Se estima que el grupo PAC participó en 20 por ciento de las matanzas de indígenas
La reaparición de paramilitares en Guatemala, "duro puntapié" a los acuerdos de paz
Su exigencia de indemnización a milicianos, rechazada por ONG "en todos los tonos"
BLANCHE PETRICH
Cruzando la frontera sur de México, en el Petén guatemalteco, el grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) realizó a principios de mes una importante demostración de fuerza para presionar al Congreso de su país y lograr la aprobación de una ley que "indemnice" a sus milicianos como víctimas de guerra: cerca de 25 mil hombres en armas cerraron carreteras, "tomaron" el aeropuerto Santa Elena, próximo a Tikal, y bloquearon a centenares de turistas.
Cuando los acuerdos de paz fueron firmados en diciembre de 1996 en el vecino país, las PAC quedaron oficialmente disueltas. En 1992, la ONU había recomendado la "inmediata abolición" de estas fuerzas a las que caracterizó como "un elemento institucionalizado de incontrolable violencia". Para la insurgencia y las organizaciones sociales este había sido un reclamo medular. Cuando las víctimas de la guerra pusieron en cifras el horror de la guerra, en el informe Memoria del silencio, se determinó que en cerca de 20 por ciento de las matanzas cometidas en zonas indígenas participaron las PAC.
En el momento de la desmovilización 270 mil hombres, reclutados por el ejército como auxiliares en los capítulos más sangrientos de la guerra, entregaron su pesado armamento. Se llegó a calcular que durante las fases más cruentas de las operaciones militares contrainsurgentes las PAC estaban conformadas por entre 500 mil y hasta un millón de patrulleros.
Hoy han vuelto a la escena pública.
Riesgo para México: éxodo, exilio, refugio
Morris Tidball, director de la oficina para defensores de Servicios Internacionales para los Derechos Humanos, con sede en Suiza, advierte sobre lo que esta reorganización de las PAC puede significar para la región y en particular para la zona fronteriza de México.
"En primer término, hay gran preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con comunidades indígenas en las zonas donde es fuerte la presencia de estos paramilitares. Para ellos las PAC representan una amenaza. Otro efecto puede ser el freno a los programas de asistencia para el desarrollo. La comunidad internacional ha reaccionado fuertemente en contra del resurgimiento de este cuerpo. En un panorama así, no es impensable que en el futuro México se encuentre nuevamente ante un escenario de éxodo, exilio, refugio y migración económica."
La reaparición de las PAC significa un duro puntapié para el frágil entramado que aún sostiene los acuerdos de paz de 1996. Pero la presencia y acción de los paramilitares no es un fenómeno nuevo en la política local. Los analistas ubican a las PAC como la base social rural del oficial Frente Republicano Guatemalteco y en particular del hombre fuerte de esta agrupación de ultraderecha, el senador y general Efraín Ríos Montt. En las elecciones presidenciales de 1998 el voto rural fue determinante para que Alfonso Portillo, ex guerrillero reclutado a las filas políticas del riosmontismo llegara a la presidencial. Pero no un voto rural cualquiera, sino el de la organización indígena que en años de la guerra fue estructurada bajo el rígido paraguas de la institución armada.
El presidente electo pagó esa factura dejando que el general genocida, que además es su suegro, presidiera el Congreso. Desde su escaño, Ríos Montt ha podido engrosar y fortalecer a su base social. Así se explica el resurgimiento, en pleno vigor, de una fuerza paramilitar que debió haber desaparecido hace un lustro.
Ante las protestas de las organizaciones sociales locales y el escándalo de organismos internacionales, este miércoles el congreso, dominado por los legisladores riosmontistas, deberá aprobar una ley llamada Fondo para la paz y reconciliación, que prevé el pago de cerca de 2 mil dólares por cabeza a cada ex patrullero en "compensación" por reclutación forzosa en los años de la guerra.
Clientelismo electoral inocultable
Como telón de fondo, las próximas elecciones generales están cerca. Las motivaciones clientelares de la ilegal indemnización es inocultable.
En los momentos más críticos de la guerra en Guatemala, a inicios de los años 80, el ejército creó una estructura paramilitar de control en todas las comunidades de las zonas en conflicto. Todos los varones de cada aldea, incluso menores de edad, eran obligados a servir a las Patrullas de Autodefensa Civil: como guías, informantes y delatores, como unidades de avanzada en las incursiones de los sanguinarios kaibiles y con frecuencia para suplantar a las autoridades civiles.
Cuando un patrullero acumulaba méritos, podía actuar al lado del ejército e incluso en forma independiente para realizar el trabajo sucio: asesinar, torturar, destruir, violar. No hay registros precisos de cuántos campesinos llegaron a servir a las PAC, pero se estima que pudieron ser 500 mil. Quizás un millón.
Pronto las PAC fueron objeto de duras condenas en cada monitoreo de derechos humanos que se hacía sobre Guatemala. El ejército, responsable directo del reclutamiento de estos paramilitares, organizó esta
estructura en cada aldea en las zonas de conflicto como forma de control físico y sicológico. Cada varón, apenas llegado a la adolescencia, era sometido a un intenso proceso de endoctrinamiento anticomunista. Las represalias fueron tan drásticas que hubo pocas experiencias de resistencia a ese reclutamiento masivo. Uno de estos casos excepcionales fue la comunidad Cantel, pueblo quiché en Quetzaltenango que albergaba una fábrica de textiles y poseía una larga tradición de organización laboral. En castigo, las fuerzas del gobierno sistemáticamente eliminaron a muchos de los líderes de la comunidad. Otro caso, aún más atroz, ocurrió en la ranchería Dos Erres, en Petén. Sus hombres no quisieron incorporarse a las PAC. En diciembre de 1982 la comunidad entera fue borrada del mapa por tropas del Ejército, que mataron a más de 300 habitantes de la comunidad, entre mujeres, hombres y niños.
Por supuesto, para estas víctimas nadie ha pedido indemnización.
México debe oponerse con todo: Tidball
La reacción nacional e internacional en contra de la iniciativa de compensación a las PAC, que pone en evidencia el reagrupamiento de un cuerpo ilegal, ha sido unánime. Bajo el paraguas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Unidad Campesina, Conavigua, el comité de viudas, el Gam, los Familiares de Detenidos y Desaparecidos han protestado en todos los tonos.
La Unidad para Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en su primera visita in loco en Guatemala, expresó su preocupación por la reorganización de los paramilitares e hizo un llamado a todas las fuerzas sociales para revertir esta situación. En el mismo sentido, la Unión Europea hizo un pronunciamiento criticando la atención especial que el gobierno guatemalteco brinda a estos patrulleros. Organos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo han dado seguimiento a este tema y tanto en la UE como en estos órganos se discute la posibilidad de imponer restricciones a la asistencia para el desarrollo en caso de que se decida beneficiar de esa forma a los paramilitares.
Morris Tidball-Binz, por su parte, advierte que el afianzamiento del poder por parte de estos grupos paramilitares en el marco del deterioro de la situación guatemalteca puede conducir a una crisis de consecuencias extrafronterizas.
Recomienda que el gobierno México, en el contexto de sus propios intereses nacionales, asuma una posición de monitoreo y franca condena a esta iniciativa, apoyando la posición trazada por la Unidad para defensores de Derechos Humanos. Junto con Argentina y Estados Unidos, México forma parte del grupo de tres americanos entre los 18 que integran este órgano.
La presión contra las PAC, agrega Tidball, tendría que pasar por tres niveles: en el contexto de la Carta Democrática de la OEA, en el ámbito regional los gobiernos centroamericanos y a nivel bilateral México-Guatemala, por lo que representa de riesgo en su frontera sur.
