han sido liberados inexplicablemente- y que "éstos siguen generando múltiples conflictos, cerrando caminos, aplicando una política de terror, asesinatos y agresiones constantes contra las comunidades zapatistas, apoyados como siempre por las viejas estructuras municipal y comunal priístas, y gozando de la complicidad, por omisión y comisión, del Ejército Mexicano y de los cuerpos de seguridad de diversas dependencias gubernamentales".

En su informe, la CCIODH hace 11 recomendaciones al gobierno del presidente Fox: "cumplimiento cabal e íntegro de las señales demandadas por el EZLN para reanudar el diálogo; poner fin a la militarización en Chiapas; desarme de todos los grupos paramilitares y presentación ante la justicia de los responsables, tanto materiales como intelectuales, de delitos cometidos; asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la impunidad; garantizar el retorno de los desplazados a sus comunidades de origen, con la devolución íntegra de sus pertenencias y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos".

Otras recomendaciones son: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva con responsabilidad para dar marcha atrás a la reforma constitucional en materia indígena y que la Cocopa defienda ante ese poder su iniciativa, y que los programas o apoyos productivos no sean utilizados para crear divisiones entre organizaciones sociales o como medida contrainsurgente.